miércoles, 19 de junio de 2019

‘Ha habido una conspiración contra la vejez’

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ENTREVISTA. Proaño Maya, durante su diálogo con La Hora.
POR: Javier Suárez
Marco Proaño Maya, abogado y excongresista, ha dedicado la mayor parte de su vida pública a defender y exigir respeto por el sistema de Seguridad Social, sobre todo con respecto a la atención de salud y las pensiones para los jubilados. Considera que el país debe conocer cuál es la realidad, la verdad del IESS. Cree que los déficits actuariales en pensiones y salud llegarían a cifras “catastróficas”. Luego de eso, hace una proyección sobre las posibles soluciones. 
 
Aunque las autoridades no se refieren a la situación en esos términos, ¿se puede hablar de la quiebra del Sistema de Seguridad Social en el país? 
El problema histórico del IESS es que ha estado a merced de los gobiernos de turno. Este año, el IESS necesita 4.825 millones para pagar pensiones, pero los aportes de los trabajadores activos no alcanzan los 2.700 millones. Si el Estado no entrega el 40% íntegro, el IESS va a tener que seguir comiéndose sus ahorros en el Biess. Si usted, en una simple operación matemática, va quitando cada año 2.000 millones de los ahorros, en tres o cuatro años no habrá para pagar pensiones. El Fondo de reserva de vejez, invalidez y muerte está en 6.500 millones. Este es solo uno de los problemas graves que hay que enfrentar, luego sigue el tema de la atención de salud.
 
¿Dónde inició el problema de la atención de salud, que según las autoridades aumenta su gasto un 15% cada año?
Comenzó porque no se cumplió uno de los grandes principios de cualquier sistema de Seguridad Social. Toda prestación nueva debe estar financiada. Se amplió la cobertura de salud a los hijos de los afiliados, pero sin financiamiento. En 2008, hubo 2,5 millones de atenciones médicas y en 2018 se llegó a los 10 millones. En esas prestaciones no hay cómo retroceder porque son conquistas sociales. Cualquier acción regresiva en los derechos sociales es inconstitucional.

La Asamblea, en tiempos de Correa, derogó el artículo 54 de la Ley de Seguridad Social, donde decía que quien entregara recursos de un fondo para financiar el déficit de otro será penalizado hasta con tres años de cárcel. Y se dio paso a la inconstitucional resolución 501, que cambió los porcentajes del fondo de jubilación para financiar el fondo de salud. Esta acción, por decir lo menos, no fue honesta, y no se deroga por falta de voluntad política, y su vigencia llega hasta 2021. Para paliar el sistema de salud se agravó el sistema de pensiones. Esta resolución se la tomó invocando una transitoria de la ley 2001. ¡Se invocó una transitoria de hace 18 años! 
 
¿Qué soluciones quedan?
En el mundo la gente habla de varias alternativas. Una es aumentar las aportaciones, pero eso podría significar conflictos en las políticas laborales. Otros opinan que se debe pedir mayor contribución del Estado, pero eso solo se puede lograr a través de más impuestos. Quitar prestaciones es inviable. La última es la que está en debate y se refiere a la edad de jubilación. El artículo 185 de la ley de 2001 dice que cada 5 años se tiene que revisar obligatoriamente la edad para jubilarse. Ningún gobierno, ningún Consejo Directivo ha hecho nada. Si se hubiera hecho, hoy una decisión de ese tipo sería menos traumática. Tiene que ser ordenado, progresivo. No se puede decir a alguien que está por jubilarse que ya no puede hacerlo cuando lo tenía previsto. Tiene que ser para las futuras generaciones.
 
Cuando el presidente del Consejo Directivo planteó el tema se desató una fuerte oposición. ¿Cómo debatir el aumento de la edad de jubilación?
El presidente del Consejo Directivo ha manejado mal el tema. Debió decir que se debe revisar la edad de jubilación, pero para el futuro, no para el presente, no para los que están en transición de jubilarse, no para los que tiene 40 o 50 años. Es para los jóvenes y niños del futuro. Ellos deben adaptar su vida a las nuevas realidades.
 
¿El Gobierno no cumple ni siquiera con lo mínimo respecto al IESS?
Primero, no se paga completo el 40% para financiar las pensiones. Segundo, en la atención de salud de los jubilados desde 2001 se viene acumulando una deuda que está en alrededor de 4.500 millones. El IESS tiene que incluir esa deuda en sus balances actuariales. Pienso que esa deuda no es económica sino moral. Es una deuda con la fuerza laboral del país, pero, sobre todo, con los jubilados.
 
¿Considera que los jubilados son los más afectados y discriminados?
Siendo toda discriminación perversa, la discriminación por edad es más dolorosa, inhumana. La vejez no puede ser un castigo. Considero que ha habido una conspiración de los gobiernos contra las personas por el hecho de la edad, una conspiración contra la vejez. Vivimos una sociedad en que más importa la innovación que la memoria. Una sociedad que ha hecho de los hijos migrantes, y de los viejos náufragos, solitarios. Como dice Rosa Montero, la injusticia más grave de este tiempo es lo difícil que significa llegar a ser viejo. 

¿Cómo se puede evidenciar esa conspiración?
Primero, las pensiones que ya están desfasadas de la realidad. Se debe reformar eso tomando en cuenta las nuevas proyecciones de expectativa de vida y del costo de subsistencia. La deuda de salud es, sobre todo, por las atenciones a los jubilados. Otro ejemplo: si un jubilado vuelve a trabajar, y si su pensión es mayor de la canasta básica unificada, le descuentan el 40%, a cargo del aporte del Estado. A los 70 años, médicos, profesores fueron desalojados de las universidades y hospitales. Hay gente que todavía puede aportar a la sociedad.
 
Varios sectores hablan de modalidades mixtas como en Suecia, con una parte solidaria y otra de ahorro individual. ¿Esas soluciones son viables?
La Seguridad Social en Ecuador es pública y universal. Las prestaciones no pueden ser organizadas ni entregadas por la empresa privada. Si no se reforma la Constitución, el sistema debe seguir así, y esas soluciones no son viables. Pero antes que cualquier discusión sobre un nuevo modelo, el país tiene que conocer cuál es la realidad, la verdad del IESS. En una de las conclusiones de los 19 informes que ha sacado la Contraloría se dice, en el tema actuarial, que el IESS ha subestimado los déficits de salud y pensiones. Las cifras son catastróficas, ni el Estado ni el IESS las podrán asumir. En 15 o 20 años, el déficit actuarial de pensiones será de 125.000 millones, y en salud llegará a los 14.000 millones. 

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