5 de Febrero del 2018
El caso fue denominado por la Fiscalía como La Ruta Criminal del Oro. Empezó en el 2013, cuando accionistas y directivos de una empresa ecuatoriana, con más de 30 años de existencia, la cual inicialmente fabricaba productos químicos, decidió ampliar su objeto social e incursionar en la actividad de exportación de oro. Después de un año de actividades de exportación, lo siguió haciendo a través de otra compañía, y con ello superó en exportaciones a la producción total de oro ecuatoriano.
Para ello, según la Fiscalía, simuló la existencia de supuestos proveedores mineros artesanales, en unos casos para dar la apariencia de legalidad al oro. El metal habría sido obtenido de manera ilícita para luego exportado a los Estados Unidos y de esta forma, producto de estas exportaciones, las empresas recibieron varias transferencias que se dieron en el Ecuador. Por estos hechos la Fiscalía General del Estado recibió un informe del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de las Aduanas del Ecuador, organismos que iniciaron a las investigaciones, limitadas a las actividades financieras de los directivos de estas dos empresas entre el 2013 el 2015; la Fiscalía luego de la elaboración su plan de investigación conformó un equipo de trabajo con expertos en el tema, investigadores, funcionarios de varias entidades de control y peritos contables.
Y así se presentaron en el juicio respectivo para demostrar que estas empresas, entre los años 2013 al 2015, a través de los señores de seis ejecutivos "realizaron maniobras de lavado de activos para administrar, ocultar, impedir y disimular el origen de los activos provenientes del oro y de procedencia ilícita; prestaron el nombre de las empresas para la comisión del delito de lavado de activos; gestionaron y realizaron operaciones económicas con el objeto de dar la apariencia de licitud a actividades de lavado de activos, como exportaciones de oro hacia los Estados Unidos en cantidades que sobrepasa la producción total del oro en el Ecuador; utilización de modalidades tributarias para tratar de justificar el origen del oro, esto es, el sistema RISES, actividades tanto de adquisición como de venta a la misma persona y en la misma fecha; salida significativa y sistemática de recursos en efectivo a fin de ocultar el verdadero destino de los fondos o el beneficiario final de este lavado de activo; movilización de recursos en efectivo a zonas de frontera, las mismas que no tienen relación con la minería; constitución de figuras jurídicas como fideicomisos para ocultar los destinatarios finales de los recursos.
Los ejecutivos, valiéndose de las funciones a su cargo, permitieron la adquisición del oro de manera injustificada, la exportación del mineral del oro cuyo origen no se ha justificado, administraron con pleno conocimiento los recursos provenientes de la actividad ilícita luego que fue exportado, ocultaron la procedencia ilícita del oro a través de la figura de los proveedores, amparados bajo el régimen impositivo simplificado para facilitar su posterior exportación; realizaron operaciones financieras que les permitieron eludir los controles en el sistema financiero, movilizando grandes cantidades de dinero en efectivo que les facilitó adquirir el oro sin mayores complicaciones y en zonas de frontera; permitieron que se realicen maniobras tributarias y contables para ocultar el verdadero origen del oro y permitieron la creación de figuras jurídicas a fin de evitar el verdadero destino o beneficiario de los fondos que eran producto ilícito".
Los acusados, según la Fiscalía "desplegaron las conductas propias del lavado de activos, realizadas de manera consciente y voluntaria, dirigiendo su actuar sin justificación alguna, consiguiente a la responsabilidad de ocultar recursos y fondos de procedencia injustificada, a impedir a través de maniobras contables y tributarias sin justificar su verdadero origen, simulando el verdadero destino de los fondos, atentado así contra la seguridad y confianza que la economía nacional representaba en el sector financiero producto de la exportación del oro (...) por lo que estamos hablando —de conformidad con lo que se encuentra establecido de las investigaciones en el presente caso— que se trataría 582 millones de dólares. Con seguridad se tratará de inducir al error manifestando que este es un delito imposible de lavados de activos, debido a la ausencia del origen de la exportación del oro; sin embargo, con la prueba testimonial y documental de la Fiscalía, sin lugar a dudas se tendrá la certeza que la teoría de la Fiscalía es acertada, y que la conducta penalmente relevante existió”.
