El ex secretario de la Senescyt y ex secretario general y
rector de la Flacso, Adrián Bonilla, analiza las razones del
levantamiento popular de octubre, sus contextos políticos y
económicos y sus consecuencias. Una lectura rigurosa de su
pensamiento puede dar luces sobre el camino que debe
tomar la sociedad ecuatoriana.
¿Cual es su diagnóstico de lo que estamos viviendo y cómo llegamos a esto?
Lo que estamos viviendo es un momento de conflicto social, que se expresó violentamente en las calles, como consecuencia de un detonante que fueron las medidas económicas, pero también por una insatisfacción social, no solamente con el desarrollo de la economía sino también por el deterioro de las instituciones políticas del Ecuador. Los antecedentes de estas medidas económicas tienen que ver con un hecho global, que afecta a los países de América Latina y es la contracción de las economías, provocada por la reducción de la demanda de sus productos de exportación, que en buenas cuentas determinó que en el Ecuador el Gobierno del presidente Lenín Moreno entrara con un presupuesto que tenía menos ingresos que egresos. Esto le obligó a tomar una serie de medidas, que implicaron la reducción del gasto público, que obligó al despido de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas en la capital de la República, y finalmente a la adopción de varias líneas de crédito, una de ellas con el FMI, que supone la adopción de una serie de medidas (no las dice en concreto) para tratar de equilibrar el desequilibrio fiscal.
Se planteó entonces, como una salida, subir el precio de los combustibles, descartando la posibilidad de trabajar el equilibrio fiscal con más impuestos, porque entre otras cosas los partidos del centro a la derecha en la Asamblea Nacional anunciaron públicamente que no apoyarían la aprobación de más impuestos. Entonces, en la construcción de estas medidas tenemos una responsabilidad que involucra al Ejecutivo, pero que involucra también a la Asamblea y a los partidos que pudieron haber dado una mayoria en la Asamblea, que habría permitido un plan de ajuste con una impacto menos evidente en los bolsillos ecuatorianos.
Tomadas las medidas tenemos un primer paro de choferes, e inmediatamente después la movilización de cientos, de miles de indígenas de una organización a la cual se subestimó, que es la Conaie, y que finalmente llegaron a Quito. Lo que ocurrió en Quito no solamente fue la expresión de manifestantes indígenas, sino un estallido, a veces espontáneo y a veces organizado, que derivó en actos de violencia, que existió no solamente de parte de los manifestantes sino también de la respuesta de la fuerza pública, porque si bien en el Ecuador nunca se había visto esta intensidad por parte de las personas que protestaban, tampoco se había visto una intensidad similar en el control de las movilizaciones.
¿Y dónde quedan, en este diagnóstico, los argumentos de que se trató de una acción insurreccional y conspirativa para producir un caos que condujera a un golpe de Estado?
Analíticamente las conspiraciones no son causas; las conspiraciones no explican fenómenos sociales; las conspiraciones, que sí existen por supuesto, son productos, son fenómenos que se producen por unas causas que son políticas o que son sociales. Entonces, por supuesto hay evidencias de la organización de la violencia, pero esta violencia organizada no explica el conjunto de las movilizaciones; no explica una conspiración interplanetaria las movilizaciones de los actores sociales y el fenómeno de carácter nacional de oposición a las medidas económicas. Una teoría de la conspiración sí explica episodios aislados. Sí podría explicar el incendio de la Contraloría, sí podría explicar los atentados contra los medios de comunicación; sí podría explicar la agresión selectiva contra personas de medios de comunicación o amenazas a distintos personajes públicos. Eso es explicable, pero sería muy reduccionista atribuir a las conspiraciones un fenómeno social. Las conspiraciones existen como un subproducto, no como la causa. Nosotros podemos explicar la revolución china como producto de la acción del Partido Comunista, sí claro, pero como consecuencia de una necesidad de transformación de una sociedad después de la guerra. No podemos explicar la caída del régimen zarista en Rusia por el talento de Lenin y Trosky solamente; ahí hay un escenario de carácter social en el cual esto pudo tomar cuerpo. Y en el caso del último levantamiento indígena y popular, hay muchos actores, muchas posiciones, pero fue un fenómeno de carácter social, y no fue el resultado exclusivo del activismo organizado de personas que querían derrocar al Presidente que, por supuesto, sí las hubo, pero esto por sí solo no explica el conjunto. Y tanto no lo explica que el momento en que se produce el diálogo entre los dirigentes indígenas y el Gobierno, se desactiva la violencia, de inmediato.
