Sacar a María Paula Romo de la batalla puede ser la fórmula para ganar la guerra: esa parece que es la ecuación que manejan al menos tres sectores que en los últimos días han coincidido en una cruzada cuyo fin es, básicamente, desprestigiar a la ministra de la Política para forzar su salida.
Todo comenzó con el tema del uso del helicóptero de la Policía en el que Romo se transportó desde Salinas hasta Esmeraldas, donde pasaba vacaciones con la familia de su compañero sentimental y de gabinete Iván Granda. Se le acusó de haber usado bienes públicos para transportarse durante días en que supuestamente no estaba ejerciendo el cargo. Como si los encargados de la seguridad del país no tuvieran riesgos los días que no trabajan.
Inmediatamente a la polémica del helicóptero se sumó el tema de la supuesta falta de compromiso de Romo con los planes de seguridad del municipio de Guayaquil. Entre la alcaldesa Cinthya Viteri, sus seguidores y la logística de trolls contratada por el municipio a las célebres firmas de Juan Carlos Vásconez, que fueron pilar del aparato de acoso correísta, las redes se convirtieron en un auténtico infierno para Romo.
Pero esa cruzada tiene un tercer factor, mucho menos visible pero quizá mucho más potente que los desatados por el asunto del helicóptero y el tema de seguridad de Guayaquil: el de la reestructuración del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Isspol. Romo se convirtió de la noche a la mañana en una peligrosa amenaza para poderosos sectores de la Policía que durante la década correísta manejaron los fondos de la Isspol e hicieron millonarias inversiones irregulares en fideicomisos que no tienen relación con la seguridad social y las pensiones de los policías retirados.
El acoso en contra de Romo desde los sectores vinculados al manejo de los fondos Isspol se desató, sobre todo, desde que Romo tomó la decisión de sacar de la dirección de ese organismo al general David Proaño y reemplazarlo con el general en servicio pasivo Jorge Villarroel. El cambio se produjo el lunes 5 de agosto.
El tema del Isspol no es pelo de cochino: la Superintendencia de Bancos elaboró un informe en el que se habla de inversiones irregulares de más de 100 millones de dólares de fondos de la Isspol en, al menos, 18 contratos con fideicomisos que se dedican desde la venta de licores hasta bienes raíces y no en temas relacionados con la seguridad de los policías. El problema, hecho público por la revista Vistazo, consiste en que, según la Superintendencia, uno de los resultados de la mala administración del organismo policial es la pérdida de 43,6 millones de dólares. El monto de las inversiones, superiores a los 10 millones de dólares, hechas por grupos relacionados con la Policía durante los últimos diez años explica, según pudo establecer 4P., el poderoso lobby que se ha montado para sacar a Romo del Ministerio, sobre todo antes de que Proaño fuera removido de su cargo.
Adicionalmente a los contratos fiduciarios, el informe de la Superintendencia registró créditos irregulares otorgados por la Isspol que nunca fueron cobrados. Entre los casos detectados en el informe está, según Vistazo, un contrato Centinela Costa Club de más de 7 millones de dólares. La contraparte del Isspol en este fideicomiso es Roberto Barrera, ciudadano detenido en EEUU, con 250 mil dólares e investigado por posible lavado de activos.
4P. supo, además, que luego de que Romo conoció el informe de la Superintendencia se hizo, por gestión suya, una reforma al reglamento del Isspol para evitar estas inversiones. Sin embargo, esa reforma fue fraudulentamente cambiada por los intereses que se habían creado dentro del organismo.
Romo es, entonces, un objetivo político contra el que se juntan varias fuerzas. Para comenzar, es vista por el lobby anti aborto como una feminista que tiene demasiado poder en el Gobierno y que ahí mueve muchas cosas para perjudicar sus intereses. Esa corriente ha estado tras los anuncios de juicio político por el tema del helicóptero en la Asamblea, impulsados por María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, dos de los más importantes representantes de los sectores más opuestos a cualquier apertura frente al aborto.
Romo también paga el precio de restar espacios a sectores políticos tradicionalmente apalancados en determinados espacios de poder. 4P supo, por ejemplo, que las gestiones de Romo para consolidar alianzas en el interior de los consorcios de prefectos y alcaldes del país perjudicó a los candidatos puestos por el socialcristianismo para el Congope y el Concope. Eso fue, al parecer, un factor importante en la arremetida desatada luego del conflicto por el manejo de la seguridad en Guayaquil.
Se suman, como ya se vio, las presiones disparadas desde los sectores de la Policía que querían sacarla del cargo antes de que se haga la reestructuración en la Isspol. Es evidente que, al margen de las cuentas que ella deba rendir, se han juntado factores que explican por qué María Paula Romo está en medio de la tormenta perfecta. Haber juntado de nuevo Interior y la política en un solo ministerio causa, obviamente, muchos cortocircuitos.
La agenda anti Romo tiene además un aliado: sus orígenes políticos. Que haya estado junto al gobierno de Rafael Correa en sus inicios y que jamás haya hecho un mea culpa público es algo que muchos no le perdonan: eso se nota en espacios de conversación y opinión como las redes sociales. Romo es, quizá, la figura del actual poder con mayor incidencia política. Y eso en tiempos pre electorales evidentemente produce consecuencias.
Foto Ministerio de Gobierno
No hay comentarios:
Publicar un comentario