Dos informes dan nuevas esperanzas a Íntag, el verde valle que podría convertirse en una mina de cobre
Desde por lo menos 1997 que los moradores del valle de Íntag, al occidente de Imbabura, batallan contra exploradores y empresas mineras que buscan un gran yacimiento de cobre y molibdeno que estaría oculto en el subsuelo. La trama de la resistencia de Íntag consiguió un nuevo impulso, con sendos informes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría que recomiendan declarar la caducidad de la concesión minera de Llurimagua.
Íntag no está tan lejos. Está ubicado en las montañas cercanas a Cotacachi y al lago de Cuicocha, un conocido paseo de fin de semana de muchos capitalinos. La carretera pavimentada atraviesa el valle que se encuentra al occidente de Imbabura, en las vertientes de la Cordillera que descienden hacia la Costa.
Varios buses salen cada hora de Otavalo y Cotacachi hacia la zona, y en la mañana, niños y jóvenes estudiantes con uniforme -tienen régimen de Costa- se suben en ellos para llegar a clases. Toma tres horas llegar hasta un sendero en el bosque que conduce a la trinchera de Carlos Zorrilla, quien ha vivido más de 40 años en el sitio.
Íntag no es un poblado, sino una zona en donde se asientan varias comunidades rurales.
El sendero parte de la carretera y se interna en el bosque, como en los antiguos cuentos europeos. Serpentea entre los cerros y se abre paso entre los árboles. De tramo en tramo, unos letreros advierten que el paso está prohibido para empleados de empresas mineras y funcionarios involucrados en la minería. La mañana está seca y el sendero, polvoriento. Al final del camino, en lo profundo del bosque, unas casas blancas son la morada de Zorrilla. El hombre, de más se sesenta años, luce una barba blanca y viste ropa de trabajo. De entre la vegetación se levantan nubes de mosquitos, mientras se puede escuchar el correr de los ríos cercanos en dos profundas quebradas. Zorrilla recuerda, nuevamente, al personaje de algún cuento europeo, de esos en los que un adulto mayor, de frondosa barba blanca, vive solo en medio de los árboles, acompañado solamente por sus perros, mientras revisa su biblioteca, que ocupa buena parte de su casa. Pero Zorrilla no es un ermitaño. Es uno de los líderes más conocidos de la localidad, que resiste los avances de las mineras que podría destruir esa especie de bosque encantadoy convertirlo, en cambio, en un pasaje de la Divina Comedia de Dante. En un socavón profundo y oscuro, de donde salen vapores de sulfuro y arsénico. En una de las entradas al inframundo.
Este sendero que se interna en el bosque conduce a la casa de Carlos Zorrilla.
Un perro da la alarma y sale a recibir al equipo de este portal. Su finca se encuentra en la ladera de una montaña cercana al concesión minera Llurimagua, en donde el Gobierno, en asocio con la empresa minera de Chile, Codelco, tiene previsto explotar una gran yacimiento de cobre que se busca en el lugar por lo menos desde 1997, cuando los primeros exploradores, de la empresa japonesa Bishilmetals, hicieron pruebas para determinar si en el paraje había minerales. La finca se abastece de agua de las quebradas del sector, cuenta con electricidad y con una conexión de internet, con la que Zorrilla monitorea diariamente las noticias y el avance del proceso.
La casa de Zorilla cuenta con una potente conexión a internet con la que monitorea las noticias.
La búsqueda de cobre
A la empresa japonesa Bishilmetals, expulsada por la comunidad del sitio, siguió una firma canadiense, Ascendant Cooper, que también abandonó la zona ante los choques con los pobladores. Durante el correato, en cambio, la Policía impuso el ingreso de la minera estatal chilena, que en asocio con la Empresa Nacional de Minería del Ecuador (Enami), busca retomar la explotación del yacimiento. Desde el 7 de noviembre de 2011 que Enami es la titular de la concesión, que recibió una licencia ambiental del Ministerio del Ambiente el 16 de diciembre de 2014. La presencia de Chile en esta nueva etapa se concretó el 28 de noviembre de 2014, cuando la Corporación Nacional del Cobre de Chile y la Enami firmaron un primer convenio. Hace pocas semanas, en Santiago de Chile, la Codelco informó que sus estudios evidencian que "el depósito contiene 3.800 millones de toneladas de mineral, con un grado de cobre promedio de 0,44 por ciento", mientras que Codelco "ha realizado exploraciones avanzadas en el área, con un total de 99.000 metros perforados en 98 pozos". Adicionalmente, la empresa chilena informó que "durante 2018 se perforaron alrededor de 23.000 metros de sondajes diamantinos y se finalizó la etapa de exploración avanzada con alrededor de 99.000 metros de sondajes en 98 pozos". Se acordó con los chilenos, además, la constitución de una empresa de economía mixta, en la que la estatal ecuatoriana es propietaria del 51% de las acciones y la chilena del 49%.
