Pujilí, el sábado pasado, despidió masivamente los restos de Inocencio Tucumbi. Mientras Quito se sumía en un caos total, esa población mayoritariamente kichwa vivía un luto colectivo. Fueron casi dos días de homenajes para el líder indígena de la comunidad de Yanahurco. En su sepelio tocó la banda tradicional en la que Tucumbi fue parte. Le rindieron honores a su compañero caído en las protestas en Quito, el pasado 9 de octubre. Fue una melodía delicada con altos y bajos marcados por los platillos, las trompetas y los tambores. Tucumbi también hizo música con esos instrumentos sobre todo en la parte rural de Pujilí y por esa actividad fue muy conocido por las comunidades. Por eso el cobijo que dieron a sus familiares y amigos fue inmenso. Entre 3.000 y 4.000 personas estuvieron en el entierro de Tucumbi, según el comunicador Willy David Maigua, quien vive en ese cantón de la provincia de Cotopaxi.
Miles de pujilenses despidieron a Inocencio Tucumbi el pasado sábado en medio de un desconsuelo general.
Foto: Willy David Maigua
Los asistentes llenaron el cementerio municipal de Pujilí, ubicado a 15 minutos de Latacunga. La gente se subió sobre las dos edificaciones que contienen los nichos con los restos de los fallecidos. En la mitad, el corredor estuvo a reventar de personas. Una bandera tricolor flameó en medio de la multitud mientras sus más allegados despedían al indígena. Sus nietos lloraron sin consuelo y una de ellas se desmayó. La niña tuvo que ser evacuada del lugar. La tristeza era visible en hombres, mujeres y niños, en su mayoría indígenas, que llegaron con su vestimenta tradicional, algunos de ellos con sombreros negros. En redes sociales lo llamaron “héroe nacional”, “un luchador por su pueblo”. Le dijeron ‘yupaychani’, que en kichwa significa gracias.
La noticia de la muerte de Tucumbi causó indignación en Pujilí. Pero los pujilenses rápidamente se prepararon para recibir a su líder. Lo velaron por dos días. El féretro llegó al cantón el jueves pasado por la noche después de que se ofreciera una misa en cuerpo presente en el Ágora de la Casa de la Cultura. Allí miles de indígenas que arribaron para las manifestaciones en Quito. Su madre enardecida tomó el micrófono. Gritó y lloró frente al público. Sacó lágrimas a muchas mujeres indígenas reunidas en ese lugar que fue símbolo de la protesta. Una vez que su cuerpo llegó a Pujilí fue llevado al municipio para ser velado. La sala dispuesta fue muy pequeña para las decenas de personas que querían despedirlo, por lo que las autoridades decidieron llevar el féretro al Coliseo Mayor de la ciudad donde estuvo todo el viernes. En la mañana del sábado, 300 personas acompañaron el féretro hasta el barrio Jesús del Gran Poder para ser velado por sus familiares más cercanos. En ese sector vivía Tucumbi.
Finalmente fue trasladado al cementerio. La caravana recorrió las principales calles de Pujilí. La multitud fue creciendo en ese recorrido y se tomó más de una hora en llegar al camposanto. Una escena ilustró el dolor. Uno de sus siete hijos de Tucumbi, Gustavo, dio un breve discurso: “La lucha de mi padre la vamos a llevar como un legado para las nuevas juventudes”. Lo hizo cubierto por la bandera ecuatoriana. Se quedó sentado sobre las escaleras de madera y hierro que se usaron minutos antes para colocar el féretro en su última morada. El estandarte tricolor fue por unos instantes su refugio para cubrir su llanto. A su alrededor, los asistentes con ramos de flores y decenas de celulares observaban el dolor del joven.
Unas muertes con muchas versiones
Seguir el rastro de cómo ocurrieron las ocho muertes que la Defensoría del Pueblo ha registrado en las protestas contra el Gobierno ha sido un trabajo de hormiga. Las múltiples versiones y la falta de investigaciones inmediatas han llenado esas tragedias de elucubraciones. Lo único cierto es que la crisis en Ecuador terminó con el costo de ochos vidas. Una de ellas fue la de Tucumbi. Según el informe del médico legista de la Fiscalía General, Edgar Ramos, la causa de la muerte del líder indígena fue una “hemorragia cerebral”, “fractura de piso anterior y medio de cráneo”, “trauma”. Las fotografías que circularon del líder fallecido entre la dirigencia eran impactantes. Se observó un rostro desfigurado, ensangrentado, con los ojos hinchados y amoratados. Tucumbi estuvo por una hora en el hospital Eugenio Espejo hasta que falleció.