La Conaie había anunciado un levantamiento dos meses antes de octubre, y este tenía que ver con otras agendas (extractivismo y el fracaso del diálogo), y luego se emite el decreto 883; pero es improbable que el Gobierno no haya medido los impactos de su decisión. Mi pregunta es: ¿hubo un enorme descuido político del Gobierno frente a los actores sociales?
Lo que tenemos ahí es un plan de ajuste que fracasó. Los planes de equilibrio fiscal en América Latina a veces se implementan y a veces fracasan. No es excepcional que como consecuencia de una movilización popular, como hubo en el caso ecuatoriano, un plan de ajuste o gubernamental se haya detenido. Un plan de ajuste puede tener una racionalidad, pero esta no basta para que pueda implementarse, tiene que ser políticamente viable. Y lo que ocurrió fue que la propuesta del Ministerio de Finanzas no fue viable políticamente. Y ahí, obviamente, hubo una evaluación que subestimó el impacto de las medidas, subestimó la capacidad simbólica, subestimó la insatisfacción de la sociedad, a pesar de que reiteradamente esta sale en todas las encuestas. En todas las encuestas salen preguntas como: ¿usted cree que estamos peor o mejor que en el pasado? ¿Usted cree que el próximo año vamos a estar mejor o peor que en este año? ¿En los últimos años usted ha mejorado o empeorado en su situación económica? Y en todas las encuestas hay un clima de insatisfacción social, que no es una especulación, está medido. Igualmente tenemos unas encuestas que hablan de la aceptación de la gestión gubernamental. Esto era como claro; se subestimó la capacidad de movilización de la Conaie, que no es la de un partido político, es la de un colectivo social que tiene la capacidad de hacer un llamado; no son células organizadas militarmente, la Conaie hace un llamado y las comunidades responden o no responden.
No es el primer levantamiento de la Conaie...
Ha habido muchísimos y muchos de ellos muy débiles. Entonces, si es que la Conaie hace un llamado y no obtiene respuesta, esto no sorprende a nadie; pero esta vez la Conaie hizo un llamado y tuvo enorme respuesta, no solamente de las comunidades indígenas sino también de varios sectores jóvenes, muchachos insatisfechos, antisociales algunos, dirigentes barriales que se sumaron, algunos para expresar su protesta por las medidas y otros con agenda política. Y lo más notable en esa agenda política fue la intención de un partido, de una agrupación, de confundir una agenda reivindicativa con una agenda de carácter electoral que llamaba a la deposición del Presidente y a la muerte cruzada. Cuando esto no se materializó, esta agrupación quedó absolutamente desguarnecida, absolutamente vulnerable, mucho más débil que en el pasado (fue un gran error estratégico), sujeta a la posibilidad de judicialización y sin que nadie la pueda defender, sin que nadie la quiera defender.
Usted menciona varias veces el verbo subestimar. Un Gobierno que supuestamente hace política, desde una visión histórica incluso, no puede subestimar al movimiento indígena. Hubo incluso mesas de diálogo para el efecto. Cuando Jaime Vargas dice al Presidente en vivo y en directo que en todo este año ninguno de los ministros les ha contestado el teléfono, está dando cuenta de un déficit de política en el Gobierno.
Es que a esos diálogos no se convocó a todos los actores sociales y particularmente a estos actores. Los actores sindicales e indígenas no fueron convocados; sí fueron convocados actores sociales afines a las políticas gubernamentales. Este proceso de diálogo con los movimientos sociales en realidad termina con el referendum que permite la reinsitucionalización jurídica del Estado y luego tenemos un vacío institucionalizado que conduce a errores politicos. No es la información la que produce inteligencia, es la capacidad de discernir. La inteligencia en el Ecuador y en cualquier parte del mundo tiene como profesión la paranoia. Pero al político le toca separar la paja del trigo. Entonces no puede ser que haya una presión para que se encuentren conspiraciones y el resultado de esta presión política y mediática es que hay una conjura internacional organizada por unos taxistas de Uber, que son apresados como prueba de la participación de una potencia extranjera. Esto es un error de inteligencia, por supuesto (que está buscando conspiradores y encuentra unos choferes que están estacionados, que es normal, todas las personas que van al aeropuerto los ven), pero de ahí a montar una conjura internacional tenemos un error político, que además permita que ese tipo de información se divulgue, lo cual deja mal no solamente a la inteligencia sino a quienes reciben esos informes y les dan crédito.
