CRIMINALES COLOMBIANOS Y ECUATORIANOS EXTIENDEN SU VIOLENTA INFLUENCIA POR LA AMAZONÍA
En medio de la espesa vegetación de la selva ecuatoriana, un río color amarillo rompe la armonía verde del lugar. Es el Punino, cuyas aguas dividen a la provincia de Orellana de la de Napo, en el nororiente amazónico, aproximadamente a 65 kilómetros de la frontera con Colombia. Desde el aire, parece una inmensa serpiente amarilla que recorre silenciosa una gran parte de la Amazonía, hogar de comunidades kichwas y de especies endémicas de reptiles y anfibios. Pero el amarillo es significado de muerte y destrucción.
El Punino se ha convertido en uno de los ríos más afectados por la minería ilegal en Ecuador. El cambio del color de esa vertiente se debe a ello: la fuerte presencia de sedimentos que provienen de las descargas de arcilla —que tienen un alto contenido de azufre— y lodo por el desbroce de vegetación, el movimiento de suelos y el lavado de oro aluvial, explica Matthew Terry, activista ambiental y miembro de la Fundación Río Napo.
Decenas de retroexcavadoras, asentadas río arriba en una zona conocida como el Alto Punino, han cortado los árboles y removido la tierra. Entre 2019 y 2023 se talaron 1.001 hectáreas de bosque en el Punino, lo que equivale a 1.400 canchas de fútbol profesional, según el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP). Pero de ese total, el 78 % corresponde a la deforestación minera que se registró en un solo año, el 2023, dice el mismo reporte del 5 de febrero pasado.
A esto se suma la presencia de combustible, aceites, grasa, lubricantes y mercurio, este último de uso prohibido en el país desde el 2015. Pese a que el Estado ecuatoriano ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el mercurio, que busca proteger a la salud humana y al medio ambiente de ese compuesto, su utilización en la minería ilegal ha sido registrada aún en zonas de tres de las cuatro regiones del Ecuador: Costa, Sierra y Amazonía.
Primer plano de la orilla del río Payamino que se une con el Punino. Es notoria la presencia de aceite en sus aguas. Foto: Plan V
Pero en el Punino, esta rápida expansión de la actividad minera tiene como origen otro río: el Jatunyacu. Ubicado en la provincia del Napo, aledaña a Orellana, este afluente se convirtió en el epicentro de la minería ilegal en la Amazonía después de la pandemia.
En febrero del 2022, las autoridades intentaron frenar esa actividad con el decomiso masivo de retroexcavadoras en el Jatunyacu. El Gobierno desplegó un operativo con 1.600 policías y militares en esa zona. Allí se incautaron 124 retroexcavadoras, que alcanzaban un valor estimado de USD 18 millones. El Yutzupino, que es la comunidad que atraviesa el Jatunyacu, vive aún el impacto de la invasión minera.
Pero el operativo tuvo el efecto contrario: expandió esta actividad. “Pasa lo de Yutzupino y revienta acá”, dijo un habitante de Orellana que ha llegado hasta el Punino en varias ocasiones con el fin de registrar el avance de la minería ilegal. De estatura mediana y piel curtida, usa sombrero para evitar el intenso sol de la Amazonía. Prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias y en este reportaje solo será identificado como el guía del sombrero.
En Orellana, activistas y líderes sociales intentan registrar el avance de la minería ilegal. Pero la mayoría ha sido amenazada. Foto: Plan V
El guía del sombrero y otros líderes sociales entrevistados, que tampoco quieren exponer su identidad, coinciden en que parte de los mineros que estuvieron en el río Jatunyacu se habrían traslado al Punino. A ambos ríos los separan cinco horas de camino por carretera.
El Punino es un afluente del Payamino, que se conecta con el río Coca, uno de los ríos más grandes de la Amazonía ecuatoriana que provee agua y alimenta a decenas de comunidades indígenas y mestizas. Aunque no fue posible llegar a la zona minera, río abajo se puede observar la devastación que ha dejado esta actividad ilegal.
