El observador

 

Ecuador y El Salvador frente al espejo

Ecuador y El Salvador enfrentan, en ritmos diferentes, una misma amenaza a sus democracias: la violencia resultante del crimen organizado que permea no sólo la sociedad sino al Estado y sus instituciones. En El Salvador, la ciudadanía ha tenido que escoger entre dos opciones: una democracia débil, que se ha mostrado incapaz de atacar el problema; o el autoritarismo que, a través de medidas de “mano dura” que violentan los derechos humanos, ha logrado controlar la violencia momentáneamente. La pregunta que se abre para Ecuador es si existen posibilidades de que el Estado redireccione su rumbo y que sus instituciones democráticas sean capaces de frenar la criminalidad. 

El Ecuador pareciera seguir algunos de los pasos que ha transitado El Salvador. En 2023 la violencia ha llegado a niveles históricos, situándose como el país más violento de la región con 40 homicidios por 100,000 habitantes en manos de bandas que forman parte del crimen transnacional y del narcotráfico. La vida cotidiana se ha convertido en una lucha contra secuestros, extorsiones y asesinatos a plena luz del día. Completan el escenario una serie de masacres carcelarias perpetradas por las bandas que luchan por el control de las mismas, y que en julio de este año sumaron 14, dejando como resultado una cifra de 459 muertos.  El Estado ecuatoriano no tiene la capacidad de hacer frente a esta nueva realidad y, lo peor de todo, la justicia y las instituciones han sido permeadas por el crimen organizado y la narcopolítica. 

Este escenario catastrófico ocurre en medio de unas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la “muerte cruzada”, que permite al Ejecutivo disolver el congreso y llamar a elecciones. La campaña electoral ha sido la más violenta de la historia, y tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato que investigó y denunció los vínculos entre política y narcotráfico en el país, ha quedado confirmado que hacer política en Ecuador es una actividad de alto riesgo. 

Tras los resultados de la primera vuelta, está en marcha la campaña hacia el balotaje en el que se enfrentarán Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González por la Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa. El clivaje correísmo-anti correísmo marca el ambiente político y el miedo ha llegado a calar profundo en todos los sectores, logrando acallar múltiples voces.

Por su parte, en El Salvador, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec (México) en 1992, logró poner fin a doce años de guerra civil e iniciar un proceso de transición hacia la democracia en un sistema bipartidista con la presencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de derecha. Los resultados de las tres primeras décadas de democracia no fueron los esperados, por la presencia del crimen organizado transnacional que a través de las “Maras” pusieron en jaque al Estado y penetraron el territorio, logrando controlar gran parte de la sociedad. 

Esa experiencia explica la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en junio de 2019 con el 53% de votos y sin necesidad de ir al balotaje. El joven político había ocupado las alcaldías de Nuevo Cuscatlán en 2012-2015 y de la capital San Salvador en 2015-2018, formando parte del FMLN. Su discurso para la campaña electoral de 2019 atacó a la política tradicional y al bipartidismo, responsabilizándose de los males que acechaban al país. Las redes sociales reemplazaron a las estructuras partidarias y por primera vez dominaron la campaña dirigida a un voto joven con mensajes contra la vieja política y la corrupción. En su discurso de posesión, el flamante presidente afirmó “Hemos hecho historia y hemos pasado la página de la posguerra… Invito a todos los salvadoreños a celebrar la victoria frente al bipartidismo”. 

Tras cuatro años de gobierno, El Salvador es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo con 96,000 presos. Desde marzo de 2022 el país se encuentra bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado 11 veces, convirtiéndose en la principal estrategia de seguridad ciudadana que en lugar de ser momentánea se mantiene a largo plazo y restringe los derechos constitucionales permitiendo realizar detenciones masivas. El presidente cuenta con gran aceptación, y en su cuenta de twitter escribió “Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”. Con la legitimidad que le confiere el haber pacificado el país, Nayib Bukele se alista a participar en las elecciones generales de febrero de 2024, con altas probabilidades de ganar.

Lo que se juega en las elecciones del 15 de octubre en Ecuador, es la posibilidad de abrir una puerta para “sanear” el Estado desde sus instituciones, o continuar con la destrucción de una democracia que se declara, hasta ahora, incapaz de desterrar la violencia. Mientras que, en El Salvador, las elecciones de febrero de 2024 han puesto de manifiesto las intenciones del actual presidente de perpetuarse en el poder para continuar con la política de “mano dura”. 

Ecuador y El Salvador muestran que la democracia está amenazada desde dos frentes: la violencia y la criminalidad, por un lado; y la respuesta de mano dura, por el otro. Para poder darles vida a estas democracias agonizantes, es preciso construir una vía alterna. 

*Sofía Cordero Ponce es Doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO Ecuador, integrante del equipo del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y la Red de Politólogas. Puedes seguirle en twitter como @sofirula y en @ReformasLATAM; y en Facebook como @sofiacordero