¿La Corte Constitucional dará paso al matrimonio igualitario? Desde el 29 de marzo uno de sus nueve jueces, Ramiro Ávila, sustancia este caso ante un pedido de la Corte de Pichincha: ¿se puden aplicar derechos favorables (normados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) sin que se modifique la Constitución o la Ley Orgánica de Datos Civiles? En los hechos, es la Corte Constitucional la que debe resolver si las personas del mismo sexo pueden o no contraer matrimonio. La Procuraduría metió cuchara el 14 de abril e indicó que primero se debería reformar la Constitución. Dio otros argumentos: las opiniones de la CIDH no tienen carácter vinculante ni aplicación inmediata. Viejo debate. El hecho cierto es que las opiniones o resoluciones que emanan de un organismo cuasi jurisdiccional, tienen las formalidades de un fallo. Su valor es vinculante si se considera que Ecuador ha firmado acuerdos internacionales en esta materia.
El dilema luce jurídico y constitucional. Pero también tiene un impacto social y político que obliga a plantearlo de otra manera: ¿Será la Corte Constitucional, recién conformada, el vehículo de la modernización que la democracia ecuatoriana no termina de encontrar? Al fin y al cabo, es la primera vez que el país tiene una Corte Constitucional de ese nivel: personas decentes, de gran formación universitaria, amplia visión y, supuestamente, conscientes de que en la sociedad hay grupos de ciudadanos discriminados y marginados por esa supuesta mayoría moral que pretende imponer sus cánones de vida a todos los ciudadanos.
La Corte Constitucional va a tener que dirimir (ya empezó) algunos de los temas polémicos que caracterizan la contemporaneidad: derecho a morir dignamente, derecho al aborto, el derecho de la comunidad GLBTI de casarse y tener una familia, el uso personal o medicinal de ciertas drogas, la maternidad subrogada… Es ahí donde se entiende que están hoy los retos de inclusión para la sociedad. Es ahí donde la democracia ecuatoriana se muestra totalmente decimonónica, dependiente de creencias religiosas y profundamente discriminatoria. No se ha entendido que el desarrollo democrático del país implica sumar derechos para aquellos que los requieren. No se ha entendido que las sociedades contemporáneas son como un gran supermercado en el cual cada ciudadano pone en su coche de compras lo que necesita. No fisgonea en el coche del vecino. Ni pretende determinar lo que deben consumir o usar los otros.
En principio es la política la que está llamada a incluir ciudadanos y ampliar, sumando derechos, el horizonte democrático del país. Pero en Ecuador no hay fuerzas políticas renovadoras. Y las minorías no han logrado tener el peso político necesario para negociar, a cambio de votos, sus derechos civiles. Como ocurre en otras sociedades. Los políticos siguen pensando en un país abstracto conformado por una mayoría que reclama para sí el derecho a determinar, consultando sus textos religiosos, aquello que supuestamente conviene a todos. Políticos de ese perfil solo pueden reproducir el statu quo de sociedades que discriminan e ignoran los derechos de otros, simplemente porque ellos no los necesitan. Es el caso, en este momento, de la comunidad GLBTI que no puede casarse, adoptar niños o heredar el patrimonio. Para esa mayoría no existen. Y cuando los advierten, los quieren curar, educar o reprender.
En este contexto, la Corte Constitucional puede ser aquí (como lo fue en Colombia y es apenas un ejemplo) la institución que contribuya a tener un país incluyente, simplemente humano. El derecho es quizá la herramienta, ya que no lo ha sido la política. La Corte Constitucional puede conectar el país con las corrientes contemporáneas y, en ese sentido, corregir errores legislativos, superar visiones jurásicas y el miedo de los políticos que, para gobernar, miran los sondeos, no a sus ciudadanos.
Esa es la expectativa que ha levantado la Corte Constitucional: que sus miembros entiendan la contemporaneidad e interpreten el derecho pensando no en valores etéreos sino en ciudadanos concretos y que no antepongan sus creencias a su deber. En el ejercicio de su cargo no importan sus creencias: importa su capacidad para entender que los ciudadanos necesitan poder gozar de sus derechos. Y que ninguna sociedad puede decirse democrática discriminando a las personas por lo que son o por la forma en que viven.
De la Corte Constitucional depende que Ecuador sea un mejor país para vivir.
Foto: El Telégrafo.
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