Confluencia de los ríos Payamimo y Punino. El amarillo del Punino deja una huella en las aguas del Payamino, que abastece al Coca, uno de los ríos más grandes de la Amazonía ecuatoriana que alimenta a comunidades indígenas y mestizas. Foto: Plan V
En la unión del Punino y el Payamino, las aguas se tornan bicolor: el amarillo del primero y el gris del segundo. Es un espectáculo impresionante, pero al mismo tiempo desolador. Esa misma agua es usada por las comunidades aledañas para su sobrevivencia. Basta abrir un grifo de una de esas casas y ver caer agua amarilla.
Los Choneros prefieren el oro de la Amazonía
Bajo los árboles y sentados en los que parecen ser troncos, dos personas parecían vigilar una estrecha carretera de piedra y arena que se pierde en medio de la vegetación, a finales de febrero pasado. Este fue el único acceso donde un equipo de Plan V registró la presencia de personas durante un recorrido que hiciera hasta San José de Guayusa, un poblado del municipio Francisco de Orellana, mejor conocido como El Coca, de la provincia de Orellana.
Lugar donde dos posibles vigilantes permanecían al ingreso de la vía hacia San Lorenzo, una comunidad indígena impactada por la minería ilegal. Foto: Plan V
San José de Guayusa es una pequeña población que está ubicada aproximadamente a 20 kilómetros de la zona minera en el Punino. Luce desolada porque la mayoría de sus habitantes trabajan durante el día en sus fincas alejadas del pueblo. Por ese motivo, en las casas no se observan personas y los pocos que se encuentran en ellas se asoman tímidamente a las puertas o ventanas. Esto cambia momentáneamente al mediodía cuando los niños, que salen de la escuela, inundan las polvosas calles.
Estudiantes a la salida de clases, en San José de Guayusa. Foto: Plan V
Instalaciones de la junta parroquial de San José de Guayusa. Foto: Plan V
Pero no todos trabajan en la agricultura. Otros comuneros de San José de Guayusa han encontrado en la minería ilegal un sustento. El guía del sombrero lo primero que advirtió en el recorrido es la existencia de motos en el patio de las casas.
Desde que empezó la minería, la demanda de este tipo de vehículos aumentó y eso es visible hasta en la ciudad de El Coca, donde hay un incremento de mecánicas para su arreglo. En Guayusa, en una pequeña casa de techo de lata y paredes de madera había cuatro motos, dos de ellas al parecer en reparación.
En una casa humilde en San José de Guayusa puede haber hasta cuatro motos. Foto: Plan V
En los operativos antimineros que han llegado a esta población, de mayo y septiembre de 2023, los militares decomisaron siete motos junto a motores de luz, bombas de agua y otras maquinarias para la minería ilegal. Este tipo de transporte permite circular a los habitantes por los caminos de tierra que conectan una comunidad con otra.
En San José de Guayusa no hay señal telefónica ni internet. Solo pequeñas tiendas proveen este servicio. Foto: Plan V
En uno de esos caminos estaban los vigilantes, que observaban a los que circulaban por esa zona. Es una vía de un solo carril, pero que tiene una especial relevancia. Conecta a Guayusa con la comunidad kichwa de San Lorenzo, el sector más cercano a la actividad minera. Sus 20 kilómetros atraviesan plantaciones de palma, que a su vez tienen un sinnúmero de pequeños caminos. Aunque la distancia es corta, el trayecto entre ambas comunidades puede durar hasta tres horas por el mal estado de la vía. Estas características la convierten en una trampa mortal para quien busca aventurarse en esa zona sin permiso.
Pero, ¿quién autoriza el ingreso? Habitantes y líderes sociales coincidieron en que la fiebre del oro atrajo a grupos colombianos y nacionales, y con ellos la violencia. Orellana pasó de ser una de las provincias más tranquilas del país a tener un alto número de homicidios. En 2023, registró una tasa de 29,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la ubicó como la novena provincia más violenta del país. En 2024 (hasta el 19 de mayo), Orellana escaló al segundo lugar y su tasa fue de 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el análisis de Plan V. Orellana es una de las siete provincias donde el presidente Daniel Noboa mantiene el estado de excepción.
