La Fiscalía informó esta tarde, hacia las 17:00, que pidió a la Corte Nacional día y hora para vincular a 22 personas, entre funcionarios públicos y empresarios, en el caso de los sobornos 2012-2016 (arroz verde). Esta audiencia que se veía venir, explica algunas cosas. Por ejemplo, el ataque con bala a la casa de Laura Terán, reportado esta madrugada. No hay de qué extrañarse: todos los mecanismos serán usados por el correísmo corrupto para tratar de intimidar a la Fiscal General y a los testigos susceptibles de suministrar pruebas en su contra. Rafael Correa está entre los vinculados por la Fiscalía: dicho de otra manera, esta vez el ente acusador formulará cargos, lo cual cambiará en forma radical su situación.
El dilema de Rafael Correa y de los implicados en casos de corrupción (un verdadero rosario), ya no es político. Su suerte se juega ahora en la Fiscalía General del Estado y en las cortes del país. Y aunque mantienen la mano metida en la Justicia, saben que ahora la parte acusadora tiene elementos realmente comprometedores que convierten su retórica en artificios verbales sin trascendencia. La contabilidad que Pamela Martínez y Laura Terán registraron con tanto detalle muestra la industria corrupta que Alianza País montó para imponer su hegemonía política. Gracias a la extorsión y al canje de favores con empresarios, el correísmo tenía una billetera lo suficientemente voluminosa para aceitar un aparato que convirtió a Correa en una marca y al aparato en un supuesto partido con presencia nacional. Ahora se sabe que también eso era una pose política permitida por los fondos recaudados. Nunca antes en Ecuador había tenido tanto sentido hablar del partido-Estado y de un caudillo con tanto poder y sentido de la discrecionalidad.
Correa y el correísmo siempre capearon las denuncias con lemas fabricados y rodados. Y les dio resultado, ahora se comprueba, gracias a la obediencia de jueces y fiscales instruidos y controlados por apparatchik como Patricio Pazmiño, Gustavo Jalkh y Galo Chiriboga. Es claro, en los reportes que hace Pamela Martínez a Correa, y que 4P. está publicando, en exclusividad, que jueces y fiscales eran brazos operadores del proyecto político de Correa. Correa y los suyos ahora sienten pasos de animal grande tras de sí. No solo están los documentos: está la voluntad de algunos de los detenidos de colaborar con la Justicia. Y por eso están recurriendo a todo tipo de amenaza e intimidación para frenar los procesos. O convertir a esos testigos en estatuas de cera. Mudas. Lamentablemente para ellos hay voluntad en la Fiscalía General de la Nación de hacer su trabajo y de proteger a los testigos de las amenazas, algunas de muerte, que pesan sobre ellos.
¿Correa aprueba con este tipo de procedimientos? No se ha visto que los condene y, en cambio, endosó el atentado a la casa de Laura Terán a “una jugarreta de los servicios de inteligencia del gobierno”. ¿Con qué fin? No lo dice. ¿Qué provecho sacaría la Fiscalía de atemorizar a sus propios testigos? Tampoco lo dice.
El Expresidente sabe, igualmente, que su segura vinculación a delitos como peculado y cohecho lo llevarán a quedarse por fuera del país, pues no prescriben. Y posiblemente lo obliguen a pedir asilo político, a menos que quiera venir a encarar la Justicia. También debe sospechar que él es el muro de contención de muchos investigados que todavía miran en su dirección como posible tabla de salvación. Su eventual vinculación, juicio (en ausencia) y (posible) condena, podrían contribuir a que se destraben algunas lenguas y animen a algunos de los suyos a colaborar con la Justicia. Se sabe que María de los Ángles Duarte lo iba a hacer, pero se contuvo. Al igual que Alexis Mera que ahora tiene tres agentes de policía custodiando su casa porque, a pesar de tener un grillete electrónico, sí ha hecho, según supo 4P., intentos de fuga.
El correísmo ha pasado a ser un tema judicial. Su futuro inmediato no está en las tarimas políticas sino en los estrados de las cortes. Y en ese sentido, la presión ciudadana estará en la Fiscalía y, sobre todo, en la Justicia. Cortes y Consejo de la Judicatura. Personajes como María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, y Paulina Aguirre y demás miembros de la Corte Nacional de Justicia, estarán bajo el escrutinio público. Porque no están frente a políticos perseguidos sino a un grupo de políticos que se erigieron en poder absoluto y atrabiliario gracias al cometimiento de numerosos delitos de los cuales ahora hay pruebas. Y testigos. entre ellos, además de Correa, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Walter Soliz, Viviana Bonilla y Christian Viteri.
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