El ministro de Minas, Carlos Pérez, sostuvo que el Estado no tiene recursos para invertir en la mina, por lo que los dineros podrían venir de "empresas privadas". El ministro estimó en USD 4.245 millones el costo de la construcción de la mina y la planta de refinación, al tiempo que minimizó el informe de la Contraloría que, en su opinión, no pide revertir la concesión.
La cifra de la dimensión de la mina es sustancialmente mayor que la se había estimado desde 1997, cuando se creía que en el lugar se podía inferir por lo menos 318 millones de toneladas de roca mineralizada, que se pensaba contenía hasta 0.7% de cobre. Según el Ministerio de Minería, las inversiones realizadas por la sociedad entre Enami y Codelco en el lugar durante 2018 fueron de 5.31 millones de dólares, y se espera que entre 2019 y 2022 se inviertan en los trabajos en el sitio por lo menos USD 37 millones.
La concesión tiene 4839 hectáreas, y su área de interés es de 700 hectáreas, en donde desde enero de 2019, se han iniciado 160 sondajes para determinar qué hay en el subsuelo y en qué cantidad. Varias comunidades se encuentran dentro o cerca de la concesión minera, como es el caso de Junín, Cerro Pelado, San Fernando o Chalguayacu alto. Fuera del área de concesión se encuentran otras localidades, como Chalguayacu bajo, La Magnolia, La Armenia, Santa Lucía, García Moreno y Barcelona.
No menos de 100 familias podrían ser afectadas por el proyecto minero, explica el activista.
Según Carlos Zorrilla, por lo menos 100 familias serían afectadas por el proyecto minero en el sector. En un informe de la Defensoría del Pueblo, emitido este año, se precisa que la mayor parte de los pobladores viven de la agricultura y la ganadería, así como de algunos emprendimientos turísticos, pues en el sitio es posible visitar ríos y cascadas.
Choques, juicios y prisiones
El 8 de mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Correa, la Policía intervino en la zona, desplegando un operativo, ante denuncias de las empresas mineras de que habían sido víctimas de agresiones por parte de los moradores del sector. Estos incidentes ocurrieron en 2013, y según los denunciantes, consistieron en bloqueo de vías, retención de los funcionarios de Codelco, daños a bienes públicos, entre otros.
La Policía hizo en el lugar trabajos de inteligencia y remitió la Defensoría del Pueblo sus conclusiones. Según la Policía, por lo menos 17 comunidades están a favor de la explotación minera mientras que cinco se oponen, así como dos ONGs, DECOIN y Cedhu. Entre las personas del sector que se oponen, la Policía menciona a Carlos Zorrilla, Silvia Quilumbango, Denis Laporta, José Cueva, Daniel Welsh, Andreas Postrach, Parker Cleveland, Lindsay Shade, Peter Shear, Lynda McCallum, Polibio Pérez, Marcia y Hugo Ramírez, Alberto Torres, Ismael Pérez, Javier Ramírez, entre otros, nacionales y extranjeros.
La policía intervino en Íntag en 2014 y la empresa minera nacional ocupó un mirador turístico, donde instaló su campamento. Foto Archivo
En el caso de Javier y Víctor Hugo Ramírez, la justicia de Imbabura les inició un proceso penal por presunto sabotaje y terrorismo.
Correa arremetió contra Zorrilla en varias sabatinas, acusándolo de haber escrito un manual de protestas en donde se recomendaba emplear a niños y mujeres embarazadas como escudos. El activista admite que escribió un manual, pero asegura que el correísmo se inventó las páginas de la supuesta estrategia.
Antes del correísmo, en 2005, guardias privados de la Empresa Ascedent Cooper se enfrentaron con los moradores del sector. La minera canadiense propició una denuncia penal contra Carlos Zorrilla, cuya finca fue allanada de madrugada por 20 policías armados que, según relatan él y su empleado, entre empujones y mentadas de madre buscaban "el armamento" que supuestamente tenía Zorrilla. En aquella ocasión, el activista logró huir de la Policía gracias a su conocimiento del bosque y a la ayuda de los otros moradores del sector, que lograron esconderlo y facilitar su escape a Quito. Aunque la causa finalmente fue desestimada por la justicia, Zorrilla cree hasta hoy que se quería encarcelarlo para propiciar su asesinato en las cárceles del país.