Joya de los Sachas es el cantón más violento de la provincia: en menos de cinco meses se ha acercado a la tasa de homicidios de todo el 2023, revelan las cifras del INEC. Es vecina de San José de Guayusa, no tiene actividad minera, pero es un lugar que favorece su logística. A diferencia de Guayusa donde no hay internet ni señal telefónica, Joya es un poblado más grande y con mayor infraestructura. Es un municipio donde también hay menos presencia policial y militar, pues la mayoría de esos destacamentos están en la capital de la provincia.
Los primeros que habrían llegado a Orellana atraídos por el oro serían Los Choneros, una de las bandas más grandes y peligrosas del país. Quienes los han visto los describen como mestizos provenientes, sobre todo, de ciudades de la Costa. “Aquí hay más dinero que en Guayaquil por el oro”, dijo un hombre que se presentó como miembro de Los Choneros en una protesta antiminera, recuerda un ciudadano que estuvo en ese acto público en El Coca.
El 9 de enero de este año, el gobierno Noboa incluyó a Los Choneros y a 22 bandas más en la lista de grupos terroristas después de declarar la existencia de un conflicto armado interno. Noboa los señaló como “actores no estatales beligerantes”, lo que causó críticas porque se tratan de bandas del crimen organizado y no grupos insurrectos con aspiraciones políticas a los que se les suele llamar beligerantes.
El 1 de mayo pasado, las Fuerzas Armadas reportaron la detención de 22 “presuntos integrantes de ‘Los Choneros’” en San José de Guayusa durante una operación contra la minería ilegal. También decomisaron tres armas de fuego, 141 municiones, 350 galones de combustible y prendas militares y policiales. Además, otros once presuntos integrantes de ese grupo fueron detenidos en Orellana por tenencia ilegal de armas, robo y secuestro, entre enero y abril de este año, según datos de la Policía.
Entre los detenidos de inicios de año, uno de los capturados tenía un tatuaje en su pecho de un león y un águila. El primero es el símbolo de Los Fatales y el águila, de una agrupación que lleva el mismo nombre. Ambas son las principales facciones de Los Choneros. El tatuaje, además, tenía una frase: “Hermandad hasta la muerte, una sola firma”.
Los militares capturaron a un miembro de Los Choneros, el 16 de enero, con el tatuaje de león y un águila, símbolo de las dos principales facciones de esa banda: Los Fatales y Los Águilas. Foto: FFAA de Ecuador.
El ingreso de los Comandos de la Frontera
Los Choneros no están solos en el negocio del oro del Punino. Juan Vinicio Ramos, jefe policial subrogante de la Subzona de Orellana, confirmó a Plan V la presencia de los Comandos de la Frontera de Colombia (CDF), un grupo adscrito a la Segunda Marquetalia, que es el grupo de disidentes de la extintas FARC liderado por Iván Máquez, quien después de la firma de los acuerdos de 2016 con el gobierno colombiano, volvió a la clandestinidad.
Los CDF son un grupo armado conformado por los disidentes de los bloques 32 y 48 de las FARC y de una banda criminal llamada La Constru, derivada de los paramilitares e incluso exmilitares. Operan principalmente en Putumayo, departamento fronterizo con Ecuador, y se dedican al narcotráfico, extorsión y a la minería ilegal.
Los CDF empezaron a operar en Ecuador cuando Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, tomó el mando de esa organización, dijo una fuente de Inteligencia colombiana a Amazon Underworld, que es parte de la alianza con Plan V para esta investigación. Alias Araña fue miliciano de Los Rastrojos, una organización narcotraficante. Pero en 2010 apareció como integrante de las FARC. En el 2017 fue nombrado como gestor de la paz y bajo este título salió de la cárcel para cumplir labores sociales, pero en su lugar conformó los CDF para controlar el Putumayo y la Amazonía. Desde el pasado 19 de abril, lidera la lista de los objetivos militares más buscados en Ecuador.
Aunque es caleño, alias Araña vive en Putumayo desde que tenía siete años. Por eso, dice la fuente de inteligencia, “él se ha posesionado en Ecuador siempre”, principalmente en Sucumbíos, fronteriza con Putumayo. Al haber sido miembro de las FARC, siguió usando el territorio ecuatoriano como lugar de descanso, entrenamiento y refugio, como históricamente lo ha hecho la guerrilla en esa zona. Un informe de Inteligencia colombiana del 2023, al que accedió Amazon Underworld, cuenta que un miembro de los CDF huyó a Ecuador nadando por el río Putumayo y se escondió en una vivienda abandonada, que la utilizan para su logística.
