Caso Sinohydro iniciará un nuevo proceso en la investigación
La CNJ convoca audiencia para 25 acusados en caso Sinohydro, incluido Lenín Moreno, por presunto cohecho en Coca Codo Sinclair.
15 de septiembre de 2024 - 23:00
Audiencia del caso Sinohydro para revisión de medidas el pasado 1 de agosto de 2024. • Foto: X Fiscalía
El conjuez Manuel Cabrera, de la Corte Nacional de Justicia, ha convocado a una nueva audiencia en el caso Sinohydro. Este proceso será el 16 de septiembre y está dirigida a 25 acusados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y varios de sus familiares. La audiencia tiene como objetivo evaluar el caso y preparar el juicio por el delito de cohecho.
La investigación sobre este caso comenzó en marzo de 2019. Inicialmente, se procesó a 37 personas, pero luego se sumaron tres más. Entre los involucrados figuran Conto Patiño, cercano a Moreno, y el exembajador chino Cai Runguo. Este caso está relacionado con la contratación de la empresa Sinohydro para la construcción de Coca Codo Sinclair, un proyecto financiado por más de 2 000 millones de dólares.
Contexto del caso Sinohydro
El 19 de febrero de 2019, los periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio presentaron la investigación El Laberinto Offshore del círculo presidencial. En este reportaje, se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation, constituida en Belice en 2012 por Edwin Moreno, hermano del mandatario.
Según el informe, la empresa fue usada para adquirir bienes como muebles y propiedades en el extranjero, lo que generó interés en la opinión pública.
Poco después de la publicación, apareció un portal anónimo que aseguraba que “Ina” era un acrónimo formado por las últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: Karina, Cristina e Irina. El caso ganó notoriedad, y la Asamblea Nacional empezó a considerar una investigación sobre los supuestos vínculos del presidente con empresas offshore.
Declaraciones y reacciones en la Asamblea Nacional
El 26 de febrero de 2019, Lenín Moreno se pronunció en cadena nacional, negando poseer propiedades fuera de Ecuador y asegurando que no tenía participación en empresas offshore. No obstante, el 7 de marzo, el legislador Ronny Aleaga intentó sin éxito que el caso se debatiera en el pleno de la Asamblea Nacional. Durante la misma sesión, se filtró un audio que involucraba a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en conversaciones sobre el manejo de la votación.
Finalmente, el 26 de marzo de 2019, la Asamblea decidió que la Comisión de Fiscalización se encargara de investigar el caso. El proceso continuó su curso con la creación de una comisión multipartidista que, entre otras acciones, remitió el informe sobre el caso a la Fiscalía y a otras autoridades pertinentes.
Avance de la investigación y formulación de cargos
En 2021, la Fiscalía General del Estado anunció avances importantes en la investigación, luego de recibir información desde Panamá a través de asistencia penal internacional. La indagación se extendió más allá de lo inicialmente revelado en los Ina Papers, lo que llevó a que en febrero de 2023 se formularan cargos por presunto cohecho contra Lenín Moreno, su familia y otras 31 personas.
La audiencia de formulación de cargos tuvo lugar el 3 de marzo de 2023, y la Fiscalía solicitó medidas cautelares, incluida la prisión preventiva para algunos de los involucrados. Sin embargo, el juez del caso dictó arresto domiciliario para aquellos mayores de 65 años, incluidos Moreno y su esposa, y ordenó la presentación periódica ante las autoridades.
Desarrollo del proceso judicial y medidas cautelares
El 5 de marzo de 2023, el juez Adrián Rojas dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para la mayoría de los procesados en el caso. Lenín Moreno, Judith G. y Xavier M. fueron obligados a presentarse cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. El resto de los procesados, un total de 37 personas, debían cumplir con la presentación cada ocho días.
Además, se les impuso la prohibición de salir del país y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, con la excepción de Wu Y., para quien se ordenó prisión preventiva.
Posteriormente, el 22 de marzo de 2023, en una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por diez de los procesados, el juez Mauricio Espinosa negó la petición de ocho de ellos. Entre los que se encontraban Lenín Moreno, su esposa Rocío G. y su hija Irina M.
El magistrado señaló que para que las medidas pudieran ser revisadas, debían cumplirse ciertos requisitos legales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Nuevas decisiones judiciales y ampliación de la investigación
El 6 de junio de 2023, el juez Espinosa rechazó la solicitud de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra varios procesados. En el caso de Lenín Moreno y Rocío G., se dispuso que se presentaran dentro de los primeros diez días de cada mes en la sede diplomática del Ecuador en Asunción, Paraguay. Además, debían acudir cada cuatro meses ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Más tarde, el 14 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado vinculó a tres personas más a la investigación. El juez Espinosa ordenó medidas cautelares adicionales, incluyendo la prohibición de enajenar bienes inmuebles y la inmovilización de valores para las nuevas involucradas.
Solicitudes de revisión de medidas en 2024
El 1 de agosto de 2024, los procesados Conto P. y Guillermo M. solicitaron la revisión de sus medidas cautelares en el marco del caso de presunto cohecho.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2024, tras analizar los argumentos presentados durante la audiencia, el juez Cabrera acogió la solicitud del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga. Declaró improcedentes los recursos de revisión de medidas cautelares solicitados por los dos procesados. Las medidas cautelares se mantuvieron, y el proceso judicial siguió avanzando con las mismas restricciones para los involucrados.
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