La licencia ambiental
Entre septiembre y octubre de 2014, la Enami y el ministerio del Ambiente realizaron una consulta ambiental con los moradores del lugar y se abrieron varios Centros de Información Pública en sitios como García Moreno, Cerro Pelado, Peñaherrera, Chalguayacu Bajo, entre otros. Según el Ministerio del Ambiente, la mayoría de los pobladores están de acuerdo con la presencia de la empresa minera en el sector, y los porcentajes de rechazo en las encuestas realizadas no superan el 40%.
Al ser consultado por la Defensoría del Pueblo, el ministerio del Ambiente defendió su proceso de consulta, y destacó que los habitantes de la zona son mestizos y no indígenas, por lo que no se podría aplicar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favoreció a la comunidad de Sarayacu, en la Amazonía.
El Ministerio realizó también un estudio de impacto ambiental, en donde dispuso que la exploración en el sitio debería realizarse por medio de trochas de no más de 1.5 metros de ancho, y, en lo posible, sin afectar los árboles nativos. Zorrilla explica que lo que actualmente se está haciendo es realizar unas perforaciones en plataformas en medio del bosque, por donde los mineros introducen taladros que llegan hasta 1200 metros de profundidad. De ahí retiran muestras del suelo subterráneo para analizarlo y determinar su concentración de cobre. Actualmente, lo que se puede ver en la zona es trabajos de esos, uno de los cuales produjo un derrumbe que afectó una cascada cercana, conocida como Las Gemelas. El agua de una de las cascadas cambió de color, y ahora es café, como consecuencia de la tierra que le cayó durante el deslave.
Según el Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente, en la zona hay bosque secundario (es decir, el que estaba originalmente ya fue talado) así como varios potreros de uso agrícola y ganadero. Entre los animales que viven en el bosque de Íntag, el Ministerio sostiene que habría osos de anteojos, ardillas enanas y guantas de la Costa. Hay aves como el yumbo, el corcovado dorsioscuro, el silfo colivioleta, el tapaculo de Nariño, entre otros. En el lugar también viven reptiles y anfibios, encontrando varias especias de ranas y anfibios en el sector, así como peces de agua dulce en los ríos. En 2016 fue posible observar un tipo de rana que se creía extinta desde 1989, llamada Arlequín Hocicudo, lo que para la Defensoría es un elemento clave, pues se deberían precautelar los derechos de esa especie, garantizados por la Constitución.
Durante 2017, tanto el Ministerio del Ambiente cuanto el Municipio de Cotacachi pudieron constatar la tala de árboles en el sector, según se concluye de los informes recibidos por la Defensoría del Pueblo. Así mismo, entre 2015 y 2017 los habitantes denunciaron el cambio de color del agua en los ríos cercanos a donde trabaja la minera chilena.
Un hueco tan grande como cuatro Panecillos
Carlos Zorrilla cree que un enorme cráter, de dos o tres kilómetros de diámetro, se construiriá en la mina.
La contaminación, explica Carlos Zorrilla, se produce por un fenómeno conocido como drenaje ácido de mina, que consiste en que al perforar huecos profundos en la zona los minerales que están en el subsuelo afloran al exterior, lo que explica que estudios citaídos por la Defensoría del Pueblo evidenciarían que las rocas de Íntag contienen cobre, azufre, arsénico, molibdeno, hierro y antimonio, minerales que están empezando a aparecer en concentraciones muy elevadas en el agua de la zona. El estudio estableció también la presencia de gran cantidad de pirita en la roca, que al aflorar del subsuelo, produciría una fuerte contaminación de los ríos cercanos, como el Junín.
La explotación de la mina, destaca Zorrilla, podría significar abrir un cráter en la zona de dos o tres kilómetros de diámetro y similar profundidad, y toda la tierra que se saca -que el estudio citado por la Defensoría del Pueblo estima que podría llegar a alcanzar por lo menos 1.336 millones de toneladas- va a ser colocada en el mismo sitio, en escombreras que rodearán la gran perforación. Como en la zona llueve, destaca el activista, entre 2000 y 4000 mm al año, es posible que el sitio se convierta en un enorme foco de contaminación para todo el sector, pues todos los minerales que contiene esa tierra sacada del subsuelo se filtrarán a los ríos por efecto de las lluvias. El estudio precisa también que lo que se va a sacar de tierra en Íntag para poder extraer el cobre sería de un volumen equivalente a cuatro Panecillos (el emblemático cerro del Centro Histórico de Quito).
El paisaje en Íntag, entonces, se parecería al que actualmente ya se puede ver en la zona de Mirador, en Zamora Chinchipe. En un reciente reportaje, este portal pudo constatar la enorme infraestructura que se necesita para construir una mina de cobre. Una gran perforación de la que se extrae tierra subterránea, que luego es llevada a un molino gigantesco. Este lodo, que tiene una alta concentración de cobre, será transportado al exterior por vía marítima, pues todavía faltan otros procesos industriales que permiten separar el cobre del resto de la tierra y dar forma al metal que vemos en los cables eléctricos. De toda la tierra que se estima saldrá de Llurimagua, el total de cobre sería de 8,29 millones de toneladas.