¿Dónde queda el Gobierno después de todo esto? Para muchos sectores queda un Gobierno debil, coaccionable, y sus decisiones quedan limitadas a una pequeñísima cancha política.
El Gobierno hizo lo que tenía que hacer, no tenía una mejor opción. Después de haber planteado las medidas y después de la reacción popular, no había una mejor opción que retirarlas, dialogar y reestructurarlas. La otra opción era un baño de sangre, una masacre. Y una masacre no es viable políticamente en la América Latina del presente. Implicaría un delito de lesa humanidad, implicaría más temprano que tarde la prisión de las autoridades políticas responsables, implicaría su estigma para siempre en el país y no supondría estabilidad políca y social. Tendríamos una sociedad ecuatoriana rota, fracturada, enfrentada por varias décadas. Entonces la opción que algunas personas plantean de que los militares tenían que ser más firmes, que la policía tenía que usar armas de fuego, es estúpida, no es viable políticamente; en términos éticos esto es como evidente, políticamente esto hubiese acarreado responsabilidad inmediata sobre las personas que ordenaban una situación de esa naturaleza, y además no hubiese solucionado en absoluto el problema y habría agravado el escenario.
¿Y después de esto, qué?
Después de esto el Gobierno debe encontrar un camino alternativo, porque un plan de ajuste no es una cosa única, hay varias posibilidades de planes de ajuste. Un plan de ajuste en las circunstancias actuales supondría focalizar los subsidios primero, y sincerar los precios de los combustibles después de haber focalizado los subsidios. Plantear medidas de compensación hacia los sectores populares, que no acompañaron a las medidas originales, porque las que había (como exenciones de impuestos, el fin del anticipo del impuesto a la renta, flexibilización al impuesto de salida de capitales) no fueron para la gente a la cual se le subía los pasajes. Supone, entonces, compensaciones, sincerar los precios de los combustibles previamente con la focalización, y supone una política tributaria que implique la acción de la Asamblea, que en la medida de lo posible sea progresiva y no regresiva; el IVA no es progresivo, pero da dinero constante y sonante, ahí está la responsabilidad de la Asamblea; recaudar mejor los impuestos, hay mucha evasión en el Ecuador y no podemos seguir siendo tolerantes con la evasión fiscal. Con una serie de medidas alternativas se podrían alcanzar las metas fiscales, que tenían un cumplimiento relativamente fácil si el gobierno hubiera podido implementar su plan de ajuste, pero la realidad demostró que no era políticamente viable el plan de ajuste propuesto por (el ministerio de) Finanzas. Además, informar mejor, porque durante las dos semanas de crisis tuvimos mucha vocería política y prácticamente ninguna vocería que argumente económicamente desde el ministerio de Finanzas sobre la racionalidad de las medidas.
¿Crees que falló la comunicación del Gobierno?
Creo que falló, y la comunicación desde el ministerio de Finanzas desapareció.
Quedan dudas sobre si este Gobierno fue derrotado. ¿La Conaie y los movimientos sociales tuvierno una victoria política? ¿Se puede pensar de ese modo?
No creo que se pueda pensar en victorias y en derrotas; lo que tenemos básicamente es una vuelta de página y un regreso al principio lo cual ofrece la oportunidad de diseñar mejor la política pública. Obviamente la capacidad del Gobierno queda en duda; la capacidad de interpretar los sentimientos de la población, pero esto es algo que el gobierno puede corregir. Es un Gobierno al cual le queda año y medio; el próximo año viene a ser absolutamente electoral y tendrá que hacer lo mejor posible hasta que esto termine, tomando en cuenta que además de los emprendedores que están en el quintil superior de la sociedad, existen otros cuatro quintiles mayoritarios, a los cuales también hay que atender y observar en términos políticos.
