En una sabatina de agosto del 2014 las cavernosas y retorcidas voces de Douglas Argüello y Elizabeth Farfán, auténticos emblemas sonoros del Estado de propaganda del correato, acompañaban un video de apenas cuatro minutos cuyo único fin era deslegitimar y denigrar al periodista Emilio Palacio, al asambleísta Cléver Jiménez y a la prensa independiente.
¿Qué motivaba ese feroz ataque de aquel sábado? Las noticias que se habían publicado los días anteriores y que hablaban sobre la retención, por parte de la DEA, de tres aviones de la empresa Sky Jet en La Florida, EEUU, de propiedad de los hermanos Eduardo y José Pablo Larrea Cruz. Uno de los tres aviones, decían las noticias, había viajado decenas de veces a los EEUU, aparentemente sin pasajeros. Tanto Palacio como Jiménez afirmaban tener información de que en ese avión habían viajado altos funcionarios del gobierno de Correa, incluído él.
El video de aquella sabatina era una pequeña parte de una agresiva y masiva ofensiva mediática que desplegó esos días el gobierno de Rafael Correa, en la que utilizó a los medios incautados y públicos para tratar de dejar sin piso las noticias que habían salido sobre el operativo de la DEA. Uno de los dueños de la aerolínea, Eduardo Larrea Cruz, había sido director de la Aviación Civil al inicio del gobierno de Correa. Según Emilio Palacio aseguraba en una nota suya, el presidente Correa habría viajado a Nueva York en ese avión al menos en una ocasión.
El propio Correa salió a insultar, en la misma sabatina del 2 agosto a Palacio y Jimenez: los que llamó «verdaderos psicópatas» y los acusó de que «hicieron que capturen tres aviones de una empresa ecuatoriana, argumentando que yo he viajado en uno de esos aviones». A la ofensiva mediática de medios estatales e incautados, se sumó la Fiscalía de Galo Chiriboga que inició un proceso en contra de Jiménez y Palacio, así como la Supercom que hizo lo mismo con El Comercio y Ecuavisa por haber dado cabida a las noticias sobre el avión. Era el Estado correísta en pleno movilizado para defender a los Larrea Cruz.
Pero cinco años más tarde, el jueves 13 de junio cuando ya casi no se recordaba el caso, Eduardo Larrea Cruz fue detenido por la Policía por estar involucrado en una operación de narcotráfico en la que se enviaba droga a EEUU en aviones que salían de Manabí. Larrea había sido identificado como el líder de la banda que en septiembre del año pasado tenía listo el envío de más de una tonelda de cocaína desde Manta. Ese envío fue frustrado por un operativo policial que tuvo una amplia cobertura mediática y que fue tendencia en redes sociales. Junto a Eduardo Larrea Cruz fueron detenidas el pasado jueves otras ocho personas, entre las cuales una funcionaria de la DAC que, aparentemente, legalizaba los vuelos y su pareja, un policía con base en Manabí y vínculos con el narcotráfico.
El operativo del jueves 13 confirió súbitamente credibilidad a las noticias del 2014 sobre los hermanos Larrea y su empresa de aviación, que el gobierno de Correa tanto se había esmerado en desmentir. El informe del periodista colombiano Gerardo Reyes de Univisión, que fue quien destapó el tema, al que los voces de Argüello y Farfán habían tratado de deslegitimar por trabajar en un medio «mercantilista» y «norteamericano», decía que las versiones de Cléver Jiménez y del periodista Fernando Villavicencio sobre el jet Gulfstream habían permitido a la DEA seguir las pistas de los aviones y retenerlos. Según la investigación de Reyes, ese avión de los hermanos Juan Pablo Larrea hacía constantemente vuelos desde el sur de la Florida hacia Ecuador, con un extraño patrón: casi no llevaba pasajeros.
La aeronave Gulfstream modelo 1981 con matrícula N378 MB registrada en los EEUU cubría regularmente las rutas de Galápagos y Cuenca, en Ecuador, Buenos Aires, en Argentina, y Nueva York, despegando siempre desde Fort Lauderdale, decía la investigación de Reyes. Lo llamativo del caso es que de 21 registros de vuelo, solamente se contabilizó un pasajero, que no fue identificado. En entrevista con el periodista colombiano, el ex asambleista ecuatoriano Cléver Jiménez aseguró que «hay información completamente veraz de personas que no quieren identificarse ni tampoco quieren salir a la luz pública de que, en efecto, este avión habría hecho varios viajes con altos funcionarios del gobierno».
Jiménez no nombró a los funcionarios pero con el correr de la investigación el equipo de Univision tomó conocimiento de que la DEA también estaba siguiendo ese avión. El ex legislador no descartó que los funcionarios ecuatorianos hayan contratado a Sky Jet Elite Corp. para no usar aviones oficiales que podrían ser embargados por la compañía petrolera Chevron, que mantenía un juicio millonario con el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, si esto era así, se ignora por qué los nombres de los pasajeros no fueron registrados en los manifiestos de vuelo. La investigación de Jiménez quedó inconclusa por la orden de prisión en su contra, que lo obligó a pasar a la clandestinidad. El legislador había sido acusado de injurias por el presidente Correa.
El periodista Emilio Palacio, asilado en La Florida, por su lado había dicho que en ese avión habría viajado a los EEUU el presidente Correa entre el 16 y el 21 de abril del 2014. Correa negó la versión de Palacio y dijo que tenía pruebas de que había estado en Carondelet durante esos días. Su secretario jurídico, Alexis Mera, también salió a decir que Correa se iba a «mantener pendiente» de la acción penal que Juan Pablo y Eduardo Larrea plantearon entonces en contra de periodista Emilio Palacio.
En la campaña mediática de los medios públicos, que incluía numerosas entrevistas a Fernando Larrea Martínez, abogado de sus sobrinos Eduardo y Juan Pablo, se afirmaba que entre Jiménez, Palacio, Gerardo Reyes se habían encargado de colocar como matrícula del avión de Sky Jet a una que pertenecía a otro que había estado involucrado en tráfico de droga. El diario de gobierno El Ciudadano decía entonces en su abierta defensa de los Larrea: «eso no es todo, Palacio ha intentado confundir a dos aviones que no tienen nada que ver, pues se refiere a un Gulfstream II y el avión que posee la compañía Sky Jet Elite, en Estados Unidos, es un Gulfstrea III de 12 pasajeros con matrícula estadounidense».
Los medio gubernamentales, entre esos El Ciudadano, se compraron la versión de los Larrea de que la información de Palacio y Jiménez habían hecho que la DEA retenga el avión. En su edición del 14 de septiembre de 2014 escribió: «Esto, según los representantes, posiblemente provocó que la DEA confisque 3 avionetas de Sky Jet para investigar la probabilidad de realización de algún delito, pero el propietario de la empresa afirmó que no encontraron ninguna irregularidad por lo que las naves serán devueltas». Esa misma tesis sostuvo el presidente Correa una y otra vez. 4P. supo que los aviones siguen en posesión de la DEA.
La amplia campaña mediática que hizo el Estado correísta en el 2014 para defender a los hermanos Larrea y para negar que cualquier funcionario hubiera viajado en uno de sus aviones, recuerda mucho a la defensa que en algún momento hicieron funcionarios de ese gobierno de la constructora brasileña Odebrecht. Tanto que se invirtió en ese entonces para convencer a la opinión que las noticias sobre el avión de los Larrea era falso, para que cinco años más tarde se compruebe que efectivamente todo giraba alrededor de una operación de tráfico de droga.
Foto Univisión
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