Llaman a movilización social

Por Galo Muñoz Arce

En Saraguro se realizó el pasado 28 de marzo el Décimo Consejo Nacional de Pachakutik. La actividad congregó aproximadamente a unas dos mil personas, entre ellas:  asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, líderes y directores provinciales de Pastaza, Bolívar, Loja, Manabi, Santo Domingo, Esmeraldas, Imbabura, Morona Santiago, Chimborazo, Carchi, Cañar, Napo, Orellana, Santa Elena, Sucumbíos, Azuay, Los Ríos, Cotopaxi, Pichincha, dirigentes  de la CONAIE, y  de la Amazonía.

Como es de costumbre los Taytas y Yachays realizaron un ritual sagrado, en un intento de recobrar nuestra memoria ancestral y restablecer la conexión con la Pachamama,  donde la vida se cobija y gesta, con el deseo de  volver a nacer, más livianos, más alegres, más vitales, invocó uno de los Taytas.

Fanny Campos, coordinadora nacional del movimiento, hizo un llamado  a los asistentes a  trabajar de manera decidida y unitaria por el fortalecimiento de  la democracia participativa generando una nueva moral y ética de responsabilidad individual y colectiva, basada en los  principios del Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua,  combatiendo la corrupción y la impunidad que campea en las esferas del oficialismo.

Sostuvo que este no es el momento para  hablar de candidaturas, pero si para  formar un frente amplio para los comicios del 2017. Campos dijo que la prioridad por ahora, es hablar de las enmiendas a la constitución. El movimiento plantea siete preguntas para convocar a una consulta popular y el objetivo es lograr que esta se realice.

GOBIERNO ENFRENTA A ORGANIZACIONES SOCIALES

Salvador Quizhpe, líder indígena y Prefecto Provincial de Zamora Chinchipe,   fustigó la desatención del gobierno nacional a las provincias en donde Pachakutik tiene a sus autoridades, explicó que “los compañeros que mantenemos una posición coherente con nuestras agrupaciones, no tenemos el aval económico del gobierno”.

Aseguró que Rafael  Correa  y sus ideólogos definen su proyecto como un proceso que tiene como objetivo, en un primer momento, construir una sociedad pos-neoliberal, en un segundo, un “socialismo de mercado” y, por último, un “biosocialismo”. Es un proyecto estratégico, a largo plazo, que no podrá saltarse ninguna etapa.

Dicen, también, que no hay “solución de continuidad” en el proceso de desarrollo, por eso sostienen que el método es la reforma, desconociendo la lucha de clases y excluyendo los métodos revolucionarios para la toma del poder y la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Identifican la sociedad pos-neoliberal con el Estado-nación (capitalismo de base popular) que el asesinato de Alfaro truncó en el Ecuador y de cuyo proceso histórico se sienten herederos; el “socialismo de mercado” lo identifican con la nueva economía china y el “biosocialismo” con una hipotética sociedad de autoconciencia que se supone tendrá que surgir en base a los principios civilizatorios del “Sumak Kawsay”.

Denunció  que el gobierno ecuatoriano ha decidido enfrentar a las organizaciones sociales que se oponen a su proyecto político enjuiciando a sus dirigentes para encarcelarlos o mantener juicios abiertos de manera indefinida a fin de silenciarlos; de igual forma, busca cerrar las organizaciones mediante un decreto que amenaza su estabilidad y limita sus actividades.

Salvador Quizhpe resume estas nuevas formas citando al control de los medios de comunicación; el control de las bases sociales más pobres a través de la entrega mensual de US$ 50, a lo que se denomina “bono de desarrollo humano” y al que acceden cerca de dos millones de personas; la división de las organizaciones y gremios sociales; la cooptación de dirigentes sociales con la oferta de puestos de trabajo; y, finalmente, para quienes no se muestran dóciles al gobierno, la instauración de juicios.

Las organizaciones sociales ecuatorianas poco a poco han salido de la influencia gubernamental y empiezan a gestar acciones de oposición, como las movilizaciones de septiembre y noviembre del 2014 en las que, entre otras cosas, rechazaban las reformas laborales que restringen derechos de los trabajadores, la vigencia del Decreto 16, emitido en junio del 2013, que controla la organización social, las restricciones a la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social.