Pero no es lo único. El reporte confirma que los CDF tienen armamento, caletas y laboratorios en Sucumbíos. Dice, por ejemplo, que alias Galvis es el encargado de transportar 1,5 toneladas de pasta base de coca, cada 25 días, hacia territorio ecuatoriano donde tienen cristalizaderos que terminan de procesar la cocaína.
El 5 de junio pasado, delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y de la Segunda Marquetalia firmaron un acuerdo para iniciar formalmente otros diálogos de paz y anunciaron para finales de junio la instalación de una mesa de negociaciones en Caracas. Entre los negociadores por parte de la Segunda Marquetalia está alias Araña. El líder de los CDF estuvo en las reuniones con el gobierno colombiano e incluso ha aparecido hablando sobre el nuevo proceso de paz.
En Lago Agrio, capital de Sucumbíos, sus habitantes se refieren a los CDF aún como las FARC y los describen como un “poder oculto” que mantiene supuestamente la delincuencia común a raya. “Acá es vox populi escuchar que esos grupos (colombianos) nos cuidan de las bandas ecuatorianas. El ciudadano ve mejor que la situación sea así teniendo en cuenta la realidad del resto del país”, dice un periodista local, que prefirió el anonimato.
Comunicado de las FARC dejado en una radio de Lago Agrio. Foto: Plan V
En Sucumbíos, a diferencia de Orellana, la evolución de la violencia ha sido distinta. Históricamente, ha sido la provincia más violenta del país por su cercanía al conflicto colombiano. Desde la década de los años 90 hasta el inicios del 2022 se ubicó en el primer lugar. En los años siguientes otras provincias principalmente de la Costa treparon rápidamente a los primeros puestos y, para el 2023, Sucumbíos cayó al séptimo lugar en el ránking de violencia del país.
Arriba. Toma panorámica de la ciudad de Lago Agrio, en Sucumbíos. Históricamente esta ha sido la provincia ecuatoriana más violenta del país. Ahora la ha superado las provincias costeras, pero la presencia de los grupos armados colombianos se mantiene. Abajo. En el centro de la ciudad de Lago Agrio las motos son el principal medio de transporte. El intenso sol recalienta las máquinas parqueadas.
Los CDF han sido protagonistas de los episodios más sangrientos en Sucumbíos. Por ejemplo, a ellos se les atribuye la matanza de ocho personas, entre el 16 y 17 de enero de 2022. Una fuente de inteligencia de la Policía ecuatoriana contó a Diario El Universo que fue una venganza de los CDF por el asesinato de Juan Fernando López, alias Sospechoso, vinculado a los CDF y uno de los más buscados en el departamento colombiano de Putumayo.
El pasado 22 de marzo, en el sector Barranca Bermeja, un poblado de Sucumbíos, una patrulla militar ecuatoriana fue atacada, un hecho que no se registraba desde el 2018 en la frontera con Colombia. Uno de los cuatro militares que iban en el vehículo falleció. El 3 de abril, los militares ecuatorianos abatieron a un hombre y capturaron a otros siete, incluidos dos menores de edad, en un campamento minero en San José de Guayusa. En un comunicado oficial, los militares presumieron que esos sujetos participaron en el ataque a la patrulla. Entre las cosas que encontraron, estaba la cédula colombiana de uno de ellos.
Arriba. Los seis detenidos en un campamento minero, en San José de Guayusa, el pasado 3 de abril. Otro más fue abatido. Abajo. La cédula colombiana de uno de ellos. Los militares ecuatorianos creen que ellos están involucrados en el ataque de una patrulla militar ecuatoriana en Sucumbíos. Foto: FFAA de Ecuador.
El general Fernando Adatty, comandante del Ejército, dijo al medio Código Vidrio, que desde hace algún tiempo militares estaban tras la pista de un lugar de descanso de uno de los cabecillas de los CDF en esa comunidad. “En ese sector hay una ruta de movimientos de los CDF hacia zonas mineras en Ecuador, son callejones de paso, de descanso, hay movimiento de combustible, lo necesario para la minería ilegal, inclusive paso de armas y pertrechos”, dijo el general Adatty en esa entrevista.
