El observador

Ecuador Pedro Delgado hace graves revelaciones de funcionarios del régimen

Pedro Delgado, ex presidente ejecutivo del Banco Central del Ecuador (BCE), condenado a 8 años de prisión por el caso COFIEC, envió un comunicado de prensa desde Miami, Estados Unidos, en donde reside actualmente. En el documento, reitera su inocencia en el caso y asegura que todas las decisiones que tomó durante sus labores en cargos públicos “siempre fueron buscando defender el interés del estado y no favoreciendo intereses de grupos privados”. Reiteró que “todos negaron que hayan recibido alguna instrucción mía para facilitar el crédito de Duzac”.

A continuación emitidos la carta enviada por Pedro Delgado a la redacción de Ecuadorinmediato.com:

El domingo 15 de marzo de 2015, los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dieron a conocer su sentencia condenatoria en mi contra. Tuvieron que pasar casi quince días para que de manera rebuscada digan que “Delgado fue quien generó la idea criminal y se encargó de convencer deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos” (1). Nada mencionan los jueces en su desmotivada sentencia respecto a cómo supuestamente generé la idea y convencí en ejecutar dicho crédito.

La acusación del Fiscal responde a motivos personales e instrucciones de políticos interesados, su alegato se basa en tergiversaciones que buscan perseguirme y vincularme en actos en los que no participé ni tuve conocimiento alguno al momento que ocurrieron. Increíblemente estos jueces confirman la acusación del Fiscal, a pesar de que en ninguna de las declaraciones de testigos o imputados se menciona que hayan recibido alguna instrucción mía. Como puedo haber “ideado” y “convencido” de un acto criminal si los imputados (y testigos), bajo juramento durante las dos semanas de audiencia del juicio TODOS NEGARON QUE HAYAN RECIBIDO ALGUNA INSTRUCCIÓN MIA PARA FACILITAR EL CREDITO DE DUZAC.

El ex – Superintendente de Bancos, al referirse a la consulta sobre la vinculación o no de los créditos que las empresas incautadas mantenían en Cofiec, dijo que esa consulta fue hecha por una situación específica a los depósitos y a los créditos que a esa fecha mantenían tanto el Fideicomiso como algunas empresas incautadas en dicho banco, no por una operación del señor DUZAC.

Si Francisco Endara hizo alguna gestión en COFIEC, fue a título personal, sin mi conocimiento ni autorización; queda en su conciencia el responder a los motivos para que de manera infundada y desleal ha pretendido trasladar sus responsabilidades a mi persona a cambio supongo de mitigar a la opinión pública o sanciones legales de ser el caso. Adicionalmente, jurídicamente la declaración de un imputado, inculpando a otro NO TIENE VALIDEZ, si es que la misma no ha sido corroborada, comprobada o documentada de manera fehaciente.

El Fiscal en sus alegatos, se refiere al informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros como el documento habilitante y vinculante que sustenta todo este proceso que se me ha instaurado; y, con el cual se busca demostrar mi supuesta participación en el crédito a Duzac. La verdad es que dicho informe identifica a los responsables de haber incumplido con la normativa bancaria vigente; mencionando claramente nombres, funciones; y, decisiones de todos los partícipes en ese proceso. Ligia Cobo, funcionaria de la Superintendencia de Bancos que firmó el informe (la misma que buscaba desvincular a ciertos grupos vinculados a banqueros quebrados), en su declaración corroboró que durante la auditoría de la Superintendencia de Bancos, no se identificó ninguna prueba que permita afirmar que Pedro Delgado influyó de alguna manera en la aprobación de este crédito.

Sorpresivamente, la Fiscalía y los Jueces han declarado inocentes a todos los funcionarios que la Superintendencia identificó y sancionó como responsables de este crédito, llegando incluso a juzgar con dos leyes distintas el mismo delito, favoreciendo a allegados a los grupos de presión de este caso. Por lo tanto, ahora aquellos que tomaron decisiones en la aprobación y desembolso del crédito y que actuaron de mutuo propio, ya no son responsables de sus acciones porque los jueces justifican ese proceder con supuestas presiones o decisiones de terceros. ¿Con ese criterio que pasará con los casos de la crisis bancaria?

