Por: Diego Araujo Sánchez
Ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo. Un año de
prisión correccional “en calidad de autores del delito de tentativa de actos de
terrorismo”. Prisión por delitos de rebelión sin concierto previo. Cuatro años
por sabotaje y terrorismo al haber propiciado la destrucción de un servicio
público. Tres años por incitación a la rebelión. Doce, por sabotaje y
terrorismo. Dieciocho meses de prisión, 140 mil como indemnización al
Presidente de la República y la presentación de disculpas públicas por el delito
de injuria…
Las anteriores son las condenas en algunos de los casos
reseñados ayer por este Diario en los cuales la justicia correísta ha dictado
sentencia: contra Mery Zamora, profesora y dirigente del MPD; los 10 de
Luluncoto, los jóvenes capturados en el operativo policial “Sol rojo”, cuando
se hallaban en una reunión en ese barrio al sur de Quito; los 12 del Central
Técnico, entre los 67 colegiales detenidos cuando protestaban en las calles por
el supuesto cambio de nombre del plantel; María Alejandra Cevallos, una joven
que irrumpió junto a un grupo en el canal televisión estatal el 30 de
septiembre para pedir que se escuchara su punto de vista cuando una cadena
obligada por el Gobierno transmitía una versión única sobre lo acontecido en
ese día; Fidel Araujo, que merodeaba en las afueras del Regimiento Quito
durante la revuelta policial del 30 de septiembre; y contra el asambleísta
Cléver Jiménez, a quien no se le levantó la inmunidad antes de procesarlo…
Se van acumulando a las cuentas del Gobierno los procesados
políticos. En realidad, si nos atenemos a los hechos en los juicios penales que
han recibido serios cuestionamientos, lucen desproporcionadas las sentencias
que echan manos de las figuras penales de sabatoje, terrorismo, rebelión o
atentado contra la seguridad del Estado, como sustento de las condenas.
¿Vivimos en un país con saboteadores y terroristas? ¿Merecen las presuntas
faltas de los inculpados esos calificativos penales? Y en cuanto a la injuria
contra el presidente Correa, no hay que olvidar que las legislaciones penales,
incluso el nuevo Código Penal en el país, han desechado el delito de desacato u
ofensa a la autoridad y que gana terreno la tendencia a sacar la difamación y
la injuria del campo penal para dejar la protección del buen nombre de los
funcionarios públicos en el ámbito civil.
¿Qué consecuencias traen esas sentencias para la
participación ciudadana y la práctica política en un país que aspira a vivir en
democracia? ¿Contribuyen a mejorar la participación ciudadana y el ejercicio de
la política? ¿A generar confianza en la justicia?¿O la judicialización de la
política es una forma de negarla, de imposibilitar su verdadero ejercicio
democrático?
Como bien señala ayer José Hernández en su columna de
análisis en este Diario, la política empieza por el reconocimiento de los
otros, el respeto a las diferencias, y no pasa por convertir a los opositores
en enemigos y, en consecuencia, buscar su eliminación.
Me parece que, detrás de este exigencia, el valor esencial
que la sustenta es la tolerancia. Y la falta de ella es evidente en los años de
correísmo.
El voto rechazo del 23 de febrero quizás represente el más
serio llamado a recuperar para la política ese valor perdido de la tolerancia.
Pero hasta ahora no hay señales de que se lo escuche.
¿Vivimos en un país con saboteadores y terroristas? ¿Merecen
las presuntas faltas de los inculpados esos calficativos?
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