Alias Araña, según el reporte de Inteligencia colombiana, frecuenta en el lado ecuatoriano el pueblo de Santa Rosa de Sucumbíos, que está solo a 10 kilómetros de Barranca Bermeja. Ambos sectores pertenecen al municipio de Cascales, de Sucumbíos. Otras poblaciones que visita el líder disidente en esta provincia serían San Martín y Villa Hermosa.
Las versiones del jefe militar y del informe de Inteligencia colombiana coinciden con la del guía del sombrero. Él afirma que estos grupos armados pasan a Orellana por caminos de tierra. Por ejemplo, bajan por la vía La Bonita - Lumbaqui, que nace en frontera con Colombia, pasa por Sucumbíos y de ahí hasta un sector llamado Sardinas, en Orellana.
Por esa misma ruta saldría el oro hacia el país vecino, según dijeron comuneros del Alto Punino al guía del sombrero. O también estaría utilizando la vía que une a Lago Agrio, en Ecuador, con La Hormiga, en Colombia. Pero otra parte de la producción, dice el guía, se queda para el mercado interno porque los mineros pagan con oro a los dueños de las fincas.
Un activista de la provincia aseguró que existe un aumento de caminos pequeños de tierra que son aprovechados por los grupos armados para su movilización. Esto confirma que los grupos disidentes colombianos se han adentrado más en el territorio ecuatoriano.
Camino abierto en la zona del Alto Punino. Foto: Cortesía
El jefe policial Ramos atribuyó el incremento de la violencia en la provincia a la presencia de los CDF y Los Choneros en la minería ilegal. Pero no quiso dar detalles sobre el papel de ambos grupos en esta actividad o sus alianzas. Mencionó que es un tema reservado que lo investigan otras unidades policiales. No es el único que evita el tema. Plan V solicitó durante varias semanas una entrevista con el jefe militar de la Brigada de Selva N.º 19 Napo, que está en El Coca y organiza los operativos tanto en Orellana como en Sucumbíos. Pero las llamadas y los mensajes de texto de este medio no tuvieron respuesta.
Ni el comandante Adatty, en la entrevista con Código Vidrio, tuvo una respuesta clara. Confirmó que existen alianzas entre los CDF con bandas locales, sin precisar con cuál de ellas debido a que, según dijo, los acuerdos y las disputas dependen de los cabecillas.
Pero el panorama se vuelve más complejo porque a la presencia de Los Choneros y de los CDF se suman la de Los Lobos, otra banda incluida en la lista de terroristas. El 8 de noviembre de 2023, los cuerpos de dos hombres aparecieron colgados en el puente del río Payamino, en la vía Coca-Loreto. Estaban semidesnudos, tenían señales de tortura e impactos de bala. Uno era colombiano y el otro ecuatoriano que tenía el tatuaje de un lobo. Esto hizo presumir a la Policía la presencia de ese grupo del crimen organizado que ha estado detrás de la minería ilegal principalmente en la Sierra ecuatoriana.
En la vía Coca-Loreto, está el puente del río Payamino, donde dos hombres fueron colgados en noviembre de 2023. Foto: Plan V
Existe poca información sobre las actividades de Los Lobos en Orellana. Pero el 8 de febrero pasado, circuló la imagen de un panfleto en grupos de Whatsapp. El texto estaba escrito en mayúsculas y amenazaba a funcionarios y estudiantes con secuestros si salían de sus casas. Estaba firmado supuestamente por Los Lobos y Los Tiguerones, otra banda delincuencial. El panfleto anunciaba el inicio de una guerra: “Ya lo hicimos en el Sacha, vamos por El Coca”.
Pero los enfrentamientos entre militares y grupos armados se intensificaron este año. El 15 de febrero pasado, en un comunicado, las FFAA informaron que abatieron a uno y detuvieron a otros dos hombres, de 19 y 27 años, en el Alto Punino. Entre los objetos que les decomisaron estaban siete parches tricolor con las siglas FARC-EP. Dos días después, detuvieron en Joya de los Sachas a dos personas que en su casa tenían uniformes militares y cinco brazaletes de las FARC-EP.
En operativos antimineros, los militares ecuatorianos han hallado uniformes de supuestos miembros de las antiguas FARCS.
