Un simple archivador de carpetas, de esos metálicos que hay en cualquier oficina, puede convertirse en un extraordinario vehículo para hacerse rico por la vía chueca. Basta con vender 40 de ellos al sector público con el demencial sobreprecio de casi 3 mil dólares cada uno. ¡Bingo!.
La historia del archivador no es metáfora. Es tan real que viene detallada y narrada minuciosamente en un reciente informe de Contraloría hecho a la contratación de consultorías y construcción de obras, hecho en casi todo el país por el Consejo de la Judicatura, entre enero del 2011 y septiembre del 2018. Es decir, en su mayoría bajo la rectoría de Gustavo Jalkh. Ahí se ve cómo, un bien aparentemente tan insignificante como un archivador de apenas 90 por 40 centímetros, puede producir una ganancia chueca y de un solo golpe de 117 054 dólares.
Según el informe, la Contraloría descubrió el negociado del archivador mientras hacía un examen a la construcción de las sedes del Consejo de la Judicatura en dos poblaciones de la provincia de los Ríos. Mientras para la sede de Pueblo Viejo se compraron 21 archivadores a 234 dólares cada uno, para la sede en Vinces se pagó la estrafalaria cifra de 3 160 dólares por exactamente el mismo archivador cuyo único requisito era ser capaz de archivar carpetas.
El informe de Contraloría establece sobreprecios y trampas, similares a las del archivador, en la construcción de obras del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Loja, Azuay, Santo Domingo, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana. Obras que, en total, alcanzaron algo más de 40 millones de dólares.
En el documento hay casos de sobreprecios, obras por las que se pagó pero no se hicieron, otras que se hicieron pero no sirvieron porque estaban mal hechas o eran innecesarias, compras que nunca llegaron a su sitio o incluso costos que debían sufragar los contratistas pero que El Estado terminó pagando. En definitiva, el examen de Contraloría es un compendio que muestra cómo la metida de mano en la justicia del correato no solo permitió controlar la administración de justicia, sino también abrir las puertas para chanchullos e ingresos irregulares.
Un ejemplo, menos curioso pero que implica montos mucho más grandes que el del archivador, es el de una consultoría que el Consejo de la Judicatura contrató en 2012 para la construcción del Complejo Judicial de Quito. El trabajo costó 741 171 dólares y no sirvió para maldita la cosa: no fue usado. Según el examen, la consultoría no tenía relación con la realidad, pues no tomaba en cuenta las características ni del terreno ni de los planos de la obra. Además era incompleta pues no incluía cálculos estructurales, diseños y otras variantes y era inconsistente en casi todo lo que señalaba. Todo esto ocasionó, según los auditores, que la Judicatura pague 742 171 dólares por «productos de consultoría que presentaron inconsistencias en su contenido, por lo que no fueron totalmente aplicables para la construcción de la obra civil».
Otra conclusión del examen hecho por los auditores de la Contraloría dice que las obras contratadas bajo el régimen de emergencia (sin los procedimientos regulares de licitación y contratación que debe tener toda obra pública) fueron entregadas mucho más tarde de lo que decía el contrato. Eso demuestra, dice el informe, que las obras no eran urgentes como decía la Judicatura. «Se superaron de 15 a 138 veces los plazos previstos contractualmente, contratos que por su naturaleza de emergente debieron realizarse de manera oportuna». En otras palabras, se usó la figura de «emergencia» únicamente para facilitar la entrega a discresión de las obras.
En el informe, además, se detectaron pagos de 4 661 831 dólares para cancelar rubros nuevos no contratados, generados durante la ejecución de los contratos y que en muchos casos no tenían justificación. Por ejemplo, en el cantón Mira, provincia del Carchi, se pagó 293 732 dólares para cancelar rubros no previstos en la sede construida en ese pueblo o 322 973 en el caso de la Unidad Judicial de Pichincha, en la provincia de Manabí. Así en casi todos.
El informe es un devastador registro de cómo el gigantesco gasto hecho en la construcción de sedes del Consejo de la Judicatura, hasta en los más pequeños y remotos cantones del país, permitió un importante desvío de fondos y la construcción de obras que eran, en su mayoría, innecesarias y, sobre todo, nada urgentes. En su lenguaje técnico y burocrático, el documento retrata un proceso de gasto indiscriminado, gigantesco e inconsulto que a la postre lo que más hizo fue permitir que decenas o hasta quizá centenas de contratistas del Estado se enriquezcan en sociedad con burócratas corruptos con contratos grandes, medianos o incluso pequeños como el del infame archivador en Vinces que costó 3 160 dólares.
Foto: Gustavo Jalkh observando la construcción del Consejo de la Judicatura en Vinces.
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