El observador

POR: Revista El Observador, edición 111, Junio de 2019

Orígenes del seguro social ecuatoriano

El nacimiento del seguro social ecuatoriano tiene como antecedente el contexto descrito relacionado con el auge del movimiento obrero ecuatoriano, en circunstancias en que desde 1895 a 1925 el sector de la burguesía comercial, agroexportadora y bancaria, se constituyó en la fracción de clase dominante hegemónica del país, controlando gobiernos liberales plutocráticos que manejaban al país como una hacienda propia. Hasta la primera década del S. XX, los militares eran los únicos servidores del Estado que se hallaban bajo el sistema legal protectivo frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Los costos de las pensiones de retiro y montepío eran cubiertos directamente con el presupuesto general del Estado. En el gobierno del Presidente Ayora se expide la Ley de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa, promulgada en el Registro Oficial 591 del 13 de marzo de 1928, que crea la CAJA DE PENSIONES que otorga a sus afiliados los beneficios de: Jubilación Montepío Civil Retiro y Montepío Militares Caja de Ahorros Cooperativa Mortuoria Préstamos a los empleados. Hecho fundamental para la vida institucional de la Caja de Pensiones fue la consagración y defensa de la autonomía frente al poder central del Estado, la cual fue proclamada por el Consejo de Administración en sesión del 21 de febrero de 1930. En el gobierno del Ing. Federico Páez, mediante decreto Supremo N° 12 del 2 de octubre de 1935, se expide la ley de establecimiento del Seguro Social Obligatorio y creación del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, con el objeto de ampliar la protección social a los diferentes sectores de los trabajadores que hasta entonces no habían sido tomados en cuenta en la aplicación del seguro social, ya que la Caja de Pensiones solo beneficiaba a los trabajadores públicos, bancarios y los militares. El Instituto Nacional de Previsión pasó a ser el organismo director, coordinador y aplicador del seguro social obligatorio, de la promoción del seguro voluntario, a la vez que tenía a su cargo el “Patronato Nacional del Indio y del Montuvio”, por lo que a partir de entonces quedaban sometidos al seguro social obligatorio “los empleados públicos y privados y los asalariados, sea cualquiera el orden de actividades en las que se ocupen, sin considerar su nacionalidad”. El seguro social obligatorio encomendado al Instituto, debía ser ejercido a través de la CAJA DE PENSIONES existente desde 1928, y la CAJA DEL SEGURO fundada en 1937 con el nombre de Caja de Empleados Privados, y Obreros Industriales. La ley señaló que el Instituto Nacional de Previsión, era una entidad autónoma y con personalidad jurídica, con funciones legislativas para dictar ordenanzas, reformar estatutos y aprobar reglamentos. Era además tribunal de apelación en última instancia, de fiscalización, coordinación y orientación de la gestión encomendada a las Cajas de  Previsión (de Pensiones y de seguro). Períodos del Instituto Nacional de Previsión Social: Primer período: corresponde al de su constitución con la expedición de la Ley de Seguro Social Obligatorio (1935), iniciando su labor el 1 de mayo de 1936. Este período concluye con la expedición de la Ley del Seguro Social Obligatorio de 1942, en la que se efectúan varias reformas a la organización del Instituto y de las cajas de Previsión  basadas en criterios técnicos. Segundo periodo: corre desde la promulgación de la Ley en 1942 hasta la creación de la CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL mediante la fusión de las Cajas de Previsión (1963). Tercer período: desde 1963 hasta 1970, año en el cual se disuelve el Instituto Nacional de Previsión, para ser substituido por el INSTITUTO ECUATORIANO SE SEGURIDAD SOCIAL –IESS-. (fuente Dr. Carlos Castro Riera). La quiebra de la seguridad social A futuro, cuando se analicen las políticas de salud implementadas durante los gobiernos de Alianza País, un resultado ocupará el puesto estelar: la quiebra de la seguridad social. Y también surgirá la correspondiente interrogación: ¿cómo fue posible que esto ocurriera en medio de la mayor bonanza económica de la historia nacional? En efecto, desde cualquier punto de vista resulta inconcebible que la sobreabundancia de recursos termine en una bancarrota. Solo la politiquería tiene esa virtud. Un manejo demagógico y clientelar de las arcas públicas no puede esperar otros resultados. El populismo es el hijo irresponsable de la abundancia. Dilapida el erario en la misma proporción que lo saquea. El despilfarro es una condición sine qua non de la corrupción. Durante una década, las políticas de salud se sometieron a las necesidades político-electorales del régimen. Había que ganar adhesiones con obras de relumbrón y con la proliferación de servicios. Primó la lógica del inmediatismo. Por eso se desfinanció el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para cubrir la demanda cotidiana de la atención de salud. Con esa perspectiva, el futuro y los jubilados fueron condenados al campo de las externalidades, de los efectos secundarios de una política