Las versiones sobre cómo ocurrió su muerte fueron diversas. El dirigente Leonidas Iza aseguró, el pasado jueves en el Ágora de la Casa de la Cultura, que Tucumbi cayó por el impacto de una bomba y después le pasaron los caballos en la noche del miércoles. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, coincidió con esa afirmación y sostuvo que el artefacto le cayó a la altura de la frente mientras huía de los policías que desalojaron el parque El Arbolito. El hijo de Tucumbi contó que los hechos se produjeron a las 19:30 del pasado miércoles durante las protestas. Los manifestantes fueron perseguidos por la policía hasta la Universidad Salesiana, incluso una bomba lacrimógena cayó dentro de este centro educativo que abrió sus puertas para el descanso de mujeres y niños indígenas. “Los señores policías nos siguieron con las bombas y dispararon a mi padre, desde los caballos, le disparan a la cabeza, y se murió mi padre”, dijo el joven hijo de Tucumbi. Pero la ministra María Paula Romo, en cadena nacional, sostuvo que el manifestante murió por una caída y no por un golpe ni asfixia y deslindó responsabilidad de la Policía. Dijo tener en sus manos el informe de la autopsia, pero nunca dio detalles de qué causó la caída.
En el Ágora de la Casa de la Cultura se ofreció una misa por el fallecimiento del dirigente. Estuvo cubierto por la bandera nacional y la wipala indígena. Foto: Luis Argüello
Según el último informe de la Defensoría, en Quito murieron siete de las ocho víctimas. La única que no sucedió en la capital fue la Raúl Chilpe, que ocurrió en Molleturo, Azuay, el 6 de octubre. Chilpe fue atropellado en un corte vial por un auto privado. Entre el 7 y 8 de octubre fallecieron José Daniel Chaluisa Cusco y Marco Humberto Oto Rivera. Ambos cayeron de un puente en el sector de San Roque después de una “persecución policial arbitraria”, según la entidad. Chaluisa Cusco murió inmediatamente. Mientras que Oto, por la gravedad de sus heridas, falleció un día después en el hospital Eugenio Espejo. Fue declarado con muerte cerebral y desconectado.
Christian Oto, su hermano, contó a Plan V que el informe de autopsia certifica fracturas en sus piernas, brazos, manos y rostro. Dijo que su nariz quedó hundida. No está seguro si Marco, de 28 años, cayó de frente o recibió un toletazo de los policías en su nariz.
Marco Oto tenía un 46% de discapacidad intelectual.
Eso le hace suponer la cronología de los hechos ese día. Marco tenía una discapacidad intelectual del 46%. Trabajó durante ocho años como empacador en la empresa Quala, que distribuye fabrica los refrescos congelados Bonaice. El 7 de octubre salió a trabajar y tenía planificado ir al Tejar para comprar dos pantalones, uno para él y otro para su madre. A las 17:30, Marco envió una fotografía a su hermano de las protestas en el centro y le dijo ‘la Policía está agrediendo a mucha gente’. Su familiar no sabe si Marco subió al puente de San Roque para tener una mejor vista de las manifestaciones o por simple curiosidad. En ese momento, según videos difundidos por redes, se observa a un grupo treparse unas rejas en la mitad de la infraestructura. Pero la cámara se mueve y lo siguiente que se ve son los cuerpos de los jóvenes botados en la calle. La ministra María Paula Romo desmintió que la Policía los haya empujado.
Captura de imagen de uno de los videos que registró lo caída de los jóvenes del puente de San Roque.
Pero la familia cree que los uniformados sí tienen responsabilidades. Para Christian, la Policía acosó los manifestantes y en medio de ese caos los gendarmes confundieron con uno de ellos a Marco. “Les arrinconaron y del miedo se botaron o por el susto de los golpes”, afirma. Dice tener un video donde se ven a los gendarmes a 15 metros de distancia de los jóvenes sin que les prestaran ayuda. A Marco, según su hermano, lo llevó el chofer de una camioneta desconocida que lo dejó en el hospital. Christian aún está indignado por la versión que circuló acerca de que su hermano era un delincuente. Ahora pide que se limpie la imagen del joven. Marco, quiteño él y su familia, era el último de cinco hermanos. Era el sustento de su padre de 78 años y de su madre de 60. Fue enterrado el pasado viernes. Desde ese día Christian reúne los documentos para poner la denuncia en la Fiscalía. Tres abogados de derechos humanos lo ayudarán. Este caso, dice, no debe quedar en la impunidad.
