3. Institucionalmente Correa dejó el país en soletas… y así sigue
Tras un año de gobierno de Lenín Moreno, la pregunta de fondo se mantiene: ¿ha salido el país del correísmo? Es verdad que el Presidente, como se vio en las entregas anteriores, contribuyó a inhabilitar políticamente a Correa, ratificó la farsa de sus cifras económicas y de su sistema de corrupción que fue tan extendido como impune. No obstante, el correísmo se ancló en un sistema jurídico y constitucional que luce prácticamente intocado. Ha habido mutaciones, en cambio, en la dirección de las instituciones públicas que el correísmo controló en forma total y absoluta.
Correa no ocultó su deseo de concentrar todos los poderes en manos del Ejecutivo. No solo lo dejó consignado en la Constitución de Montecristi sino que, como si fuera El Rey Sol, lo dijo abiertamente y lo articuló a lo largo de su década en el poder. Todo está amarrado, es interdependiente y hermético: hay candados que obstaculizan los cambios. Para desmontar ese ovillo constitucional y jurídico de un solo tajo se requiere una constituyente y, si es gradual, mayorías absolutas en la Asamblea Nacional. Con Moreno no ha habido ni lo uno ni lo otro. En claro, la camisa de fuerza constitucional que dio lugar al híper presidencialismo y al autoritarismo sigue intacta.
Para fisurar ese sistema, Moreno (y el país por carambola) tuvieron un aliado totalmente paradójico: Odebrecht. De no haber sido por sus delaciones, tras sus actos de corrupción, el último Fiscal puesto por el correísmo, Carlos Baca Mancheno, no hubiera judicializado a Jorge Glas, el caballo de Troya ubicado por Correa al lado de Moreno. La misma fuente puso contra la pared a Carlos Polit, entonces contralor del Estado, a Ricardo Rivera, tío de Glas, y a ex funcionarios defendidos descaradamente por Correa, como Alecksey Mosquera. El castillo de cartas comenzó a caer y se aceleró con la designación del Consejo de Participación Transitorio que, tras haber destituido a Carlos Ochoa, en la Supercom y a Patricio Rivera, ex ministro de Finanzas y Superintendente de la Economía Popular y Solidaria, está evaluando al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional. Se puede hablar, entonces, de un desmoronamiento del control correísta sobre las instituciones. No así en lo que compete la arquitectura constitucional y jurídica del país.
Esto demuestra la falacia de Correa y seguidores suyos como Gustavo Jalkh, cuando hablan de la institucionalidad amenazada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Su institucionalidad es un montaje autoritario que concentró el poder, violó la independencia de funciones, convirtió los organismos de control en clubes de cheerleaders del caudillo y los organismos de fiscalización en comités de archivo de los grandes escándalos y atracos al erario público.
Hoy, tras un año de poder de Moreno, los ciudadanos pueden medir el retroceso que sufrió el país durante el correísmo en el plano institucional. Durante diez años; ocho de los cuales con gran estabilidad económica, se construyó un marco constitucional al servicio de un caudillo y de su partido. En esas instituciones no cupo el derecho sino el número de votos; no cupo el país en su diversidad sino el proyecto de un grupo decidido a perpetuarse en el poder. El correísmo no privilegió la necesidad de institucionalizar el país sino su deseo de diseñar instituciones funcionales a sus apetitos.
Total, el país institucionalmente está en soletas. Peor que antes. Forzado a usar un mecanismo efímero y absurdo (desde que Montecristi lo parió), como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para desmontar instituciones serviles del autoritarismo y tratar de encauzar de nuevo el país en la senda democrática.
Este es, mirando en perspectiva, el peor daño hecho por el correísmo al país. Moreno no tiene el músculo político para ponerlo en jaque y no es, al parecer, para él y para ninguna fuerza política, urgente desmontar esa arquitectura jurídica que produjo el autoritarismo.
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