El observador

El periodismo, oficio ilegítimo

Por Roberto Aguilar

La política del Estado correísta frente al periodismo y los medios de comunicación fue definida tempranamente por Fernando Alvarado como la política de la podadora. Según su visión, el periodismo es como un campo de hierba que crece incontroladamente y sin concierto, y el Estado es como el jardinero que poda a diario para mantener el terreno igualado y al ras. Se supone que el fin último de esta estrategia es mejorar el periodismo, pero a poco de cumplirse ocho años de su aplicación es difícil reconocer el menor indicio de que este objetivo se encuentre siquiera en proceso de cumplirse. El periodismo ecuatoriano no ha mejorado porque la política de la podadora implica un proceso de desprestigio y deslegitimación del oficio. Y no se puede mejorar un oficio a fuerza de declararlo ilegítimo.

Los correístas sólo conciben una manera de tratar al periodismo: a empellones. Basta con leer las cartas que llegan todos los días a las redacciones: el procedimiento habitual es entrar pateando al perro. ¿Han escuchado al ministro de Educación cuando impone su presencia en Radio Democracia para replicar una opinión periodística que no comparte? Ese es el tono: a la patada. Hasta los funcionarios de cuarta categoría se creen autorizados a dar lecciones de moral, amenazar con acciones legales, fijar plazos perentorios e imponer sus propios conceptos sobre la práctica periodística como si fueran la verdad revelada. Personas incapaces de articular con corrección dos ideas seguidas en un texto escrito pretenden enseñar a las redacciones qué cosa es una crónica o cómo deben manejarse las políticas editoriales. Todo ello con un tono de hostilidad que no da tregua y una ignorancia sobre la materia que abruma. Como consecuencia, hoy el periodismo en el Ecuador se practica a la defensiva. Es un oficio ilegítimo a tal extremo que ha dejado de ser una cuestión de periodistas para convertirse en una cuestión de abogados. ¿Qué clase de periodismo se puede practicar ahí donde la figura de los abogados llega a tener mayor autoridad que la de los editores, como ya ocurre en muchas redacciones? Y el proceso contempla aún otra vuelta de tuerca: en el futuro inmediato hasta esos abogados serán sustituidos por defensores del lector nombrados por el Estado con oficina en las redacciones.

En realidad no se necesitaba llegar tan lejos: ya es el Estado el que dicta las políticas editoriales sin necesidad de tener agentes infiltrados. Si un medio, después de evaluar los documentos y los hechos, interpreta por ejemplo que el viaje a Chile del Presidente de la República es menos trascendente para la nación que para el ego de un coleccionista de títulos honoris causa y, en consecuencia, decide conceder a esa noticia un espacio secundario en páginas interiores, inmediatamente recibirá un llamado de atención de parte del Estado: una carta altisonante y amenazadora llegará a la redacción para recordarle que no corresponde a los periodistas evaluar la importancia editorial de esa noticia, que tal papel concierne únicamente al Estado.

Hoy los medios de comunicación en el país ni siquiera se sienten con la libertad para contratar a los periodistas que quieren. Algunos de los mejores se encuentran en el desempleo a pesar de que muchas redacciones darían lo que fuera por tenerlos. Simplemente no se atreven a contratarlos.

Y como el periodismo ya no puede decidir ni siquiera sobre estas cuestiones tan básicas, hoy tiene que ceder al Estado hasta el propio espacio físico en el que se ejerce: etapa avanzada de su ilegitimidad. Cualquier ministro llega a una estación de radio con el pretexto de ejercer su derecho a la rectificación o a la réplica y se instala a hablar una hora seguida. O un funcionario glosado por la Contraloría termina dictando la primera página de diario Expreso. O un noticiero cualquiera debe perder cinco o diez minutos de su tiempo para que el Estado se dedique a desprestigiarlo. ¿Hay alguna manera de resistir a esta invasión y a este acoso? Sí, pero no es periodística sino jurídica y no pasa de reivindicar el derecho al pataleo.

¿Es esta una estrategia para mejorar el periodismo? No, desde luego. Si al Estado realmente le interesara conseguir ese objetivo, en lugar de acosar a los medios privados se preocuparía por impulsar un verdadero periodismo público en medios con independencia editorial. En su lugar, utiliza los medios financiados con el dinero de todos como piezas de su propio aparato de propaganda, de suerte que no hay ningún modelo de periodismo alternativo a aquel se pretende cambiar.

Hasta el más recalcitrante de los correístas puede darse cuenta de una cosa: el periodismo ecuatoriano es hoy peor que hace ocho años. Si el objetivo del régimen era mejorarlo, es hora de que acepte su aparatoso fracaso.