El cabo Primero de Policía Nacional, Héctor Paredes Flores, ha sido agente investigador de la Unidad de Lavados de Activos por siete años seguidos. Hizo cursos nacionales e internacionales sobre lavado de activos; y ha dado varios golpes a las mafias. A este agente, la Fiscalía, lo nombró investigador del caso. Para investigar dijo haber usado las técnicas como análisis de evidencia documental, análisis de evidencia realizadas en las incautaciones que se realizó en las empresas producto de la investigación; aplicó técnicas de campo; recopiló una serie de evidencia a través varios requerimientos que se hicieron a las instituciones de control, como la Súper Intendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, para poder recabar la información... Así elaboró la teoría del caso:
"En el Ecuador las dos compañías nacionales realizaron exportaciones hacia las empresas estadounidenses Republic Metal y MBP Import; estas empresas para poder cumplir con los requisitos que exigía la norma internacional para poder exportar debieron presentar sus proveedores". El agente Paredes entonces investigó a los proveedores de oro de las dos empresas nacionales; para ello analizó la información de la Agencia Reguladora de Control Minero; esta agencia de minería es la que tenía recopilada la información de las facturas de los proveedores que estas empresas tenían para poder realizar las exportaciones. Los investigadores fueron a los documentos que constan en el proceso y sacaron una base de dato de los supuestos proveedores de estas empresas, y empezaron su labor investigativa rastreando a los proveedores. Se encontraron con la sorpresa de que la gran mayoría de estos proveedores estaban radicados en la ciudad de Machala. Se acercaron, por ejemplo, al sector de las calles 10 de Septiembre y Federico Páez. Este es un barrio de bajos recursos económicos, sin nomenclatura de casas.
Portovelo, en El Oro, es una de las minas que más ha sido explotada en la historia ecuatoriana. Foto: visitaeloro.com
En las facturas de los RISE se indicaba como referencia, que la oficina del proveedor estaba junto a una cancha. Pero a los investigadores les tocó hacer labores de inteligencia para poder llegar a estas personas. Cuando las encontraron, les consultaron si ellos habían vendido oro a las empresas mencionadas, pero los supuestos proveedores únicamente se alarmaron: ni sabían de lo que los investigadores estaban hablando. Les indicaron que ellos constaban como proveedores de dichas empresas; se reunió a una considerable cantidad de personas que estaban inmersas en esta situación, por lo que les dijeron que se acerquen y rindan una versión en la ciudad de Machala. Ellos, a su vez, pusieron denuncias por la falsificación de identidad en contra de estas empresas, ya que ellos aducían que no conocían estas empresas y menos a los administradores, y tampoco se dedicaban a la actividad de oro, ya que eran gente muy pobre, cuenta el investigador.
"Existe otro punto muy importante —dice el agente— dentro de mi informe en el cual se hace una captura de dinero que se realizó en la provincia de Loja. De esta captura de dinero se informó mediante parte policial de fecha 9 de octubre de. 2015, suscrito por el cabo primero de policía Segundo Japón —quien es agente aduanero de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional—. Es un parte investigativo de control rutinario. En este consta que la policía detiene la marcha en un vehículo Nissan, de placas VW-125, de procedencia peruana, el cual estaba siendo conducido por el ciudadano Edilmo P. y su acompañante el señor M., ambos de nacionalidad peruana. Al momento de realizarle el registro (los policías) se percataron de una maleta, en cuyo interior se encontraba una gran cantidad de dinero en efectivo. Los conductores preguntaron al dueño del vehículo de dónde salía el dinero y ellos aseguraron que una parte era de un pago de una venta de oro en la ciudad de Machala. Los agentes preguntaron por la documentación respectiva y ellos manifestaron que no la poseían.
Con esas capturas realizadas se capturaron también escuchas telefónicas. Con la autorización de la autoridad competente, los agentes tuvieron acceso a dichas escuchas, los cuales se podría empatar con una interceptación telefónica del número 099......65. Este número según la vigilancia técnica correspondería al señor César C. La escucha fue en octubre del 2015 y dice: “—Hey, César escúchame: te acuerdas de estos pintos que estaban ese día en la oficina. —Cuál. —Los que llegaron de Gaona. — Correcto. —Los cogieron los policías. —Adónde. —No sé, quieren que les haga un recibo de egreso y no sé qué hacer, a nosotros no nos conviene hacer recibos de aquí. —Depende cómo los están manejando, sí se complicó. —Como sabes, ahorita me llamó ese chico a decirme que por favor le demos el recibo. —Entonces, estos tuvieron que decir que vendieron algo a la empresa. —Ahora qué hacemos, yo no les puedo escanear nada. —Pero tú le habías dado algún recibo. —No, yo no les di ningún recibo. —Por un lado mejor que no les distes (sic). —No no les he dado ningún recibo; como fue al apuro solo les di el análisis del laboratorio, que es un papel de Word y Excel, pero no les di ningún documento de egreso de caja. —Chuzo, por dónde los cogerían, eso también es otro problema. —Llámele a José Luis para que se comunique con ellos, yo no me puedo meter. —No será que los cogieron borrachos. —Estos cojudos, sabes que yo apago mi teléfono. —Yo estoy en Guayaquil, cualquier cosa voy ya que este número lo tienen José Luis. —Sí escuché a la policía, nos siguieron y necesitan un recibo para poder justificar dicho dinero. —Llámalo a José y me llamas al movistar”.
