La discusión sobre el cheque que Rafael Correa cobró de un fondo de aportaciones ilegales, sobre todo por su monto de 6 mil dólares, está convirtiéndose en una trampa. Una trampa que esconde lo que el cheque realmente significa pero que sobre todo está impidiendo ver lo que quizá debería ser lo más grave para una sociedad y que salta a la vista en todos las colecciones de documentos de Pamela Martínez que han aparecido últimamente: el manejo perverso, inmoral y desvergonzado del Estado por parte de un grupo de personas.
Si bien los argumentos que tratan de restar importancia al cheque, por el monto, no se sostienen en absoluto porque tratan de tapar una horrenda ilegalidad con un razonamiento pueril, lo que realmente se está dejando de mirar es quizá lo más grave: cómo se manipuló durante años desvergonzadamente la justicia, cómo se desinstitucionalizó el país y cómo se utilizó el poder para destrozar sin compasión y ni el más mínimo humanismo las vidas de algunos críticos del gobierno de Correa.
Poco se debate, en efecto, sobre la inmoralidad y la carencia absoluta de ética con la que se manejó el poder durante el correato y esa es una discusión que toda sociedad debe hacerse permanente sobre el poder. Si bien los cuadernos y los correos electrónicos de la asistente de Correa, Pamela Martínez y de su ayudante Laura Terán solo confirman lo que ya se sabía, existen detalles que permiten ver la dimensión de la perversidad con la que usó el poder. Un ejemplo de eso es la evidencia de cómo Martínez, con coordinación con su patrón Rafael Correa y el resto de personas que administraban la justicia en el país desde el Consejo de la Judicatura de entonces, hicieron que la demanda que Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio sea desechada por maliciosa para poder demandarlos por injurias y condenarlos a 18 meses de prisión por ello. El hecho significó que la vida de los tres haya sido devastada y, en el caso de Figueroa por ejemplo, que haya sido detenido aprovechándose de la agonía de su madre por un cáncer terminal. La maldad ejercida desde el poder es un hecho que no puede ser ignorada por una sociedad que se supone es la que presta ese poder a quienes lo administran. Eso no está en debate.
Otro de las evidencias que aparecieron en los documentos de Martínez sobre la perversión de quienes ejercieron el poder durante diez años y que va más allá de la deshonestidad y la ilegalidad es, por ejemplo, el reporte sobre cómo se quiso pagar a peritos (que finalmente se negaron) para que dijeran que el mayor Fidel Araujo estaba utilizando un chaleco antibalas durante el levantamiento policial del 30 de septiembre del 2010, para así poderlo acusar de intento de asesinato a Correa. Araujo pasó seis meses de vida en la cárcel por un supuesto delito que únicamente cometió en la imaginación y perversión de Correa y quienes lo acolitaban en todo. ¿No es acaso esto un acto de inhumanidad cometido gracias al abuso del poder?
Los documentos de Martínez, entre los que está el cheque de marras, ponen en evidencia también con un nivel de detalle y precisión escalofriantes cómo se manipuló todo el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional y de los magistrados para Corte Constitucional mientras se mantenía un discurso de supuesto saneamiento de la justicia. Aquello es una evidencia contundente de cómo se estafó la fe pública y, sin embargo, la única discusión parece ser por el momento el monto del cheque, como si una ilegalidad se midiera por la cantidad de ceros en una cifra.
La polémica del cheque también ha logrado esconder lo que ese documento realmente significa. El argumento de que no existe ilegalidad porque era un préstamo de fondo partidista es ridículo, puesto que el origen de dichos fondos es completamente ilegal e inmoral. Además, la tesis del préstamo tiene unas inconsistencias de terror. Por ejemplo, luce como más que improbable que Correa, que había ganado gracias a su posición de presidente un juicio en 2008 por 600 mil dólares al Banco del Pichincha haya tenido problemas de liquidez por ese monto. El periodista Arturo Torres lo puso claro así en un tuit: “Mientras en 2014 pedía préstamos a sus subalternas porque estaba chiro, el 2015 reportó su declaración de bienes un patrimonio de 569 mil dólares, incluidas dos cuentas bancarias con 159 mil 606 dólares en efecto. ¡Magia pura!”.
¿Por qué Correa no pidió prestado el dinero, si tenía un hueco en sus cuentas, a su tarjeta de crédito o a su banco? ¿Por qué el supuesto pago de su préstamo lo hizo antes de haber recibido el dinero (así se ve en las fechas) y por qué lo firmó a nombre de Pamela Martínez? ¿Dónde está la contabilidad del supuesto fondo solidario si tal cosa existió? La defensa de Correa y sus operadores, basada básicamente en la cantidad de ceros de la cifra, no se sostiene por ningún lado. No es el monto del cheque lo que realmente importa, sino la existencia de un fondo conseguido de forma ilegal e inmoral, cuya existencia y vinculación al ex presidente se prueba con ese documento. El abogado y catedrático de la Universidad San Francisco, Farith Simon, lo graficaba así en su cuenta de Twitter al comentar el argumento de Correa: “Ceguera se llama. Parece que no entiende que el problema es bastante más complejo: las grandes empresas que recibieron los mayores contratos (muchos con sobreprecio) son ‘financistas de Correa’. Los 6 000 son una anécdota».
Sí, la cifra no es sino una anécdota que está logrando distraer a la sociedad de un debate esencial para construcción de un sistema político decente: la naturaleza fraudulenta, mafiosa y profundamente perversa del ejercicio del poder de Correa y sus operadores. Lo que le ocurrió a Figueroa y Araujo, entre muchos otros, no puede ser únicamente una anécdota.
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