Roberto Castro, es uno de los hombres de la comunidad que se ha enfrentado a las mineras desde 2005.
Según Enami y Codelco, han cumplido con todas las normativas ambientales, y el agua que sale de sus plataformas de exploración es tratada en piscinas en el mismo sitio. Sobre el cambio del color de las aguas de los ríos, las mineras los atribuyen a procesos de origen natural. Las mineras admitieron que el 15 de octubre de 2016 se produjo un deslizamiento sobre el río Junín, pero afirman que lo controlaron oportunamente.
Roberto Castro, quien es un campesino de la región, sostiene que no se opone sin motivos a la minería, sino que el país debería pensar en adoptar un modelo de desarrollo que respete la ecología. Castro estuvo presente en 2005 en el conflicto con un grupo de paramilitares contratados por la empresa canadiense, quienes intentaron ingresar al bosque con armas de grueso calibre. Cerca de 100 personas se enfrentaron con los guardias de la minera cerca de la comunidad de Junín, pero finalmente lograron que dejen el valle de Intag.
El 9 de agosto de 2017, el alcalde de Cotacachi visitó el lugar, y observó que lo que fue un mirador turístico ha sido convertido en el principal campamento de la exploración minera. El alcalde constató que, según los técnicos chilenos, al perforar están encontrando también aguas subterráneas hasta a 200 metros de profundidad, lo que, para Zorrilla, significará la necesidad de bombear esas aguas subterráneas hacia el exterior, aumentando el riesgo de contaminación.
Pero Enami ha insistido con que cumple con todas las recomendaciones ambientales en esta fase del proyecto. En una comunicación del 20 de septiembre de 2017, la Enami precisa que pagó una tasa ambiental para intervenir en el proceso por lo menos 0.9 hectáreas de bosque. Además, reiteró que ninguna de las aguas ni los lodos de las perforaciones son enviadas al ambiente.
Los cultivos de café ocupan ´grandes extensiones en el valle de Íntag.
Los informes de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo
Mientras tanto, la Contraloría General del Estado realizó un informe sobre la concesión minera en Llurimagua. Entre sus conclusiones, que fueron hechas públicas este año, se estableció que habría un incumplimiento del Estudio Ambiental por parte de las mineras. Según la Contraloría, no se analizó correctamente la concentración de minerales en el suelo y el agua, así como tampoco sería válida la consulta previa que el Ministerio del Ambiente sostuvo que realizó a los moradores. La Contraloría destacó también que no hubo estudios suficientes sobre la afectación al agua y a los animales en Íntag. La Contraloría, además, cree que la concesión minera ha incurrido en causales de caducidad, pues se podría revertir la autorización del uso del agua y la Enami no pagó la compensación económica por las inversiones realizadas. Sin embargo, la Contraloría no ordenó la caducidad de manera definitiva, según se aclara en el Ministerio de Recursos no Renovables.
Para la Defensoría, en cambio, se debe considerar que en enero de este año, por medio de su página web, la Enami anunció que realizaría por lo menos 160 sondajes, lo que podría exacerbar el conflicto socioambiental en el sector.
Por ello, la Defensoría, en las conclusiones de su informe del 15 de abril de 2019, exhortó al Ministerio de Minas para que aplique los artículos 93 y 108 de la Ley de Minería, y declare la caducidad de los derechos mineros de Enami en Llurimagua. También exhortó a la Secretaría del Agua a que revoque la autorización de uso de agua en el sector, mientras que al Ministerio del Ambiente le pidió que revoque la licencia ambiental de la concesión minera y proteja a las especies animales que viven en el sitio. Sin embargo, los exhortos de la institución no tienen fuerza legal y no pueden, por tal, ser un motivo para la caducidad de la concesión, por lo que esta continúa operando.
Carlos Zorilla cree que, tanto las decisiones de la Defensoría, cuanto las de la Contraloría, serán insumos para plantear una demanda contra el Estado por parte de los moradores. El activista, mientras tanto, alterna su lucha desde la internet con el cuidado de su finca, en donde hay café, fréjol, yuca y otros productos de la zona. Zorrilla nació cerca de La Habana, en Cuba, pero lo más probable es que muera en las montañas andinas de Íntag y sus verdes quebradas.
*Este reportaje contó con la colaboración del documentalista Pocho Álvarez, quien recogió los testimonios de los moradores de Íntag.
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