Por: Juan Cuvi
Definitivamente, al Régimen le incomoda el tema de los
derechos humanos como filosofía política. No entiende ni su dimensión histórica
ni su perspectiva civilizatoria. Ni siquiera ha dado muestras de delicadeza a
propósito de la fecha en que se conmemoraron los 65 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Días antes justificó y aplaudió una medida
de fuerza contra un grupo de huaoranis, supuestamente involucrados en la
masacre -aún no confirmada- de varios taromenane. La cereza la colocó con la
arbitraria disolución de la Fundación Pachamama, echando mano del cuestionado
Decreto 16.
Ambas acciones reflejan un profundo desafecto con el sentido más
profundo y trascendental de los derechos humanos.
En el primer caso, el
Gobierno avaló la judicialización de un hecho que requiere, según el criterio
de varios expertos en el tema, una mirada diferente de la simple aplicación de
la ley. En cierta forma, se está policializando la antropología. Como señala
una amiga mía, reconocida jurista y profesora de derecho, la acción de la
Fiscalía está reeditando, 500 años después, el juicio de Atahualpa: se aplica
una normativa ajena e incomprensible para los acusados. Miguel Ángel
Cabodevilla, uno de los mayores conocedores de la problemática de los pueblos
amazónicos, así lo ratifica: ¿cómo se puede procesar a alguien por un delito
que ni siquiera consta dentro de su universo conceptual? Acusar a los huaoranis
de genocidio equivale a la acusación de herejía con que se sentenció a muerte a
Atahualpa. La autoridad de la corona española frente a los incas era tan lejana
y abstracta como lo es la del Estado ecuatoriano frente a muchos pueblos
amazónicos. En ese sentido, la acción de la Fiscalía, secundada por el
Gobierno, constituye una versión posmoderna de colonialismo jurídico. En sus
inicios, el colonialismo requirió de varios instrumentos para someter a los
indígenas e imponerles una nueva lógica social. Uno de los más efectivos fue -y
sigue siendo- el derecho. Pero no solamente como instrumento de dominación,
sino también de despojo. Detrás de la parafernalia jurídica y de la aplicación
de una norma en contra de los indígenas, casi siempre ha subyacido un interés económico,
un negocio, una expoliación. Por su parte, en el caso de la Fundación Pachamama
se está desconociendo el derecho a la resistencia, que data de la Revolución
Francesa, en beneficio de una peligrosa doctrina de seguridad ciudadana. En la
práctica, se está reemplazando a la enmohecida doctrina de seguridad nacional.
Cualquier protesta empieza a ser elevada a la categoría de atentado contra la
seguridad del Estado, seguridad que hoy está orientada a viabilizar viejas
formas de colonialismo asociadas a la explotación de recursos naturales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario