1. Los hechos:
La semana del 26 de agosto al 01 de septiembre estuvo marcada por la campaña activada desde troll centers y de opositores al gobierno de Noboa, luego de la difusión del video del portal la plataforma La Posta, enfilado a incriminar a la fiscal general y a otras instituciones públicas y privadas en el caso denominado León de Troya y la mafia albanesa.
El contexto de la campaña está definido nítidamente por los siguientes factores: a) la necesidad de que el correísmo mine la gestión de la fiscal general del Estado, para lograr que el Legislativo la censure, con la consecuente impunidad e invalidación de procesos penales que involucran a personajes de esa agrupación política, y su retorno al país; b) simultáneamente, el control de ciertas entidades claves para facilitar ese objetivo; y c), la campaña electoral del 2025, de cuyos resultados dependerá la reconfiguración del tablero político, las negociaciones de los grupos de presión y la consolidación o no de sus intereses en el reparto, así como la gobernabilidad anclada a los condicionamientos del FMI, que resultarán en la precarización social, nuevos ajustes económicos y reformas que probablemente desaten la movilización social a mediano plazo.
De su lado, el 23 de agosto, la fiscal general Diana Salazar defendió el manejo del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, subrayando que las investigaciones continúan de manera rigurosa y reservada. A poco más de un año del asesinato, ocurrido el 9 de agosto del 2023, se juzgó y sentenció a los cinco autores materiales sobrevivientes del crimen, con las máximas condenas, sin embargo, los autores intelectuales continúan en la impunidad debido a las investigaciones reservadas que estaría llevando la fiscalía.
I. Tarde o temprano tendrán que hacerse cargo
El magnicidio de Fernando Villavicencio está conectado con la política, y aquella, con la influencia del crimen organizado en todas las esferas de la administración del Estado y con la corrupción del sector privado. La fiscal lo ha sustentado con evidencias obtenidas en diversos operativos profusamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales, en medio de una guerra comunicacional entre quienes la apoyan y los que desean defenestrarla.
Estamos en un país en el cual ya es casi imposible conocer a ciencia cierta, el número de víctimas de la violencia criminal. Las cifras que muestra el actual gobierno se miran reserva, desde varias esferas.
En el año 2022 Ecuador cerró su registro de violencia criminal con 4.603 muertes. En el 2023, y según datos de la Policía Nacional, se registraron 7.592 muertes; al cierre de ese año, 6 de cada 10 muertes en Quito eran causadas por esa razón; prácticamente cada 69 minutos una persona falleció en el contexto de la violencia desatada.
Entre los años 2022 y 2023 Ecuador ha enfrentado 92 agresiones contra la integridad y la vida de personas políticamente expuestas. debido a la creciente violencia relacionada con el crimen organizado. Entre las víctimas están alcaldes, candidatos a cargos públicos, y otros funcionarios.
Agustín Intriago, alcalde de Manta asesinado en julio del 2023. Foto: Redes Sociales
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que se basan en el Registro Estadístico de Homicidios Intencionales de la Dinased, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, hubo 2.225 muertes. Estas cifras no incluyen los recientes episodios de violencia en Manta y Machala.
¿Cuándo empezó todo esto?
La madrugada del sábado 27 de enero del 2018, San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas amaneció conmocionado por la explosión de un coche bomba que destruyó su cuartel de la Policía. El atentado dejó 14 policías heridos. Pocas semanas después, el 26 de marzo del mismo año 2018, en la mañana, tres trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados luego de llegar a Mataje, por criminales de la narco-guerrilla colombiana que delinquían en ambos países, comandados por alias “Guacho”, jefe del Frente Oliver Sinisterra. El 13 de abril de 2018 el presidente Moreno, en rueda de prensa informó al país que, por falta de pruebas que garanticen la vida de los periodistas, se confirmaba que los secuestrados fueron asesinados por sus captores.
Ese evento marcó el antes y el después en la vida de todos los ecuatorianos. El crimen organizado ligado al narcotráfico, fundamentalmente de cocaína, se había expuesto, aunque sus actividades y formación tenían años fraguándose hasta sembrarse y enraizarse en el Estado y la sociedad.
Quizá todo empezó en el año 2009, cuando el gobierno ecuatoriano cambió a un sistema de seguridad pública del Estado que reemplazó el sistema de Seguridad Nacional, que había durado cerca de 45-46 años y que fue creado durante la dictadura militar.
28 personas fueron vinculadas al proceso judicial por la explosión del coche bomba en la estación policial de San Lorenzo, el 27 de enero dle 2018. Entre ellos está alias 'Guacho'.
El nuevo sistema tomó tiempo en institucionalizarse y perfeccionarse de manera totalmente funcional a los dictámenes del expresidente Correa. Diversas entidades como el ministerio de Justicia, y algunas superintendencias se crearon para apalancar los edictos “revolucionarios”; muchas personas e instituciones sufrieron presión y persecución sistemática desde esa estructura institucionalizada. Los mandos militares y policiales fueron cambiados una y otra vez, y se desmanteló el sistema de inteligencia policial y militar. Raúl Patiño, fue el secretario nacional de Inteligencia en el gobierno de Correa y permaneció seis meses en el cargo, entre noviembre del 2011 y el 31 de mayo del 2012.
En aquellos años, el país vivía en una burbuja de calma chicha frente a la violencia en sus países vecinos, gigantes productores mundiales de cocaína acicateada por el crimen organizado y los cárteles de la droga. Las estadísticas oficiales, señalaban al Ecuador como uno de los países más seguros de la región.
Sin embargo, parecería que algo no cuadra. El académico guayaquileño Arduino Tomasi revisó las cifras de defunciones, día por día entre 2007 y 2017, del Registro Estadístico de Defunciones Generales del INEC, y la data de la investigación, publicada por el portal periodístico PLAN V el 22 de agosto de este año, es inquietante. Según recoge la publicación, la violencia estalló en el país desde 2017 y hasta el presente se registran 23.851 muertes violentas (con corte al 21 de agosto de 2024). “En ese periodo hubo 7.379 muertes de intención no determinada (MIND), es decir, no se conocen las causas exactas de aquellos homicidios. Y aún peor: en ese universo hay 2.396 decesos de los cuales no se sabe ni las causas ni las circunstancias. ¿Qué pasaba antes? ¿El gobierno de entonces maquilló cifras? ¿Por qué bajaron las tasas de homicidios intencionales y subieron las de muertes de intención no determinada?”
¿Cómo el Ecuador se convirtió en el más inseguro del continente y uno de los más violentos del mundo a causa de la incontenible criminalidad?
En el 2018 el ministerio de Justicia fue eliminado, todo el sistema desfigurado por la perversidad del correísmo se desmanteló, se disminuyó el presupuesto para el sector y durante dos años consecutivos prácticamente ni siquiera se ejecutó presupuestariamente lo asignado. Se dividió el sistema entre el ministerio del Interior y el ministerio de Gobierno; ninguno sirvió para evitar las dos huelgas nacionales del 2019 y del 2022 que pusieron en jaque y humillaron a los gobiernos de Moreno y Lasso.
El 14 de diciembre del 2018 se creó el sombrío SNAI (Servicio nacional de atención integral a personas privadas de la libertad y adolescentes infractores), foco de una inmanejable corrupción política e institucional, manejado por bandas criminales que operan desde las cárceles del país y se disputan el control de territorio nacional, para sus actividades ilícitas, como narcotráfico, secuestro, secuestro extorsivo, sicariato, entre otros. Los cruentos motines carcelarios que registran más de 600 reos asesinados, la mayoría de ellos, pertenecientes a las pandillas delictivas, se produce en tres gobiernos consecutivos (Moreno, Lasso y Noboa).
Oficinas centrales del SNAI, organismo de la presidencia de la República que administra y controla las prisiones del Ecuador y el régimen penitenciario, en medio de cuestionamientos a su getión. Foto: Redes sociales
Desde el 2009 hasta el 2024, cuatro gobiernos han tenido en sus manos la administración del Estado, el combate a la pobreza como la fundamental estrategia contra la delincuencia, y el enfrentamiento contra el crimen organizado.
El vehemente impulso del correísmo para enjuiciar políticamente a la fiscal general, Diana Salazar y censurarla en la Asamblea, así como el modo en que la Salazar gestiona los procesos a su cargo, con revelaciones que han escandalizado casa adentro y han golpeado severamente la imagen internacional del Ecuador, forman parte de este escabroso tinglado.
El país exige respuestas claras que señalen las responsabilidades de todos quienes, a su debido tiempo, tenían y tienen el deber de tomar decisiones para evitar que el imperio del crimen asiente sus reales en el país, y que la delincuencia política siga actuando impunemente bajo el manto de la legitimidad electoral.
Los actuales fuegos fatuos y la inacción anterior no hacen más que poner en evidencia a mafias enquistadas en todas las Funciones del Estado y sectores empresariales implicados por acción u omisión, en la configuración del narco estado que hoy es el Ecuador.
Algún día tendrán que hacerse cargo.
El reparto, el retorno, y el futuro; claves para una hoja de ruta
El “Viejo país” se asienta en el “Nuevo Ecuador”. Para ello hay una hoja de ruta que ya no puede disimular los entendimientos entre títeres, enanos y supuestos “enemigos”, que actúan encubiertos bajo los distractores publicitarios de cada semana, viralizados por redes sociales y subrayados por medios de comunicación que les hacen el juego.
