Manifiesto de la ciudadanía en defensa del patrimonio cultural de Cuenca
La ciudadanía, profesionales y gestores culturales de Cuenca, manifestamos nuestra preocupación por la situación en la cual se ha manejado el patrimonio cultural de la ciudad. Desde la declaratoria del centro histórico como Patrimonio Mundial el 1.º de diciembre de 1999, la ciudad, aunque con gran orgullo, quedó automáticamente sujeta a unas circunstancias y normativas que hoy en día resultan absurdas e injustas para la ciudadanía y para el patrimonio.
El patrimonio cultural es inherentemente público, sin embargo, las edificaciones que conforman el conjunto patrimonial no lo son. Esto quiere decir que la falta de formación y visión de quienes han establecido las normativas que afectan al centro histórico, no han comprendido que la ley debe beneficiar al usuario y no perjudicarlo con una carga económica y legal que limita su derecho al usufructo, a la vivienda y a la cultura.
Los Valores Universales Excepcionales del centro histórico de Cuenca están vinculados con dos criterios urbanísticos, su traza y su posición geográfica en altura, ambos resultado de la proyección urbanística renacentista y que se implantó en época virreinal, y un criterio de mestizaje, que no solo refiere a la arquitectura sino a la cultura en general. No obstante, ninguno de estos criterios está claramente reflejado en la ordenanza de 2010 para la gestión de las áreas históricas y patrimoniales, lo cual pone en evidencia lo poco que se ha tenido en consideración la declaratoria para establecer la normativa. Aún más, la UNESCO en su Convención de Patrimonio Mundial, Estrategia Global, Guías Operacionales, Recomendación de Paisaje Urbano Histórico, Política para la Sostenibilidad y muchos otros instrumentos, establece que la comunidad es el componente más importante a considerar al momento de establecer un sistema de manejo para el Patrimonio Mundial.
Así, dicha situación no es aplicable a Cuenca, pues no solo no existe un plan de gestión integral construido de manera participativa, sino que, además, la normativa vigente carece de los requerimientos mínimos, a saber: inventarios actualizados y elevados a SIPCE; incentivos económicos para la conservación patrimonial; categorización adecuada que considere los aspectos inmateriales asociados a lo material; gestión de riesgo; mecanismos participativos y de uso de espacio público. La gestión patrimonial se realiza de manera discrecional, sin dotar a los funcionarios de control de argumentos válidos y bien sustentados para proceder con la ejecución de trámites legales, estableciendo un desequilibrio que trata injustamente tanto a los funcionarios a quienes responsabiliza ante la ineptitud del sistema y a los usuarios que, en casos extremos, expropia de manera ilegal, ya que no se cumple con los requisitos mínimos anteriormente mencionados.
La administración pública ha fallado en comprender que las ciudades patrimoniales no son islas congeladas, y aunque la categoría de los centros históricos implica su conservación para mantener su autenticidad e integridad, no son una suerte de museos. Es fundamental desarrollar estrategias para la convivencia entre el espacio histórico y las exigencias actuales de vida. Los documentos de Nara y Ename establecen claramente que la autenticidad es también simbólica y que los cambios son fundamentales para la preservación patrimonial para futuras generaciones y para generar nuevas capas patrimoniales. La Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales, no solo desconoce estos instrumentos, aun cuando la Ley de Cultura de 2016 indica que, en relación con el Patrimonio Mundial, ha de tomarse como referencia las directrices de la UNESCO, sino que, además, no practica con el ejemplo. Basta una mirada al edificio donde descansan sus dependencias para comprender que no predican con el ejemplo, siendo completamente incoherente con su autenticidad e integridad original. Mientras, en este mismo espacio, se aplican acciones punitivas contra los usuarios.
El patrimonio es un bien público que actualmente se considera no renovable debido a que las características excepcionales que lo conforman responden a prácticas y formas de producción que son escasas en el presente o del todo desaparecidas. Esto exige un alto nivel de conocimiento que supone años de formación para gestionarlo con eficacia. En Cuenca, los profesionales del patrimonio y los depositarios de conocimiento patrimonial se dedican a trabajar de manera independiente, pues en la administración pública ponen gente a dedo que no tiene ni título de bachillerato. Aquellas personas con la debida formación están sujetas a condiciones de trabajo que coartan sus libertades y les impiden ejercer la lógica de su formación. Están atrapados en un sistema de gestión casposo y desactualizado que hace un flaco favor a la ciudad.