El Ingeniero Carlos Díaz es un auditor minero. Él hace el seguimiento detallado de los datos de exportación de minerales metálicos. Dentro del juicio contra las dos empresas y sus representantes el testimonió bajo juramento. En ese contexto, su declaración se refirió al consolidado de las exportaciones de las empresas mencionadas. En el 2014 que hicimos seguimiento a estas empresas, la empresa SN exportó USD 216'396,333.28, equivalente a un peso de 6,69 toneladas de oro. La empresa CSS en el año exportó USD189'648,569 con un peso equivalente a 1.25 toneladas de oro. Entre las dos compañías en el año 2014 exportaron USD 406'045,000, con un equivalente en peso de 12.84 toneladas de oro.
En el año 2015 solamente hay datos de la compañía CSS con USD 162'000,000, con un peso de 5.43 toneladas de oro. Según datos de ARCON y del Banco Central del Ecuador, que es la entidad oficial de cuentas de manejo de comercio exterior; la producción del Ecuador en el año 2014 fue 7.32 toneladas de oro, con un equivalente de USD 250'000.000 millones de dólares. Es decir —dice el perito— las dos empresas exportaron USD 175.44 millones más de la producción total del país, la cual llegó a 7.32 toneladas.
El policía nacional Carlos Veloz, hizo un resumen de las llamadas que detectaron en los operativos de vigilancia, y refiere en particular a las llamadas de César C, con HD (Hombres Desconocidos) del cual le refiere que se transportaran cantidades pequeñas y que están por confirmar. Luego de esto existe una comunicación en el cual una MD —el mismo que significa Mujer Desconocida— dice que las cajas están repletas de amarillo y verde; César le dice que quiere sacar una funda de monedas afuera de la oficina; también se comenta con otro HD, que está preocupado por operativos que se están realizando a las compañías SN y CSS, por lo que hay que andar con cuidado. En esas conversaciones se habla de depósitos de dos millones de dólares, y de la necesidad de constituir diez empresas para el área de minería y también que debían comprar facturas.
La antigua mina de Nambija, en el sur de la Amazonia ecuatoriana. Foto: José Luís Sánchez Hachero
Foto: José Luís Sánchez Hachero
Según Lorena Freire, por entonces Directora Nacional de Control Tributario del SRI, dijo en el proceso que las dos empresas mencionadas concentraban el 50% del comercio de oro en el Ecuador. Comentó que en abril del 2016 se cambió la actividad de los RISE para la compra y venta de oro: un minero no podía tener más de un RISE , no vender más de 60.000 dólares y no tener más de 10 empleados; y por ese abuso en el sector minero el SRI se percató de lo que estaba sucediendo.
Solo en el caso de la compañía SN, en el período 2013 a 2014, realizó compras de oro por USD 236'922,635.65; de estas compras realizaron exportaciones a los Estados Unidos: 142'413,694.05, a la compañía Hacar Metal usd 51'879.642.96 centavos, a la Republic Metal 46'536.970.63, dando un total de 241'230,307.34. De estas ventas al Ecuador llegaron mediante trasferencias de estas compañías USD 141'000.000 de la empresa LBT Import, de la empresa Hacar Metal, USD 26'700,756.00 y de la empresa Republic Metal llegaron USD 40'534,407.09, dando un total USD 233'274,939.21 que habían pagado por la compra venta de oro; en el Ecuador partiendo del año 2013 se obtuvo licencia para realizar estas actividades.
Entre el 2013 y el 2015 las dos empresas nacionales habían comprado oro por USD 585'112,669.89 a los proveedores. Los investigadores hicieron un análisis de 50 proveedores; primero se realizó el análisis de la actividad comercial, luego de los ingresos y egresos de dinero de los proveedores y luego realizar el análisis de los montos en el sector financiero, con lo declarado en el SRI. Se llegó a determinar que los proveedores de oro no habían tenido ingresos de la actividad comercial. De acuerdo a la UAFE, estos proveedores no mantenían montos en las cuentas del Sistema Financiero.
Las compañías ecuatorianas realizaron ventas en el exterior a la compañía Hacar, Republic Metal y otras empresas en Estados Unidos por un monto de USD 592'930,464.37. Por estas ventas las empresas ecuatorianas recibieron 208'439,975.55 la una, y la otra un monto de USD 349'263,671.89. Adicional a esto, de las cuentas salieron en efectivo USD 568'803,608.33 los cuales fueron transportados por una empresa de seguridad a la ciudad de Machala la misma que recolectaba el metal. La tipología que se ha observado, según la investigación fue la de utilizar empresas de pantalla, a través de las cuales mezclan el dinero lícito como el dinero ilícito. "Eso es lo más visto en el Ecuador", dicen los peritos testigos.
La mayoría de los supuestos proveedores de oro, eran amas de casa.
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