El observador

 

Fiscal General: Juicio político a Diana Salazar a pocos días de iniciar trámite en la Asamblea

septiembre 6, 2024

SESIÓN. Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presidida por Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana (al fondo de blanco). (Foto archivo).

En la Comisión de Fiscalización no habría los cinco votos necesarios para recomendar al Pleno de la Asamblea la censura y destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteados por Gisella Garzón y Héctor Valladares, asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), por presunto incumplimiento de funciones, está a pocos días de iniciar su trámite en la Comisión de Fiscalización.

Con la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que el 4 de septiembre de 2024 levantó la suspensión del juicio, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), le corresponde convocar a sesión para avocar conocimiento de la solicitud del CAL, así como calificar y resolver sobre la unificación (acumulación) de los pedidos de Garzón y Valladares.

En esta Mesa legislativa, el trámite administrativo (defensa, presentación de pruebas de cargo y descargo) en el marco del enjuiciamiento fluiría sin tropiezos. Sin embargo, no habría los cinco votos necesarios para recomendar al Pleno la censura y destitución de la Fiscal.

Al interno de la Comisión, los cuatro votos del correísmo (Pamela Aguirre, Sofía Espín, Ronald González, Lenin Barreto), no serían suficientes para este propósito.

El correísmo no contaría con los votos de Luis Alvarado y César Umajinga, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Estos legisladores han adelantado un criterio de que no apoyarían una destitución a la Fiscal.

En la misma línea se ha pronunciado el Partido Social Cristiano (PSC), que tiene a José Rogel como su delegado en la comisión. Los independientes Ramiro Vela (exADN) y Adriana García (exConstruye), tendrían la misma opinión.

Informe de posiciones de los asambleístas

De no existir los votos, ni para recomendar el juicio, ni para archivar, la Comisión de Fiscalización deberá enviar a la presidencia del CAL un informe con las posiciones de los legisladores y un resumen del debate y la votación.

También deberá incluir la documentación con la fase de sustanciación, pruebas de cargo y descargo. Luego, le corresponderá al Presidente de la Asamblea poner a consideración del Pleno el informe de posiciones donde se decidirá archivar o continuar con el juicio.

Para censurar y destituir a la fiscal se requieren 70 votos. El correísmo tiene asegurados 48. Pero le faltan 22.

Otras posiciones políticas estarían definidas para no dar paso a la destitución: El PSC suma 18 legisladores, ADN 26, Construye con 13 asambleístas, 5 de Pachakutik, y 11 independientes.

Plazos en la Comisión para sustanciar el juicio

De acuerdo con los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Fiscal podría ejercer su defensa en el Pleno los primeros días de octubre.  Esto coincidiría cuando Viviana Veloz (RC) esté en el ejercicio de la Presidencia en reemplazo de Henry Kronfle (PSC), quien renunciará al cargo el 2 de octubre de 2024, para postularse a la Presidencia de la República.

Una vez que se califique el trámite,  la Comisión de Fiscalización notificará a Salazar sobre el inicio del proceso para que, en un plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones y las pruebas de descargo. El mismo plazo se otorga a los legisladores proponentes para que presenten las pruebas de cargo y sustenten sus afirmaciones.

Luego, la ley da 10 días para la actuación de las pruebas documentales y testimoniales,  5 días más para que la Comisión elabore el informe final, y 2 días para la difusión del informe. La Presidencia de la Asamblea tiene 5 días para el agendamiento en el orden del día del Pleno.

 Causales del juicio

A Gissela Garzón, quien planteó el juicio a Salazar, le corresponderá demostrar que hubo un incumplimiento de funciones. Ella recordó que su solicitud se enmarca por presuntas demoras de la Fiscal en casos como ‘Encuentro’, ‘León de Troya’, ‘Inapapers’, e inclusive en los hechos de octubre de 2019, cuando el país vivió un violento paro en contra de las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno.

La solicitud de Hector Valladares se configura en un presunto encubrimiento de lavado de activos entre 2019 y 2023”. “Según la UAFE, en ese periodo se han emitido 97 reportes de procedimientos inadecuados, pero la Fiscalía ha procesado únicamente 12 casos”. Valladares no descartó convocar a Fiscalización al exasambleísta Ronny Aleaga (procesado en el caso Metástasis y prófugo de la Justicia) cuando inicie la etapa de la sustanciación. (SC)