El observador

POR: Francisco Escandón Guervara Publicado en la Revista El Observador, edición 111, Junio de 2019

Reformas para una esclavitud moderna

Federico Engels aseguró que el trabajo es el motor impulsor, la condición básica, del ser humano para transformarse de su inicial aspecto primitivo a su actualidad sentipensante. Sin embargo, la certeza del carácter liberador del trabajo se atrofió a partir de la apropiación privada de los medios de producción y la división clasista de las sociedades que se fraccionaron entre propietarios y no propietarios. Para entonces el trabajo mutó, pasó a ser forzado y se establecieron nuevas relaciones sociales de producción que legitimaban la enajenación del ser humano y la disputa interclasista que aún marca el desenvolvimiento de la historia. A la par de la explotación laboral, las masas trabajadoras se organizaron, reclamaron y conquistaron derechos mínimos que fueron reconocidos en el planeta. Más con el advenimiento de la globalización capitalista, del neoliberalismo, se profundizó la sobreexplotación laboral a través de reaccionarias reformas. En el Ecuador, el ocaso del siglo anterior y los albores del actual están marcados por ese signo, los distintos gobiernos proscribieron derechos laborales, a los que llamaron anacronismos y privilegios, para promover una mayor apropiación monopólica del capital. Esa también es la lógica del gobierno de Moreno que, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, pretende legalizar la precarización del trabajo, a través de la Ley de Fomento Productivo II. El pacto con el FMI obliga al gobierno a flexibilizar sin restricciones la jornada laboral actual de 40 horas semanales (8 horas diarias, de lunes a viernes). En adelante el trabajo podría ser reorganizado para cumplirlo en prolongadas jornadas, de hasta 13 horas, y en menos días, independientemente de que sean fines de semana.  De aprobarse estas reformas también se establecerán formas de contratación especial para cambiar el actual período trimestral de prueba, por uno de tres años. Está claro, el trabajador será víctima de la inestabilidad laboral, de un continuo acoso que condicionará su docilidad con la permanencia relativa en su puesto de trabajo. Moreno miente al justificar que estas medidas son adecuadas para promover el empleo, lo cierto es que estas políticas son tendientes a una mayor enajenación del trabajador y a la mercantilización desvalorizada de la fuerza del trabajo. Las reformas de la Ley de Fomento Productivo II son deshumanizantes porque promueven formas modernas de esclavitud asalariada. Con su aplicación se masificarán los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales por agotamiento, pero además los trabajadores perderán el derecho a recibir pagos complementarios, suplementarios y recargos por laborar en horarios y días distintos a la actual jornada de trabajo. La reforma antiobrera que pretende aplicar Moreno no sólo flexibiliza las formas de contratación, sino también el despido. Con seguridad días antes de que el trabajador cumpla con el trienio de sus funciones, será despedido y no tendrá derecho a exigir el pago de indemnización o liquidación por desahucio.  Sin embargo, estas aspiraciones del régimen no serán fácil de imponerlas, por más presiones que existan desde el FMI. Moreno tiene una autoridad menoscaba y sus aliados son tan pragmáticos que lo abandonarán ante cualquier inconveniente que se presente, además el gobierno enfrentará la respuesta del movimiento social y sindical, de la oposición popular, que está tejiendo alianzas y acciones para derrotar al recetario neoliberal del Fondo. Sin duda las contradicciones en el país se tensarán, quien tenga a las mayorías decisivas tras de sí se impondrá.