Sobre las otras cuatro muertes, la única información disponible es la de Defensoría. José Rodrigo Chaluisa es otro dirigente indígena de Cotopaxi. Murió el 9 de octubre por asfixia y arrollamiento en el sector del parque El Arbolito. Abelardo Vega Chaizaguano y Silvia Marlene Mera Navarrete fallecieron el viernes 11 de octubre. Vega estuvo presente en las protestas del 10 de octubre en el centro de Quito. La Defensoría asegura que fue arrollado por un patrullero. Murió un día después en el Hospital Enrique Garcés, al sur de la ciudad. Mientras que Mera también estuvo en las protestas en el centro. Tuvo un accidente de moto en un cierre vial. Su diagnóstico fue politraumatismos, traumatismo craneoencefálico grave y traumas facial y torácico. Al final del 14 de octubre, una persona más se sumó a la trágica lista: Édison Eduardo Mosquera Amagua.
Según el Gobierno, ni una sola de las muertes reportadas tiene que ver con los sucesos. Las investigaciones legales y los protocolos de autopsia determinarán las causas reales de esos fallecimientos, los cuales fueron denunciados constantemente por los dirigentes indígenas, aún durante los diálogos públicos con el Régimen. En cadena nacional y ante millones de espectadores —que se pegaron por millones a sus televisores y a sus pantallas de computadora o teléfono— Jaime Vargas le dijo a Lenín Moreno que había diez muertos. Ninguna autoridad le desmintió.
El 15 de octubre, la ministra Romo volvió a deslindar la responsabilidad de la Policía en todos esos decesos y que en todos los casos la Policía usó fuerza disuasiva no letal. Su reporte oficial dice: “Hay 6 muertes accidentales (tránsito y caídas), 1 nombre que no se halla en ninguna institución y que tal vez sea repetido (Chaluisa José Rodrigo). La octava muerte (Mosquera) está en investigación fiscal”. Esta última se habría producido por un arma en el barrio Cumandá, en Quito.
Las cifras de la tragedia
Este es un balance de lo que dejó la protesta indígena entre el 3 y el 14 de octubre.
- 1.340 personas heridas que fueron atendidas por el Ministerio de Salud Pública, el IESS y la Cruz Roja Ecuatoriana. Hay 4 heridos graves se encuentran en los hospitales Carlos Andrade Marín (1) y Eugenio Espejo (3). “Hay pacientes que están en condición crítica, cuya vida corre riesgo, lo cual, sin duda, ocasionará daños irreparables”, dice la Defensoría. Esa institución también registró que en el Hospital Baca Ortiz de niños ha recibido 7 pacientes, dos de un año de edad, uno de 5, 14, 25, 31 y 58 años respectivamente, quienes han obtenido el alta.
- 1.192 personas fueron detenidas, de las cuales el 96% corresponde a hombres y el 4% a mujeres. El mayor número de personas detenidas se registró en Pichincha (532), seguida por Guayas (310) y Tungurahua (59). El Ministerio de Gobierno dio la cifra de 1.419 detenidos, dentro de los cuales hay 41 venezolanos y 8 colombianos.
- 202 policías fueron retenidos. En los lugares donde más uniformados fueron retenidos: Chimborazo (67), Quito (54) y Cotopaxi (44), según el Ministerio del Interior.
- 496 policías resultados heridos en la jornada violenta, según la ministra María Paula Romo. Cuatro de ellos tienen lesiones graves: dos tuvieron quemaduras en gran parte de su cuerpo y dos perdieron un ojo. En Quito se produjo el mayor número de agresiones: 155. Le sigue Orellana (32), Pastaza (11), Azuay (9) y Guayaquil (8). 22 edificaciones policiales fueron afectadas, 12 de ellas están en Quito.
- La ministra María Paula Romo dio el 15 de octubre las cifras del Gobierno sobre las afectaciones de la paralización: 1.330 aprehendidas de la cuales la gran mayoría fueron liberadas después de 24 horas, según Romo. De ellos 57 son extranjeros. Hubo 1.507 ciudadanos atendidos en el sistema de salud pública —la mayoría fueron atenciones ambulatorias—. Esa cifra incluye policías y periodistas. Específicamente 435 policías tuvieron lesiones de distinta gravedad. Aseguró que no hubo desaparecidos. Se registraron 132 carreteras y caminos principales bloqueados; hubo 26 UPC destruidas, 1 UVC quemada —la de la av. 24 de Mayo en Quito— y 108 vehículos policiales afectados.
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