El presidente Noboa designó a Fernando Yávar y Pablo Defina como sus delegados para renovar la Corte Constitucional del Ecuador, el 23 de agosto. Sus antecedentes, en particular los de Fernando Yávar, despertaron preocupación entre quienes recuerdan su participación en el gobierno de Rafael Correa.
Fernando Yávar, abogado de profesión, ejerció como fiscal de lo Penal en la provincia del Guayas entre 2005 y 2009. Tras dejar ese puesto, asumió la dirección provincial del Consejo de la Judicatura para Guayas y Galápagos entre 2009 y 2011, y luego sirvió como vocal de la Judicatura entre 2011 y 2013. También fue abogado de Raúl Patiño. Fernando Yávar tuvo un rol destacado en la controvertida sentencia emitida en 2011 por el juez Juan Paredes, conocido como "Chucky Seven", en el caso del expresidente Rafael Correa contra Diario El Universo. Paredes dictó una sentencia de 156 páginas en un tiempo récord, condenando al editor Emilio Palacio y a tres directivos del diario a penas de cárcel y al pago de una indemnización de USD 40 millones en favor de Correa.
Yávar fue clave en un período de emergencia judicial decretado por Correa, quien anunció su intención de "meter la mano en la Justicia". Junto con Tania Arias Manzano y Paulo Rodríguez, Yávar fue cuestionado por opositores al correísmo, quienes sostienen que fue uno de los principales actores en el intento de controlar el sistema judicial tras la consulta popular de 2011. También ejerció como abogado de Ricardo Patiño, sobre quien desde abril de 2019 pesaba una orden de prisión preventiva por presunta instigación. Patiño, exministro de Defensa de Correa, salió de Ecuador un día antes de que se emitiera la orden de prisión en su contra y se solicitara a la Interpol su captura. Patiño retornó al país hace pocas semanas, cuando prescribió el delito que se le imputó.
Pablo Defina Bucaram, el otro delegado del presidente Noboa para la renovación parcial de la CC, en cambio, ha trabajado como coordinador jurídico en la Empresa Nacional Minera (Enami EP).
Tanto él como Yávar asumieron cargos en la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) el 27 de agosto. Esta comisión calificadora debe estar integrada por seis miembros: dos designados por el Ejecutivo, dos por la Asamblea Nacional, y dos por la FTCS.
Tres jueces de la Corte Constitucional serán reemplazados por dicha comisión. El proceso implica la renovación por tercios de la Corte Constitucional, que cuenta con nueve magistrados, y debería terminar en febrero de 2025 con un sorteo entre los jueces que asumieron en 2019.
Previamente, el 10 de julio pasado, Mario Godoy fue designado presidente de la Judicatura por el Cpccs, tras anular elección de Dunia Martínez, en una polémica sesión; Yadira Saltos, consejera identificada con el correísmo, propuso la inclusión de un tema adicional al orden del día, y pidió la reconsideración de la votación con la que se designó a Dunia Martínez como presidenta del CJ. Varios medios de información e internautas señalaron una anterior relación del nuevo presidente del CJ, con el correísmo.
“Causa” o karma; igual, la casa gana…
En otra esfera de causalidades que son imprescindibles para contextualizar el escenario y la coyuntura actual, se encuentra la pugna del actual binomio presidencial.
El 8 de agosto, la vicepresidenta Abad ingresó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TC), por supuesta infracción electoral grave en contra del presidente DanielNoboa, la canciller, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres; y la asesora presidencial, Diana Jácome.
El 12 de agosto, los jueces electorales Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, se autoconvocaron para declarar la destitución, del magistrado Fernando Muñoz como presidente del TCE. Defendieron su actuación señalando que estaba amparada en el código administrativo de la institución, y argumentaron una supuesta mala administración de Muñoz, en la que mencionaron “…retrasos en algunos procesos, y falta de mantenimiento de los vehículos".
El defenestrado presidente denunció como ilegal esa autoconvocatoria, pues solo él tenía la facultad de citar estas sesiones. “De cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal", afirmó Muñoz.
El 13 de agosto, el sorteo para conocer la causa impulsada por Verónica Abad recayó en el mismo juez electoral, Fernando Muñoz, quien fue destituido de la presidencia del TCE, la víspera.
La asesora presidencial, Diana Jácome, presentó el 15 de agosto una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por violencia política contra Daniel Noboa.
El 23 de agosto, el juez Muñoz decidió admitir a trámite la denuncia de Abad y dispuso la citación de las personas implicadas. La audiencia única de prueba debía realizarse el próximo 12 de septiembre.
El 26 de agosto, la asesora presidencial, Diana Jácome, ingresó a través del correo electrónico y por recepción, documental de la Secretaría General del TCE, un escrito firmado electrónicamente por ella y su abogado patrocinador, mediante el cual recusan al juez Muñoz. La recusación implica la existencia o presunción de un conflicto de intereses entre el magistrado que juzga y el acusado.