“¿Qué está haciendo las FARC acá? ¿Alguien quiere hacernos creer que las FARC están aquí? A mí me dejaría más tranquilo saber qué son las FARC. Pero sabemos que hay delincuencia organizada que está enquistada en esta zona”, reflexiona un líder social —que ha recorrido las zonas rurales de Orellana— sobre la extraña aparición de esta vestimenta de la extinta guerrilla colombiana.
Pero uno de los hechos que más ha impactado a Orellana fue la matanza de siete hombres en Joya de los Sachas. Según las Fuerzas Armadas, el 28 de febrero pasado, una patrulla militar escuchó una balacera en la comunidad 14 de Septiembre y cuando llegó al lugar encontró los cuerpos de siete hombres con impactos de bala. Estaban en la cajuela de una camioneta, uno sobre otro, vestidos con trajes militares. En ese sector, las FFAA hallaron cuatro fusiles, una pistola y 4.000 municiones. Negaron que los asesinados fueran militares.
En Joya de los Sachas hubo otra matanza que se conectó con los CDF. El 3 de abril, un grupo armado atacó un bar y dejó cuatro muertos. El pasado 18 de abril, militares detuvieron a Robinson A., alias Cejas, en el municipio de Cascales, miembro de ese grupo irregular, según la Policía. El Comando Conjunto de las FFAA y la Policía aseguraron que alias Cejas habría liderado ese ataque y publicaron imágenes de él y tres hombres más, el día de los hechos, vestidos de negro, con chalecos antibalas, mientras disparaban sus fusiles. Alias Cejas fue detenido en un operativo antiminero en una casa del municipio de Cascales, donde los militares hallaron tanques con combustible.
Una cámara de seguridad grabó el ataque armado a un bar en Joya de los Sachas, el 3 de abril pasado. Alias Ceja quedó registrado. Foto: FFAA de Ecuador.
En Orellana, sus habitantes coinciden en que no recuerdan otro momento como el actual. “Ha aumentado en un cien por ciento la violencia”, afirma Diógenes Zambrano, activista ambiental y defensor de derechos humanos. Los grupos armados “son los que deciden quién entra y quién sale (...) No bromean, cualquier desliz lo están castigando”, dice otro activista que visitó la zona minera del Alto Punino, a finales del año pasado.
El control es absoluto y para ello han captado a comuneros de la zona para extender una red de informantes y vigilantes, como aquellos que a finales de febrero pasado no perdían de vista el estrecho camino que llega al corazón de la minería.
El oro del silencio
En el Punino, el oro es aluvial. Es decir, está en el río mezclado con arena y arcilla. Los habitantes más antiguos de Orellana recuerdan que las comunidades kichwas que viven cerca a este afluente siempre han lavado oro para sus necesidades más básicas, como comprar útiles escolares o vestimenta. Tienen pautas culturales para no dejarse llevar por la ambición y, por eso, llaman supay ishma (orina del diablo) al oro.
Pero la rápida explosión de la minería ilegal trajo presión a las comunidades indígenas asentadas en el Punino. Una de ellas es San Lorenzo, un pueblo kichwa de aproximadamente 350 personas. Es dueña de la iglesia más grande que existe en las comunidades indígenas de la zona cuya construcción coincidió con el boom de la minería. Santa Catalina, en cambio, es un caserío con solo 25 personas, también de mayoría kichwa. Pero ese número aumenta en la época de la cosecha de la palma. Antes de la minería, la principal actividad económica en San Lorenzo y Santa Catalina era el cultivo de palma.
Para acceder a ellas es necesario pasar por San José de Guayusa. De julio del 2022 datan las primeras denuncias por el tránsito de la maquinaria pesada relacionada con la minería. Incluso hubo una manifestación en San José de Guayusa porque las retroexcavadoras dañaban la vía.
En noviembre de ese mismo año ya se registraba la presencia de personas, encapuchadas y con armas, en las comunidades indígenas. Esto lo menciona una denuncia enviada por líderes sociales a autoridades militares, ambientales, de Fiscalía, Gobernación y de la Defensora del Pueblo, que no tuvo respuesta.
