Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final
Después de siete años de la aprobación de un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa en la contratación de una consultoría para identificar e investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, que la hizo el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la administración del exmandatario Rafael Correa.
Los sancionados fueron el perito de nacionalidad argentina Roberto Meza Niella y dos exfuncionarios del ministerio, Jéssica Jaramillo y Jorge Granizo, los dos últimos como responsables subsidiarios.
En el 2013, el desaparecido Ministerio de Justicia, que creó Rafael Correa, contrató los servicios de Roberto Meza para que elabore una investigación forense no judicial, relacionada con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno, ocurrida en diciembre del 2010.
Gabela denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008.
En diciembre del 2010, unos sujetos ingresaron a su domicilio en Guayaquil y le dispararon. Murió diez días después en un hospital de esa ciudad.
La justicia ordinaria concluyó que se trató de un delito común y sentenció a los autores materiales. Pero su viuda, Patricia Ochoa, exigió al régimen de Correa una investigación del asesinato, porque estaría relacionado con las denuncias de su esposo.
El contrato se adjudicó el 10 de abril de 2013 por $ 78. 000 para realizarse en un plazo de 90 días.
La pericia se planificó en tres momentos. El primer producto contempló un primer producto que contenía el cronograma de trabajo y por ello se pagaron $ 23.400.
El segundo producto debía establecer el móvil, respecto de si era delito común o crimen organizado y por él se pagaron $ 31.200, pues correspondía el 40 % del contrato. Al descartarse que se trataba de un delito común, avanzó al tercer producto.
En este último momento, el consultor debía determinar el móvil y los presuntos autores intelectuales y por este expediente se pagaron $ 23.400.
Roberto Meza asegura que entregó los tres productos para conocimiento del Comité Interinstitucional; pero, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga dio lectura a un conjunto de conclusiones en las que se atribuía que el crimen de Gabela fue por delito común.
Meza elevó su reclamo de que esa conclusión no era parte de su informe y que su documento contenía su firma y el sello de su consultora; mientras que Patricia Ochoa expuso que el informe estaba incompleto y no contenía firmas ni sumillas.
Desde entonces, este tercer producto se considera desaparecido de los registros y archivos públicos.
Es así como la Contraloría señaló en su informe -aprobado el 31 de octubre de 2016- que «no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto» y predeterminó una orden de reintegro por $ 23.400 en contra del perito Meza, porque además en la parte de las conclusiones «no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad».
A poco de cumplirse siete años de la aprobación del examen especial, el 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó al perito Meza, a Jéssica Jaramillo y a Jorge Pazmiño que se confirmaba una responsabilidad civil culposa y a la par emitió una orden de reintegro por $ 23.400.
La notificación de reintegro se emitió en contra de Roberto Meza, que como consultor se le cancelaron $ 23.400 por el tercer producto, que según el organismo de control, «no se evidenció la documentación que sustente su emisión» y en la parte de las conclusiones «no tiene firma de responsabilidad, por lo que ocasionó un perjuicio económico» al Estado.
A Jéssica Jaramillo, como excoordinadora jurídica del ministerio, por suscribir el acta de entrega y recepción del informe final y solicitar la cancelación de $ 23.400 y a Jorge Pazmiño por suscribir el acta de entrega y recepción y solicitar la cancelación de $ 23.400.
A este valor se dispone sumar los intereses, que serán calculados a partir del 31 de diciembre de 2013, señala el documento.
La institución aclaró que los sancionados pueden presentar recursos legales ante los tribunales contenciosos administrativos en contra de la orden de reintegro.
El perito Roberto Meza informó que dispuso a su abogado defensor en Ecuador (pues él vive en Brasil) que inicie las acciones legales que correspondan para impugnar esta decisión, pues a su criterio el caso se cerró en el 2018.
Tras la denuncia de que el tercer producto estaría desaparecido de los archivos, la Corte Constitucional (CC) ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que este sea reconstruido por el perito Meza.
Su decisión fue el resultado del trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo.
El informe reconstruido se entregó en julio pasado y los mismos jueces de la Corte observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza ni tampoco el sello».
También notaron inconsistencias como que pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se relacionó con delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto Comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común» (sic).
El organismo dispuso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité.
La Contraloría informó a la Corte que además del examen hecho al contrato se hizo un segundo en el 2019 a la gestión documental del Ministerio de Justicia e identificó a siete ‘sujetos de responsabilidad’.
De entre ellos, solo el exministro de Justicia del gobierno de Correa, Lenin Lara Rivadeneira, reportaba una sanción administrativa. (I)
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