También según informó el TCE, el presidente Noboa no pudo ser notificado. Esto provocó que el trámite en el TCE se frene indefinidamente. Finalmente, y para que nadie diga que “esa no la vio venir”: en julio pasado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó a trámite una denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en contra de Verónica Abad, acusándola de una presunta irregularidad durante las elecciones locales de 2023, en las que Abad aspiraba a la alcaldía de Cuenca. Si la vicepresidenta Abad no logra superar este proceso, quedaría inhabilitada para asumir la presidencia cuando Noboa solicite licencia para realizar su campaña de reelección.
En el caso de presidente Noboa, la destitución y pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, sería la sentencia que se los sancione si no logra establecer su inocencia en la denuncia en su contra interpuesta por la vicepresidenta Abad.
La mesa servida de las elecciones 2025
Los acercamientos y reuniones para generar alianzas entre las distintas fuerzas políticas, terminaron -como lo habíamos anticipado- en un fiasco estratégicamente dirigido a distraer a la opinión pública y posicionarse entre los electores, aprovechando los medios de comunicación y las redes sociales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió solo una inscripción de alianza nacional, hasta el cierre de las inscripciones, el 30 de agosto de 2024. Fue la de Revolución Ciudadana (RC) con Renovación Total (RETO).
Eso significa que los electores estarán obligados a elegir (o anular su voto) entre 16 binomios, en lugar de los 17 que aceptaron sus candidaturas; y ello, siempre y cuando alguna no se salga de la carpa.
La anunciada alianza entre Pachakutik y Centro Democrático finalmente no fue inscrita, tampoco se concretó la del Partido Social Cristiano con SUMA, ni la de media docena de organizaciones de izquierda.
Sin embargo, el CNE recibió 58 inscripciones provinciales, entre movimientos locales, movimientos nacionales y partidos políticos. De todas esas alianzas (nacionales y locales) siete fueron validadas y 52 están todavía en revisión.
La noche del 31 de agosto, el presidente ecuatoriano realizó cambios en su gabinete. Designó a José Jiménez Vásquez como nuevo ministro de Deportes, en reemplazo de Andrés Guschmer, quien aparentemente se perfila como asambleísta por el Distrito 2 de la provincia del Guayas, por Acción Democrática Nacional ADN.
La noche del 30 de agosto nombró a Inés Manzano, como nueva ministra del Ambiente, en reemplazo de Sade Fritschi, quien ocuparía el quinto lugar en la lista de candidatos de ADN a la Asamblea Nacional; al mismo tiempo, el mandatario encargó la secretaría de Turismo a Mateo Estrella en reemplazo de Niels Olsen, quien ocuparía el casillero número 2 en la misma papeleta.
La inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero, empieza el 13 de septiembre y cierra el 02 de octubre.
La mesa está tendida para la competencia electoral del 2025.
¿Qué debe esperar el país para el 2025?
Según una investigación del portal periodístico PLAN V, “de acuerdo con el Plan Maestro de Electrificación, el país espera que entren a operar la hidroeléctrica Alluriquín, el parque fotovoltaico El Aromo y el parque eólico Villonaco III. Pequeños detalles: la primera opción lleva 13 años en construcción y de las otras no hay ni el primer panel ni el primer soplo...”.
De su lado, la minería lleva años de un conflicto de alta conflictividad social manejado con baja intensidad comunicacional. Este sector estratégico enfrentó en el 2012 al correísmo con los indígenas y movimientos sociales. La minería a gran escala fue e tema más sensible entre la postura del gobierno de Rafael Correa y la dirigencia de la CONAIE.
El expresidente había firmado un contrato con la empresa china Ecuacorriente para extraer cobre en Zamora Chinchipe, una provincia desde donde, el 8 de marzo, se inició una marcha indígena que llegó a Quito el 22 de ese mes, para demandar al Ejecutivo y a la Asamblea de ese entonces, se cumpla con la Constitución, que establece la obligación de realizar consultas previas en las comunidades afectadas por los proyectos mineros y actividades extractivistas que puedan contaminar las aguas y el medio ambiente. Correa, en una de sus más enervadas contradicciones, lanzó fuegos contra esa ley que él
mismo había promovido en el marco de su “revolución ciudadana”, además planeaba firmar otros acuerdos mineros con compañías internacionales.
Doce años más tarde, Pablo Defina Bucaram quien ha trabajado como coordinador jurídico en la Empresa Nacional Minera (Enami EP), es delegado por el presidente Noboa junto con Fernando Yávar para integrar la comisión que seleccionará tres jueces de la Corte Constitucional.
En homenaje a la suspicacia nos preguntamos: ¿los conflictos desatados por los intereses que rodean la extracción minera en el Ecuador llegarán a esa instancia judicial? Todas las trochas conducen al 2025.
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