El tamaño de la lengua

Ramiro J. García Falconí *
@RamiroGarciaF
ramiro_garcia70@yahoo.com


1 de febrero, 2016
En los últimos tiempos, especialmente desde el mes de octubre, hemos visto cómo el Gobierno se debate entre la necesidad y la desesperación. Los intentos de calmar el ambiente y las continuas apariciones de Correa enfatizando en que no pasa nada y que no existe crisis, no han sido suficientes para brindar al país forma alguna de seguridad y tranquilidad.

El problema es que la crisis ya no afecta solo a sectores productivos, sino a la totalidad de la población. La debacle en el sector automotriz, por ejemplo, ya no es un problema contable y financiero que el dueño del patio de autos debe resolver, sino también del empleado que tras varios años de laborar ahí, acaba de quedarse sin trabajo. Un amigo, dueño de uno de los restaurantes más importantes de la capital, me contaba casi con lágrimas en los ojos, cómo ha debido despedir a la mitad de sus trabajadores por el marcado descenso en sus ventas. Cada uno de los despedidos trabajaba al menos quince años en dicho local y eran considerados como parte de la familia. A estas personas, el “tenemos carreteras” o “la inversión eres tú” ya no les es creíble. Por básicos que fueren sus conocimientos de economía, saben que tuvimos varios años de ingresos inéditos en la historia del país y que el derroche y la corrupción fueron más que evidentes. Ahí están Ciudad Alfaro, el edificio de Unasur o Yachay, como recordatorios permanentes del poco criterio y la prodigalidad con que se manejaron los fondos públicos. Mientras los promotores del proyecto universitario insignia del poder ganan miles de dólares sin siquiera estar físicamente presentes, la Universidad Central no renueva a cientos de sus empleados sus contratos de trabajo por falta de recursos. Esa es la realidad que no puede ser tapada por una propaganda oficial que además de atosigante, resulta insulsa y vacía. Ya no es posible engañar a la ama de casa que cada vez puede comprar menos para su familia y que día a día debe hacer malabares para “parar la olla”. Igual de difícil resulta convencer a un enfermo que el sistema de salud es óptimo, cuando pide una cita al IESS y se la programan para dentro de tres años.

El Gobierno sabe que su palabra, imagen y aceptación se han devaluado y no se le ha ocurrido siquiera hacer un ejercicio de aceptación, reconocimiento y retroalimentación. Todo lo contrario, fiel a su estilo y convencido de sus supuestas potencialidades, ha decidido mostrarse más agresivo que nunca. Culpa de todos sus males a la prensa, esos espacios ‘infames’ de comunicación y opinión, que día a día publican análisis sobre la situación económica del país y que nos demuestran con números y conceptos que estamos fritos. Esos ‘metiches’ que se enteran de casi todo y nos informan del manejo irregular de fondos públicos, del dispendio de los mismos o de otros incómodos detalles como los contratos de los parientes del poder o la forma en que obtuvieron sus títulos académicos. Para quienes gobiernan, lo deleznable no son las pillerías que se cometen, sino que se denuncien las mismas. “Dígannos cuáles son los nuevos ricos y denuncien formalmente los casos de malos manejos” nos dijo Correa en una sabatina. Eso es exactamente lo que hizo un grupo de distinguidos ciudadanos, agrupados en la denominada Comisión Nacional Anticorrupción y ahora deben enfrentar una querella por calumnia, propuesta por un ministro del régimen.

Pero la estrategia de gobierno no se queda en los ataques a la prensa, ahora va por más. Quiere silenciar a las instituciones que no se han mostrado sumisas y obedientes, como a él le gustan. Sus favoritas son aquellas cuyos representantes posan sonrientes a la foto y llenan sus bocas de alabanzas, aun cuando esto implique dar la espalda a las reivindicaciones de los grupos que representan. Causa hasta risa ver, por ejemplo, a los directivos de la federación GLBT agradecer por los cambios realizados en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, cuando estos son claramente discriminatorios para quienes dicen representar. Igual de ridículo es escuchar a los dirigentes de la Central Única de Trabajadores o de la Red de Maestros formada por el Gobierno, ensalzar a quienes han despedido empleados por miles o mantienen en suspenso la jubilación docente. Estas organizaciones, al igual que la federación GLBTI gobiernista, no representan a nadie, pero satisfacen los estándares de un poder para quienes el adulo, el esbirrismo y la lambonería son fundamentales. Los ataques a la Universidad Andina Simón Bolívar, cuyo rector, César Montaño, en el delirante criterio del gobierno, satisface los requisitos internacionales para el ejercicio del cargo, pero no los nacionales, o al Colegio de Abogados de Pichincha, son un claro ejemplo de que lo importante en este esquema, no es la profundidad de las ideas o el peso de los argumentos, sino el tamaño de la lengua que les lame. (O)

Dígannos cuáles son los nuevos ricos y denuncien formalmente los casos de malos manejos” nos dijo Correa en una sabatina. Eso es exactamente lo que hizo un grupo de distinguidos ciudadanos, agrupados en la denominada Comisión Nacional Anticorrupción y ahora deben enfrentar una querella por calumnia, propuesta por un ministro del régimen.