Este 19 de marzo los movimientos sociales protagonizaron una nueva jornada de protesta en nueve ciudades en la que, a más de las reivindicaciones ya planteadas, se sumaron grupos de mujeres para rechazar la nueva política de educación sexual que se basa en la moral y la abstinencia, y otros grupos de consumidores afectados por los nuevos aranceles de las importaciones.

El Decreto 16 violenta el derecho a la libre asociación mediante la exigencia de una serie de informes con los cuales el gobierno puede conocer las acciones y el pensamiento de las organizaciones.

“Todo el aparato estatal es usado por un gobierno autoritario para acabar con las organizaciones sociales; se nos quiere obligar a presentar informes de cada asamblea, de cada reunión; decir con qué recursos, en qué han invertido, quién les ha dado. Es decir, quiere una fuente de información que vulnera el derecho a la libre asociación”, denunció el líder indígena en medio de aplausos y ovaciones de los participantes.

AMENAZAS Y JUICIOS

 Las formas de control social y criminalización de la protesta a las que se ha referido Quishpe han dado como resultado el silencio de muchas organizaciones, algunas de ellas vinculadas con el gobierno a través de convenios económicos y otras temerosas de hablar para no tornarse vulnerables frente a un posible cierre.

Por otra parte, también muchos dirigentes se han callado. “Les plantean un juicio y muchos se privan de estar en la palestra opinando sobre el gobierno, y lo otro son amenazas de muerte”, afirmó  Salvador Quizhpe.

En efecto, en los últimos meses se ha detenido y condenado a líderes sociales acusados de sabotaje y terrorismo, como el caso del dirigente campesino Javier Ramírez, liberado el pasado 10 de febrero luego de pasar 10 meses de prisión; o el caso de Manuel Molina, dirigente campesino detenido por cuatro meses acusado de los mismos delitos, por los cuales también se busca la detención de la profesora Mery Zamora, exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a pesar de haber sido ya absuelta de los cargos que se le imputaban.

FORTALECER LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Ranti Chuma, coordinador del Consejo Políítico de Pachakutik  en  Cañar,  señaló  que uno de los acuerdos del encuentro fue apoyar la movilización social articulando acciones con todos los movimientos sociales afectados por las medidas económicas y salvaguardas   impuestas por el gobierno de Rafael Correa.

Sostuvo que las marchas del primero de mayo que se realizarán en todo el territorio nacional serán una nueva demostración del malestar y descontento de los ecuatorianos contra el alto costo de la vida, el derecho a la libertad de organización a la educación intercultural bilingüe, el respeto a los territorios ancestrales y la no reelección indefinida, en el marco de la constitución vigente.

Señaló  que la reelección en el marco del proyecto correista sólo equivale al endiosamiento del caudillo reformista. El oficialismo usa el irresponsable argumento de que en última instancia será el pueblo el que decida en las urnas si quiere o no a Correa, calculando que una derrota sólo abrirá las puertas del triunfo a la otra fracción modernizante, con lo cual el proyecto de todas formas se llevará adelante.

El miembro del Consejo Político de Pachakuitik, afirmó que  el oficialismo en ocho años de gobierno ha sido incapaz de aprobar una ley de Territorios y Reforma Agraria que termine de hacer justicia al campesino ecuatoriano. No puede haber justicia en una realidad agraria en la que la estructura de la propiedad demuestra una escandalosa verdad: el 2% de los propietarios tiene casi el 50% de la tierra, más del 64% son minifundistas y un alto porcentaje no tienen tierras. Nadie que quiera el bien de la patria puede imaginar siquiera que con esta realidad se pueda construir una patria de equidad y de justicia.

Dice el oficialismo que está cambiando la realidad educativa, para lo cual exhibe como un logro superlativo la entrega sistemática de las Escuelas del Milenio. Bien por la obra material, pero, ¿para qué se educa a estas nuevas generaciones?, ¿para salir a un mercado laboral que les obligará a actuar como hienas para alcanzar una grado mínimo de estabilidad?

Expresó  que la educación correista direcciona la formación al logro de la excelencia profesional de los soldados defensores del sistema y no al cambio de mentalidad y sentimientos de las nuevas generaciones. Difunde mensajes en los medios, habla, hace reflexiones, defiende ideas sobre el Sumak Kawsay, crea Secretarias adjuntas, pero mantiene intacta la educación privada elitista de clase, en la que se enseña a los niños y a los jóvenes a sentirse superiores a los demás.