¿Cómo viste la acción de los partidos, de la Asamblea en esta crisis?
Creo que la Asamblea cometió otro error estratégico. Porque la Asamblea no sesiona, argumenta su presidente, para no echar gasolina al fuego y evitar que se plantee la destitución del Presidente y todas estas cosas. Pero la Asamblea pudo haber sido la válvula de escape que permita, en lo político, bajar las tensiones. En la Asamblea estaban, por supuesto, las personas que apoyaban al paro, las personas que pedían la salida del Presidente, las personas de los partidos del centro a la derecha que no se comprometieron con el Gobierno ni lo apoyaron cuando tenían que apoyarlo en términos de la política tributaria; estaban los diputados del Gobierno, pero no había de manera alguna una mayoría para destituir al Presidente, no la había. Entonces, lo que hubiéramos tenido es una gran pelea parlamentaria que exprese las contradicciones que se estaban viviendo en la calle y eso le hubiese quitado mucha presión a la calle; probablemente hubiésemos tenido un desfile de ministros, claro, pero es menos costoso para el país que los ministros desfilen por la Asamblea que tengamos un enfrentamiento que destruyó propiedad pública y privada y que causó tantos heridos y tantos presos.
¿Queda una fractura social? Hay voces que quieren judicializar y criminalizar las acciones de los líderes de la Conaie, y son voces desde la sociedad civil, la clase media quiteña se asustó...
Creo que hay un posicionamiento de acuerdo al ingreso, a propósito de las medidas y de la reacción a los sucesos. Creo que la clase media es muy heterogénea. Si llamamos clase media quiteña a la que pertenece a los clubes privados ya no estamos hablando de clase media. Creo que el llamado a judicializar, a la persecución es un error que puede ser muy costoso para el país; porque este es un momento de tener un proyecto conjunto preservando las identidades y las diferencias; este proyecto conjunto de ajuste puede darse a través del diálogo, pero el diálogo sería hipócrita si al mismo tiempo tenemos una política de encarcelamiento de los actores sociales con los cuales se está dialogando. Esta es una reacción tardía, una reaccíon de frustración y que interpela algunos atavismos de la sociedad terrateniente y oligárquica, que alude al racismo, a lo menos presentable de la vida social, a lo que hace menos posible vivir en comunidad, a lo que hace menos posible tener la sensación de vivir en un país compartido. Esto del racismo, esto de la persecución, esto de la venganza ya lo sufrimos en el gobierno pasado y no podemos justificarlo ahora. Creo que el momento, la oportunidad política que presentó el diálogo, es precisamente es el de construir un proyecto económico relativamente estable, que permita salir de esta situación. La judicialización, la persecución, la rabia de aquellos que se creían dueños de la ciudad y que no son dueños de la sociedad. Estamos en el 2019, la gente no es dueña del país, de la sociedad ni de la ciudad; esta rabia contenida no puede guiar las acciones del conjunto de la sociedad ni tampoco las del gobierno, porque entonces tendríamos un problema que simplemente lo dilatamos, enfatizamos, lo agudizamos. Creo que es el momento de aprovechar la oportunidad que el diálogo abre; es un diálogo difícil, que no necesariamente va a tener resultados ni consensos absolutos, pero que va a permitir explicarnos cuáles son las necesidades y las mejores opciones, tomando en cuenta unos actores que no fueron tomados en cuenta al principio.
¿Crees que es posible desactivar la violencia, las acciones vandálicas, los saqueos, los ataques?
Eso expresa un sentimiento de anomia, dirían los sociólogos de principios del siglo XX; es decir, de ausencia de institucionalidad que permita percibir la construcción de un proyecto colectivo, en este caso de nación. Eso expresa, por supuesto, y ahí pueden evidenciarse los instintos más bajo de las personas, pero es un problema más grave que eso: no se puede encarcelar a todos. La situación es más preocupante: las personas del quintil superior de la población en términos de ingreso deben conocer que estan viviendo en una sociedad que es bastante más diversa que las de sus expectativas, muy desigual, y que si no tomamos conciencia de esa desigualdad esto que vivimos puede repetirse constantemente con una intensidad igual o superior. Todavía no tenemos en el Ecuador, y eso es lo que tendríamos que evitar, violencia política organizada. No tentemos al diablo invocándola.
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