Los defensores de los derechos ambientales están en peligro.
En Ecuador, hay casos de hostigamiento, prisión y hasta muerte de personas
vinculadas a esa causa. El próximo 28 de marzo, la CIDH acogerá una serie de
denuncias.
REDACCIÓN PLAN V
Este viernes 28 de marzo, Fundación Pachamama y Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) tocarán la puerta de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos organismos integrarán
una audiencia temática, en Washington, sobre la libertad de asociación y los
defensores de la naturaleza en Ecuador.
Uno de los objetivos es analizar las consecuencia de la
aprobación del Decreto ejecutivo 16, entendido como el reglamento para el
funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones
sociales y ciudadanas. En otras palabras, la norma que regula el nacimiento y
muerte de una organización social.
Otra de las metas es poner en evidencia casos de defensores
de derechos de la naturaleza donde están siendo usadas negativamente las
instituciones jurídicas.
Paralelamente, el pasado 11 de marzo, en Ginebra, Margaret
Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los
derechos humanos, advirtió en su informe al Consejo de la ONU de la
vulnerabilidad de los grupos de personas dedicadas a la defensa de los DD. HH.
En esa línea, los defensores que trabajan en cuestiones ambientales y
relacionadas con la tierra en el contexto de las industrias extractivas y los
proyectos de construcción y desarrollo están muy expuestos a sufrir
violaciones.
La preocupación de Sekaggya se enfoca en el surgimiento de
formas sofisticadas de silenciar las voces de los defensores y de obstaculizar
su trabajo, incluyendo la aplicación de disposiciones legales y administrativas
o el uso indebido del sistema judicial para criminalizar, así como la
estigmatización de sus actividades en la escena pública.
Y el informe no se aleja de la realidad.
Harold Burbano, de Inredh, señala que, en Ecuador, desde el
Estado sí se evidencian esos métodos para acallar a defensores de los derechos
humanos y ambientales. Se caracterizan por suministrar la institucionalidad y
las formas represivas e incisivas del derecho penal al defensor, con el fin de
desviar su atención e involucrarlo en un proceso caótico y engorroso.
El caso de Rodrigo Aucay es un ejemplo. El colono de El
Pangui, en Zamora Chinchipe, al sur de Ecuador, se oponía a la actividad de
minería a gran escala correspondiente al proyecto Mirador y afrontó 12 procesos
penales. Las acusaciones, bajo el tipo penal de sabotaje y terrorismo,
correspondían a obstrucción de vías, ingreso a propiedad privada… explica el
abogado de Inredh.
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