coyuntural. Eliminar los aportes del Estado era, en ese sentido, una mentira coherente. Desde la ignorancia y la mala fe, Rafael Correa pontificó que el IESS tenía un exceso de ahorros. Y con esa declaración abrió las puertas a una sangría financiera insostenible. Los populistas tienen otra peculiaridad: jamás se hacen cargo de la consecuencia de sus actos. “Cuando el barco encalla, le echan la culpa a la brújula. Hoy, la respuesta a la debacle pretende descargar el bulto sobre la espalda de los trabajadores. El actual presidente del directorio del IESS –quien como correísta también fue parte del descalabro– acaba de anticipar que una de las medidas para “salvar” la seguridad social será el aumento de la edad de jubilación y el incremento del aporte de los afiliados”. ¡Menudo cinismo! La seguridad social de un país es un tema extremadamente complejo. Es imposible tratarlo en un artículo de opinión. Su manejo requiere de un largo proceso de construcción colectiva, tanto técnica como académica y de una negociación política que involucre a toda la sociedad. No obstante, sí es posible –e indispensable– dar respuestas puntuales a los intentos del gobierno y de los empresarios de sacarse el bulto. Por ejemplo, los trabajadores afiliados al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) acaban de plantear salidas alternativas a la crisis del IESS: cobro de la deuda del gobierno, que asciende  a 2 mil millones, ochocientos mil dólares, cobro de la mora patronal, auditoría y suspensión de la subcontratación con prestadores privados, racionalización del gasto. Estas medidas, sin resolver el tema de fondo, al menos evitan que los platos rotos los paguen los más vulnerables. Tal como recomienda el Fondo Monetario Internacional, expone el Master en Desarrollo Local y Director de la Fundación Donum, Juan Cuvi. Aumentar la edad de jubilación Con una tranquilidad que asusta, como creyendo que nadie lo escuchaba, con un desparpajo que molesta e indigna. Así, Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, plantaba la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, de retirar la cobertura de salud para los hijos menores de edad de los afiliados y retirar los décimos en las jubilaciones. No fue un anuncio formal, sino que lo soltó como en una entrevista radial para que los ecuatorianos se vayan preparando para el súper ajuste. Fue tanta la indignación colectiva (en redes) que el IESS emitió un comunicado para matizar lo dicho: que las medidas deberán ser analizadas en un diálogo. Ese será el encuadre para obligar a que los ciudadanos trabajen más y que sus hijos se queden sin cuidado médico. Granda piensa como todo un empresario: si solo se aporta 12 meses, ¿por qué el IESS tiene que pagar décimos a los jubilados? Si no ha aumentado el costo de la afiliación, ¿por qué el IESS tiene que ampliar los beneficios a los niños? Donde otros ven solidaridad y asistencia social, él ve lucro, ganancia versus pérdida. Ahora vendrá el diálogo, que será con la AER de Otto Sonnenhozlner, con el Comité Empresarial Ecuatoriano del ministro Richard Martínez, con la CUT que apoyó los despidos, con los jóvenes políticos de Ruptura y María Paula Romo, con los académicos de la Universidad San Francisco de Quito, con los directores de medios amigos de Michelena… Un diálogo con los panas. Ya sabemos de antemano el resultado. Granda alista el mayor paquetazo desde la vuelta a la democracia: el aumento en la edad de jubilación. La medida se matizará luego con una aplicación escalonada para que no afecte a quienes están al borde de los 65 años. Pero los milleniales, los de 30, esos deberán trabajar más a cuenta de que ha aumentado el promedio de vida. Que el IESS está quebrado, que culpa de Correa, que lo usaron como caja chica. Todo eso dirán. Pero, ¿acaso no se restituyó el subsidio estatal del 40 las pensiones jubilares? ¿El IESS no puede cubrir ni siquiera el 60 e las pensiones? Si la curva demográfica ocasionará que en 20 años no se pueda sostener a los jubilados, ¿qué está haciendo el Gobierno para formalizar al trabajador? El grueso de la población trabaja en la informalidad, pero en lugar de buscar alternativas por ese lado, se opta por lo más fácil: el ajuste. ¿Que ya viene la inversión extranjera? ¿Qué beneficiar a los empresarios genera una lluvia de bienestar (así dijo Moreno)? ¿No crearán ellos empleos formales? Han mentido sin parar desde que asumieron el poder, pero dos años después no existe argumento que puedan mantener. Ahora habrá que ver la reacción de los sindicatos; si en verdad dicen defender al trabajador su oposición deberá ser en todos los ámbitos y sin claudicaciones. Las conquistas sociales, no las alcanzadas hace 10 años sino de mucho antes, están en peligro. Deudas por cobrar En las irregularidades estarían involucrados exsubdirectores de Prestaciones del Seguro de Salud de Pichincha. En la época, los encargados de los procesos habrían “inobservado las normativas de control interno”, incumplido con las pericias médicas y autorizado pagos en exceso. Según el informe borrador, los saldos que debían devolver las clínicas no se incluyeron en las cuentas por cobrar, por lo cual no existe un registro.