La minería, como es usual, ha causado la división de las comunidades. Hay sectores indígenas que están a favor de esta actividad. Según los testimonios recogidos para esta investigación, tras los primeros malestares, los mineros empezaron a darles combustible y dinero. “Si alguien se enfermaba, los mineros prestaban el carro”, contó el guía del sombrero. También pagan las fiestas, los programas navideños o arreglan la iglesia.
Al mismo tiempo, han proliferado otros negocios. Por ejemplo, en la comunidad Santa Catalina, una denuncia ciudadana del 30 de noviembre de 2022 contaba que se había impuesto el cobro de peajes. En carpas hechas de plástico y palos, personas del sector -sin que el documento deje clara su relación con los mineros o grupos armados- supuestamente cobraban entre 5 y 200 dólares, según el tipo de vehículo y el material que llevaban. Por ejemplo, el ingreso de combustible costaba 50 dólares; mientras que el de maquinaria pesada, 200 dólares. Otros, en cambio, alquilaban sus propiedades para que sirvan de bodegas del material aurífero o para guardar en sus casas motosierras y motoguadañas. Mientras que, en San Lorenzo, se establecieron electromecánicas para el arreglo de maquinaria pesada y la venta de repuestos.
Pero, otros han denunciado la presencia de la minería. El 2 de diciembre de 2022, 20 presidentes de comunas de San José de Guayusa reclamaron a las autoridades de Gobierno, Policía y de la Fiscalía de Orellana por la devastación que estaba dejando esta actividad en los ríos Punino, Sardinas, Lumucha y Acorano. Estos líderes contaron que en sus comunidades habían encontrado peces muertos o moribundos por la contaminación. “Los ríos prácticamente están muertos”, le dijo un indígena a la Red Eclesial Panamazónica.
Pero en abril, el guía del sombrero dice que han notado menos presencia de grupos armados debido al cambio de mando y posiblemente estén buscando otros sectores en la Amazonía para continuar con la minería ilegal. No pudo identificar qué banda estaría dejando ese territorio. Una evidencia es la queja de los comuneros que se dedicaban al cobro de peajes, porque parte de la maquinaria estaría saliendo del Punino y eso ha disminuido sus ingresos. “Pero si había 40 máquinas, ahora hay 20”, aclara el guía.
Esa aparente salida, sin embargo, no cambia la zozobra de los habitantes que han preferido dejar de movilizarse contra la minería. Todas las semanas, un grupo de ciudadanos se reunían frente a la Fiscalía de la provincia para exigir la atención de las autoridades frente al problema de la minería ilegal por la grave contaminación del río Punino. Pero desde finales del 2023, esos reclamos públicos desaparecieron porque líderes sociales, activistas de derechos humanos y periodistas fueron amenazados.
El silencio es una sombra que acompaña el día a día de los habitantes de Orellana. En San José de Guayusa no es posible mencionar el tema de la minería sin despertar una alerta. “Tienen oídos por todos lados”, refirió el guía del sombrero que explica que los habitantes de las comunidades aledañas al Punino sirven para esa tarea por presión o porque están a favor de la minería.
Esta es la razón por la que existen escasas fotos de Guayusa y menos aún del Alto Punino. El equipo periodístico de Plan V tuvo que realizar grabaciones cortas, con los celulares, para no levantar sospechas. Un entrevistado dijo: “Llevar una cámara es como firmar su sentencia”.
Un negocio millonario a la vista
Al igual que en Yutzupino, los mineros utilizan métodos agresivos para extraer el oro en el Punino. Con retroexcavadoras mueven la tierra en grandes cantidades, que luego es depositada en una clasificadora tipo Z. Como su nombre lo indica, es una máquina compuesta por canales en forma de Z que separa el oro de la tierra. Usan además mercurio, según lo ha confirmado la misma Armada, que está acantonada en el Puerto Francisco de Orellana.
Entre octubre de 2022 y mayo del 2024, los militares hallaron 82 retroexcavadoras y 25 clasificadoras tipo Z, en cuatro distintos operativos en San Lorenzo, en el Alto Punino y en San José de Guayusa. Cada retroexcavadora tiene un costo aproximado de 150.000 dólares. Es decir, más de 10 millones de dólares habrían invertido mineros y grupos ilegales en esas maquinarias, sin contar con las plantas de energía, los motores succionadores de agua, las motosierras, los vehículos, etc.
