Ironía

Por: Simón Pachano

El decreto presidencial número 16 comienza a dar frutos. Cuando recién fue expedido se lo presentó como la necesaria actualización de la inscripción de las organizaciones sociales. Quienes advertimos que tendría consecuencias nefastas fuimos satanizados por el líder en su espectáculo sabatino. Dijo que era “el nuevo caballo de batalla de la oposición” y que solamente estaban haciendo un registro único, esta vez electrónicamente. Por tanto, según la sabia interpretación, se trataba de un asunto de mero trámite, que consistía en pasar del archivo físico, en montañas de papeles, al electrónico, que ocupa un espacio mínimo en las computadoras.

El cierre de la fundación Pachamama comprueba que no se reducía a un asunto de trámite, que las críticas eran fundamentadas y que el objetivo central del decreto es el control de las organizaciones sociales. Además, demuestra que ese instrumento, de quinta categoría en la jerarquía jurídica, se lleva por delante unos siete artículos de la Constitución. En primer lugar, contradice al artículo 95 que consagra el derecho de participación al señalar que “las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las organizaciones del Estado y de la sociedad, y de sus representantes” (¡qué puntuación¡). En segundo lugar, desconoce el artículo 96, referido al derecho de organización, que dispone que “se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno”. En tercer lugar, ignora olímpicamente los contenidos de los artículos 9, 76, 169 y 194, referidos al debido proceso que debe regir en todas las acciones relacionadas con derechos básicos.

Volver a leer esos artículos de la Constitución después de la primera aplicación del decreto presidencial hace pensar en una mezcla de ironía y cinismo. Aún más cuando se escucha al líder decir que “las ONG no están para hacer política” y, si quieren hacerla, “que sean partidos políticos, si no, están atentando contra la democracia”. De un plumazo, con un simple decreto y con una declaración al paso, quedan sin efecto las disposiciones constitucionales, se impone un concepto de democracia en que la ciudadanía queda marginada de la política y (en sentido contrario al discurso en contra de la partidocracia) se clama por el monopolio de los partidos en la acción política. Como para reírse de ese viejo ideal del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Es fácil prever que la respuesta del líder y de su maquinaria propagandística a estos argumentos será la repetición de las escenas de violencia atribuidas a la fundación Pachamama. Antes de que lo hagan, sería recomendable que entiendan que defender principios no significa justificar la violencia y sugerirles que relean los artículos mencionados sobre el debido proceso, además del número 76, que establece la presunción de inocencia. Así ocultarían parcialmente el irónico cinismo.