Lo que le deben al IESS ascendería a 16’108.033 dólares. De acuerdo con los auditores, las autoridades no han hecho nada para recuperar esa cantidad. También se detectaron pagos duplicados por falta de un proceso coordinado. En esto se perdieron 282.370 dólares. A parte de que se pagaron los abonos sin sustento, y en algunas de las cuentas, al momento de la liquidación no se restó ese valor y se terminó cancelando un total de 901.076 dólares de más.  Medicamentos con sobreprecio Según las normas que rigen los contratos con proveedores de salud privados, los implementos considerados como de “uso colectivo, no medible” como algodón, gasas y otros, no pueden cobrarse de forma individual, pues están incluidos en los costos de procedimientos médicos. Sin embargo, en el examen se encontró que se facturaron 306.934 dólares por estos y otros insumos 2.878 millones de dólares le debería el Estado al IESS, según un examen de Contraloría, presentado en julio de 2017. En el caso de los medicamentos adquiridos, su valor no podía superar el precio de la farmacia pública más 10nbsp;Esto no se respetó y se pagaron cuentas con sobreprecio, en total 660.758 dólares.  Además, se hallaron pagos de medicinas que no constan en el cuadro básico del Ministerio de Salud y que no se consideraron de tratamiento prioritario. Por ello, se canceló 83.097 dólares.  Otra de las irregularidades fue que en el proceso de calificación se incluyó a seis prestadores de servicios que estaban en nivel II, en el rango de pago de nivel I, sin considerar la calidad del servicio. Así, se pagaron 16.641 dólares en exceso. Fuente: Programa de Participación Ciudadana y Veeduría. “Que se vaya Granda” La Confederación de Jubilados, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la del Seguro Social Campesino pidieron la salida de Granda. Además, Julio Veloz Franco, representante de los jubilados, dijo que se debe someter al IESS a una reestructuración. Explicó que hay demasiados empleados, que la entidad pasó de 13.000 hace diez años, a tener 38.000 a la fecha. Pidió que se maneje de manera técnica la entidad, y aseguró que las pensiones decimotercera y decimocuarta sí están financiadas. Se opone al incremento de aportes a las pensiones o al aumento de años de aportación. Solicitó que se elija de manera inmediata a los vocales del Consejo Directivo, pues los actuales están en funciones prorrogadas. Édison Lima, de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados Técnicos, rechazó un estudio del BID que ha indicado que las pensiones del IESS son unas de las más altas de la región. Mientras, la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS entregó unas propuestas al Gobierno para ser tratada dentro de la iniciativa de diálogo nacional. Entre sus propuestas están una nueva Ley de Seguridad Social, que el IESS esté representado por afiliados y jubilados, que se transforme al Biess en banca de primer piso y hacer un inventario de bienes Como grupo técnico determinamos que tanto el IESS  como el Biess no tienen viabilidad futura y desde la Mesa de Estudios hacemos un llamado urgente a las autoridades para hacer cambios ante esta situación”. Jorge Madera, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, denunció la situación precaria del sistema y recalcó que la institucionalidad de la seguridad social ha sido degradada en los últimos años y utilizada políticamente. El Dato: La desinversión en el fondo de pensiones podría cerrar este año en 6.600 millones. La deuda del estado con el seguro de salud supera los 3.000 millones, sin tomar en cuenta los servicios prestados a los jubilados, con lo que el saldo acumulado superaría los 4.000 millones.Madera puntualizó, en este contexto, que sin certezas sobre la realidad actuarial del sistema de seguridad social y sobre las deudas y desfases en los fondos, no se puede enfrentar un proceso de diálogo nacional. “Si hay diálogo exigimos transparencia, el sistema de Seguridad Social tiene que ser reformado de manera inmediata. Las medias tintas no sirven”, añadió. Los miembros de la Mesa pidieron  al presidente Lenin Moreno que promueva la reforma al IESS y al sistema de seguridad social. También hicieron un llamado a  los medios para que se sumen a esta cruzada, al ser una causa de importante interés nacional que debe incluir a todos los sectores.  Posición de la UNP. Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), alertó sobre la falta de transparencia de las autoridades para develar, en su real dimensión,  las graves consecuencias de los malos manejos de los fondos del IESS “Es momento de pedir al gobierno que deje de maquillar las cifras, que se transparente la realidad y que tomen acciones  para evitar una catástrofe social”, añadió.