Una clasificadora tipo Z hallada durante un operativo antiminero en el Alto Punino, en mayo del 2023. Foto: FFAA ecuatoriana.
A esto se suma el uso de combustible. Una retroexcavadora puede requerir hasta 40 galones de diésel diarios para su funcionamiento. El guía del sombrero que ha llegado hasta el Punino estima que estas maquinarias estarían trabajando hasta 18 horas diarias. Si es así, al mes, podrían consumir aproximadamente 2.000 dólares en combustible.
Las distintas fuentes consultadas que han estado en la zona no pudieron precisar el número de máquinas que aún estarían operando en el Alto Punino: uno estimó 25, otro 45 y otro 50. Pero lo que sí se confirma es el gran tráfico de este insumo. Entre octubre de 2022 y el 22 de mayo de este 2024, los militares han decomisado 53.655 galones de combustible en Orellana, principalmente cerca de la zona minera, de acuerdo a la información publicada en la cuenta de X de las FFAA.
No existe una explicación de cómo llega tanto combustible a la zona montañosa del Alto Punino. Pero San José de Guayusa tiene una característica única: cada minuto sale o ingresa un camión a esa parroquia, donde también existen concesiones mineras legales para material pétreo.
A San José de Guayusa ingresan constantemente camiones para sacar material pétreo de concesiones legales que existen en la misma parroquia donde hay minería ilegal. Foto: Plan V
La millonaria logística que emplea la minería ilegal da cuenta de un negocio innegable que ocurre frente a las autoridades. La Brigada de Selva N.º 19 Napo, ubicada en El Coca, estuvo al frente de los ocho operativos antimineros que terminaron con el hallazgo de las 82 retroexcavadoras. Los más grandes se dieron en mayo y septiembre del 2023. En el primero, encontraron 34 máquinas de este tipo, de las cuales 14 fueron destruidas, informó las Fuerzas Armadas en un boletín que no especificó qué pasó con las otras 20. En septiembre, otras 20 retroexcavadoras fueron halladas. Los militares destruyeron 18.
Los militares ecuatorianos destruyeron retroexcavadoras en septiembre de 2023 en el Punino. Foto: Captura de imagen de un video de las FFAA ecuatorianas.
“¿Por qué estos operativos no terminan con la minería ilegal?, ¿dónde están las maquinarias que no fueron destruidas?”, se pregunta en voz baja la gente de Orellana. Entre los habitantes corre la sospecha de que los mineros conocen de antemano los operativos. Esto fue evidente el 30 de noviembre de 2022, cuando los militares ingresaron hasta la zona minera. Ese día, aparecieron árboles cortados para obstaculizar la vía a Punino.
Pero, resultados de los operativos hay pocos en la justicia. Entre 2021 y febrero de 2024, la Fiscalía recibió 23 denuncias por delitos mineros. Pero en tres años, solo un caso ha llegado a la etapa de juicio.
En San José de Guayusa el abandono es abrumador. Donde estaban los vigilantes de la vía a San Lorenzo, alguna vez hubo un control militar, dijo el guía del sombrero. En el recorrido de febrero pasado, en pleno estado de excepción y combate a las bandas que el Gobierno las ha calificado como terroristas, el equipo periodístico de este medio no observó ningún control militar ni policial en esa zona rural ni en los sectores urbanos.
El presidente Noboa ha buscado, a través de la declaratoria del estado de excepción, militarizar las zonas más violentas del país, sobre todo ciudades más grandes de la Costa por donde salen los cargamentos de droga, provenientes principalmente de Colombia y que son el combustible de las disputas entre los grupos criminales y de su guerra contra el Estado, pero para la Amazonía no ha hecho pública ninguna política específica.
El Punino se ha quedado solo. En medio de la selva amazónica es una zona en guerra que crece en silencio y nadie ve.
*Amazon Underworld es una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), Armando.Info (Venezuela), La Liga Contra el Silencio (Colombia), Plan V (Ecuador) y la Red Ambiental de Información (RAI, Bolivia). El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Pulitzer Center y está financiado por la Open Society Foundations, por la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth (FCDO) del Reino Unido y por la International Union for Conservation of Nature (IUCN NL).
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