jueves, 12 de diciembre de 2013

Caso Filanbanco: 15 años de mucha política y poca justicia



Bajo silencio oficial y nula transparencia, hoy se cumplen 15 años del caso Filanbanco, convertido en caso Isaías. Pero el balance es penoso: más de 768 millones de dólares en activos incautados por el gobierno, pérdidas de casi 97 millones de dólares por la administración de esos bienes y otros 18 millones en el limbo. ¿Y cuánto se ha pagado a los perjudicados por el cierre del banco? Poco menos de cinco millones de dólares, según las únicas cifras oficiales existentes.
PABLO JARAMILLO VITERI

Algo queda claro en estos tres lustros: la justicia y los gobiernos de turno han venido allanado el camino para acciones internacionales contra el Estado ecuatoriano. La historia comenzó el 2 de diciembre de 1998. Ese día Filanbanco pasó a manos del Estado ecuatoriano. La entidad financiera tuvo serios problemas de liquidez, según se dijo oficialmente, por lo cual entró a un Programa de Reestructuración de la Superintendencia de Bancos.
Y aunque dentro del primer año de administración estatal tuvo más de cien millones de utilidades, el gobierno prefirió no reprivatizarlo. Finalmente, luego de algunas malas decisiones gubernamentales, Filanbanco cerró sus operaciones, el 18 de julio del 2001, es decir, durante la administración del presidente Gustavo Noboa. Así que éste puede ser el primer punto de inflexión sobre el polémico caso: ¿finalmente quién quebró al que fuera el banco más grande del país?

En medio de estos 15 años se produjo un hecho controversial: la incautación de más de 900 empresas y bienes del grupo Isaías. Para el gobierno de Rafael Correa, esta jugada significó tomar posesión de activos avaluados en más de 768 millones de dólares –valoración hecha por el propio Estado–, cifra en la cual no se consideran otros negocios e inmuebles de los cuales se desconoce la cuantía que asignó la revolución ciudadana. La justificación para la mega incautación fue solventar la deuda de 661,5 millones de dólares que -según informe de la auditora Deloitte & Touche, de mayo del 2001- había dejado Filanbanco durante su etapa privada.
Esta operación se realizó la noche del 8 de julio del 2008, bajo la dirección de Carlos Bravo, entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Una nota de la agencia internacional de noticias EFE, publicada diez días después, explica el contexto que existía en el país:“La popularidad del presidente Rafael Correa aumentó de 48% a 54% y el apoyo al referendo constitucional de 29% a 32% tras la orden del Gobierno de incautar unos 200 bienes de ex banqueros prófugos en los EEUU, indicó la encuestadora Cedatos-Gallup…”. El mismo reporte de prensa reveló que si bien el 63% de la población aprobó estos hechos, no menos del 59% consideró que la medida tenía la intención de subir la popularidad de Correa e impulsar el 'SÍ' en el referendo para aprobar la Constitución de Montecristi.
Y luego de casi cinco años y medio de estos hechos, aquí están algunos resultados de la administración estatal:

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