El Fiscal de manera premeditada durante todo este proceso ha buscado entorpecer mi defensa, no solo se ha negado reiteradamente a tomar mi declaración utilizando los medios legales a su disposición, como asistencia internacional, sino que de forma repetitiva ha impedido que pueda presentar pruebas en mi favor, por eso es que incluso requerimientos que buscaban confirmar que no conocía y no participé en este caso (escrito ingresado por mi abogado el 13 mayo 2014), no han sido tramitados; también ha impedido que documentos que desvirtúan las afirmaciones de la supuesta relación del crédito con procesos licitatorios del Banco Central en el tema de Billetera Móvil, fueran procesados (escrito de octubre 16 de 2014). Esta dolosa actuación del Fiscal ha evitado que pruebas a mi favor puedan incorporarse como parte activa del proceso o que testigos relevantes fuesen convocados a rendir declaración. ¿Cuál es el interés del Fiscal para mantenerme en indefensión?

Finalmente, es tanto el interés político de este caso que de manera inmediata el Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, sale a declarar que “… el Gobierno está satisfecho con esta decisión, porque es un evidente acto de corrupción…” No es de sorprender esta declaración, ya que lo único que busca el Abogado Mera, es proteger sus intereses personales o de sus amigos o de afines al gobierno (como el Fiscal); intereses que evidentemente se han visto beneficiados y protegidos en estos últimos dos años en los que el gobierno tiró la toalla en todos los juicios contra los grandes deudores. ¿Dónde están los resultados de los juicios de coactiva y de excepciones a grandes deudores, el cobro del “vuelto de Filanbanco, etc.?

Las desafortunadas declaraciones de Mera, hacen más evidente el interés político en este proceso ya que no son otra cosa que su respuesta a mis actuaciones al negarme a cumplir disposiciones que consideraba irregulares, tales como cuando me negué a ratificar el contrato millonario que el Presidente y Mera habían hecho firmar al Banco Central del Ecuador, para que se paguen los servicios profesionales del abogado que representó al Presidente en su Juicio contra Diario El Universo, abogado que incluso dijo que ese trabajo lo había hecho a título gratuito. En la realidad el Banco Central por órdenes de Alexis Mera firmó un contrato directo en el que se entregaba la mayoría de los juicios de coactiva de los bancos liquidados a favor del abogado del Presidente; ciertamente el contrato no estaba a nombre de este abogado directamente, se utilizaron testaferros. Apenas me posesioné como Presidente del Banco Central, se me requirió que cumpla con las obligaciones económicas que se habían pactado, le indiqué que yo revisaría las condiciones, monto y mecanismos de pago del contrato; ya que las condiciones del mismo eran contrarias a la práctica que yo había establecido en otros casos similares (pago por resultados). Mera me hizo saber que ese contrato era un compromiso adquirido por los servicios a favor del Presidente.

Igualmente cuando se presentaron las denuncias como resultados de los informes del SRI por fraude tributario y alteración de balances en las empresas que desaparecieron las obligaciones(2) del “VUELTO DE FILANBANCO”, en el que aparecieron como responsables varios de sus amigos (Jorge Abbud Isaias,, Vicente Abbud Isaías, Álvaro Dassum), que habían sido administradores de EQ2, Seguros Rocafuerte; y, Olytrasa, al no lograr que desestime estas denuncias, Mera y el Fiscal General presionaron a los fiscales del Guayas a cargo del caso para que no continúen con las indagaciones. Se dan cuenta la relación de esta decisión de Mera, con la actuación del Fiscal en el caso Empagrán y con la inacción de Katia Torres en proteger los intereses del estado en las demandas presentadas por este mismo asunto en Panamá. EL RESULTADO: LA PÉRDIDA PARA EL ESTADO DE MÁS DE US$ 140 MILLONES QUE AHORA TANTO NECESITA EL PAÍS.

El Presidente pidió a la SENAIN, que investigue el asunto COFIEC; y, en una reunión de trabajo en su despacho, en presencia del Superintendente de Bancos y de Mera, se entregó un reporte (una copia mantengo en mi poder), que identificaba y determinaba claramente quienes participaron en este hecho. Dicho informe indicaba que no había evidencia que demuestre alguna participación mía en este crédito.

Ya habrá oportunidad de hablar de otros casos similares, por el momento lo único que puedo decir, es que todas las decisiones que tomé en las funciones que ejercí siempre fueron buscando defender el interés del estado y no favoreciendo intereses de grupos privados o personas en particular.

Atentamente,

Pedro Delgado Campaña