En consecuencia, la ciudadanía sigue despoblando el centro y se registran varias edificaciones destruidas cada año, lo que desemboca en privilegiar el fachadismo. Tenemos un casco antiguo habitable con todos los servicios. Sin embargo, es un espacio agónico donde solo quienes tienen dinero tienen derecho a la ciudad, lo que ha aniquilado la vida de barrio, la vocación de suelo y ha homogeneizando el uso, prácticamente exclusivo para entretenimiento y servicios. Esta lamentable situación quita a la ciudadanía sus derechos culturales y el derecho a la ciudad y, por ende, le obliga a trasladarse a zonas peri urbanas, sin control y con los efectos devastadores que tiene para el medioambiente. En este contexto, no se vislumbra una política en torno a la vivienda que, desde las competencias municipales, permita articular todo tipo de recursos económicos e intelectuales (a nivel local, nacional o internacional) como: subsidios, planes y modelos de vivienda con acceso a personas de bajos recursos, relación de la vivienda con el espacio público y las infraestructuras, y demás estrategias que puedan ser orquestadas de forma creativa, propositiva y participativa, con el fin de aportar a uno de los temas trascendentales para sociedades con alta segregación y problemas socio-económicos como las de nuestro país.
La falta de transparencia en la gestión patrimonial oculta los recursos que se asignan a Cuenca para el patrimonio. El Modelo de Equidad Territorial establece claramente que la ciudad debe recibir más de 6 millones de dólares anuales para la conservación patrimonial. Dinero que ni la misma Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales, ni el INPC, y menos la ciudadanía sabemos dónde va a parar. No solo, los presupuestos municipales para patrimonio son puramente administrativos, pues existe una partida de obras públicas donde la Dirección General Financiera jamás transparenta el valor que va para la conservación del patrimonio. Asimismo, los espacios de control están divididos entre la Dirección General de Áreas Históricas, Control Municipal, y la Unidad Sancionadora, haciendo de un trámite un viacrucis. Tampoco se comprende cómo existen varias fundaciones municipales vinculadas al tema patrimonial, y, sin embargo, una dirección con un presupuesto anual inferior al millón y medio de dólares que, de acuerdo a la Ley de Cultura, debe hacerse cargo de TODO el patrimonio del cantón. En este sentido, la administración pública debe comprender que el patrimonio cultural es primero para quienes lo generaron y lo viven a diario, después para potenciar el turismo. ¿O es que acaso la identidad es menos importante que el dinero del turismo, del cual, por cierto, se benefician unos pocos?
La administración pública debe comprender que la normativa es el último paso ejecutivo dentro de un proceso donde previamente se construye un plan y una política; lamentablemente, en esta ciudad pasa al revés. La normativa discrecional aparece cuando se ha afectado el patrimonio como pasó con el Ejido, Cristo Rey, la Ordenanza de la Pirotecnia, por citar unos ejemplos. Asimismo, es indispensable tener un plan de riesgos para solventar urgencias como la del terremoto de 2023, donde se evidenció que la ciudad y el cantón no están preparados para afrontar eventos de esta magnitud. Del mismo modo, es clave dotar al espacio público de medios para ser accesible de manera universal y no solo a las terrazas de bares y restaurantes.
Como ciudadanía comprometida con Cuenca, no podemos permitir que esto siga, por tal motivo exigimos a la administración pública lo siguiente:
Total transparencia, especialmente en relación con el financiamiento del patrimonio cultural de la ciudad. Solicitamos saber el destino de los montos que por ley, a través del Modelo de Equidad Territorial, se asignan al patrimonio de la ciudad.
El Plan del Centro Histórico que incluya la salvaguarda no únicamente de elementos urbano arquitectónicos, sino además de elementos históricos, sociales, de memoria y medioambientales (especialmente huertos urbanos y espacios verdes) y, sobre todo, un sistema de incentivos reales y significativos.
La actualización de los inventarios patrimoniales con una visión integral.
Herramientas precisas de gestión basada en las necesidades del contexto local.
Disminuir los representantes académicos de la comisión de áreas históricas y patrimoniales a uno y sumar un representante del ámbito de la construcción y otro entre los propietarios de bienes patrimoniales inmuebles.
Mecanismos de acceso universal al espacio público.
Talento humano especializado en el ámbito de la conservación, gestión e investigación del patrimonio.
Un sistema público de acceso a la información patrimonial para la ciudadanía y los investigadores.
La construcción de una normativa con la ciudadanía y TODOS, los profesionales de TODAS, las ramas del conocimiento, pues el patrimonio también es medioambiente, educación, etc.
La existencia de una lista de proveedores y un banco de materiales a precios asequibles para la preservación y conservación de los bienes patrimoniales.
La revisión del valor del predio en las áreas históricas y patrimoniales que ha aumentado desproporcionadamente durante la administración en curso.
La protección real de los elementos patrimoniales de las zonas rurales del cantón y una articulación patrimonial territorial.
La Fusión o en su defecto creación de una fundación municipal encargada exclusivamente en temas de patrimonio que maneje TODOS los aspectos de las áreas históricas y patrimoniales.
Abrir el diálogo para la posible conformación de un observatorio ciudadano para la defensa del patrimonio.
Cuenca, julio de 2024
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