La figura exótica del sacerdote José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resume el drama que tiene el país con sus instituciones. Él se ha granjeado, por sus propios méritos, un verdadero linchamiento en redes sociales. ¡Qué no le han dicho! Su arrogancia, al pretender que solo puede hablar con el presidente de la República porque sería la única dignidad que está jerárquicamente a su nivel, lo ha convertido en actor de memes y burlas que han pulverizado su escasa autoridad.
José Tuárez es víctima del invento que el correísmo llamó quinto poder. Un organismo todopoderoso destinado a designar todas las autoridades de control. Insólito en una democracia, pero tan real que aquello permitió al expresidente Correa considerarse, a su vez, como el Rey Sol. Luis XIV. Por eso declaró superado al barón de Montesquieu, francés como Luis el Grande, pero que creía que en cada Estado debe haber tres clases de poderes.
Correa creó un poder contrario al espíritu republicano. Para ello se inventó un mecanismo para elegir a los funcionarios de ese poder: concursos en los que participaban sus militantes y seguidores. Y les impuso la actitud debida para desempeñar el cargo: sumisión y lealtad. La estela de corrupción que tanto escandaliza al país y que se extiende sin remedio, es la consecuencia directa de ese quinto poder disfrazado de participación ciudadana.
La corrupción no es la única secuela. Muchos ciudadanos, observando la actuación vergonzosa del Cpccs y de otras instituciones del correísmo (Juan Pablo Pozo del CNE fue condecorado por Correa tras las elecciones) debieron pensar que para ser funcionario se requiere muy poca formación: la meritocracia fue el ropaje del poder centralizado.
José Tuárez y los demás miembros del Cpccs vienen de ese proceso político. Ellos representan perfectamente la disonancia que tiene el país con sus instituciones y los ciudadanos con sus supuestos representantes. Tuárez es sacerdote y su comunidad -él es fraile dominico- le prohibió hacer campaña y hacer política. ¿Qué hace un sacerdote presidiendo un poder en un Estado laico? El artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana prohíbe ser designados o desempeñarse como consejero, entre muchos otros, a los representantes de cultos religiosos. Pero ahí está. Y está sin saber lo que tiene que hacer porque en su visión (y en la de algunos otros consejeros) llegó al Cpccs para revisar todo aquello que hizo su antecesor, el Consejo de Participación presidido por Julio César Trujillo. Ni siquiera se percataron (como luego lo ratificó la Corte Constitucional en su dictamen del 7 de mayo) que el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio gozó, gracias a la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, de poderes extraordinarios. Poderes que en su caso no tienen.
El sacerdote Tuárez se desprestigió apenas posesionado. Sus enormes ínfulas responden al recuerdo que tiene de lo que fue ese organismo todopoderoso en manos de Rafael Correa. Esto ratifica que ese poder debe desaparecer y que las designaciones de autoridades podrían pasar -como lo sostienen Pablo Dávila y Enrique Ayala Mora, miembros del Comité para la reinstitucionalización del país- a una cámara alta.
José Tuárez vuelve a dar razón a los ciudadanos de a pie que no creen en las instituciones. Porque ven funcionarios sin mayor formación para los cargos que ocupan, sin sentido institucional y prestos a improvisar con el país sobre las cenizas de sus antecesores.
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