martes, 15 de mayo de 2018

El Consejo Transitorio se blinda con olor de multitudes
El Consejo de Participación apunta ahora contra la Corte Constitucional, a la que somete a un proceso de evaluación que rompió la unanimidad de los siete consejeros. El informe sobre la gestión del Consejo de la Judicatura también se conocerá esta semana, y no se descarta que los integrantes de la instancia judicial puedan ser cesados. El Transitorio logró apoyo político del Ejecutivo, el Legislativo y varios movimientos sociales durante la semana pasada.
14 de mayo del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Fue una semana de apoyos políticos y manifestaciones de respaldo. En el edificio del Consejo de Participación Transitorio, una instalación en el centro de la capital, hay un desfile constante de personas que concurren a apoyar a los consejeros. 
La sede del Consejo, cercana al edificio del Banco Central y a la Basílica del Voto Nacional, tiene un parque anexo. Fue ahí donde seis de los siete consejeros recibieron a una nutrida y variopinta marcha de respaldo, en donde se sumaron dirigentes de la izquierda tradicional, sindicalistas, y abogados que han sido vistos en concentraciones de políticos de varias tendencias. 

Dirigentes sindicales fueron recibidos en el Consejo Transitorio. 

Acompañado de un miembro de su seguridad, Julio César Trujillo camina hacia su oficina. 
La sede del Consejo, cercana al edificio del Banco Central y a la Basílica del Voto Nacional, tiene un parque anexo. Fue ahí donde seis de los siete consejeros recibieron a una nutrida y variopinta marcha de respaldo, en donde se sumaron dirigentes de la izquierda tradicional, sindicalistas, y abogados que han sido vistos en concentraciones de políticos de varias tendencias.
La semana pasada, ante cuestionamientos sobre el Consejo Transitorio se está extralimitando, el presidente Lenin Moreno dio su apoyo político a los siete, y aseguró que cuentan con las potestades que se atribuyen. La Asamblea Nacional, tras un intento del correísmo de pedir una interpretación a la Corte Constitucional sobre las atribuciones del Transitorio, también aprobó una resolución de respaldo. Los vocales fueron luego al Palacio Legislativo y se reunieron con la presidenta de la Asamblea y los jefes de las bancadas, para informarles sobre sus gestiones. 
Al respaldo de los dos poderes del Estado se sumó el de organizaciones sociales y políticas. Varias marchas congestionaron el centro norte de Quito el miércoles 9 de mayo. Se trataba de organizaciones sindicales, indígenas, profesores fiscales, colectivos ciudadanos, algunas de las figuras de la izquierda tradicional. Avanzaron durante toda la mañana hacia el edificio del Consejo, ubicado en la calle Santa Prisca. 
Lo que en una época fue una entidad sin ninguna trascedencia, plenamente alineada con el Gobierno correísta, se había convertido en un epicentro político. El edificio, de los años setenta, angosto y estrecho, se había vuelto el punto de acogida de críticos del anterior Gobierno. Los primeros en llegar esa mañana fueron los simpatizantes de Unidad Popular, el antiguo MPD y la UNE. Tras recibirlos, los vocales del Transitorio se instalaron en sesión.

Varios colectivos ciudadanos se congregaron en la calle Santa Prisca. 
En el quinto piso del edificio se encuentra el Salón del Pleno. Una sala más bien oscura, pues todas las ventanas han sido cubiertas por cortinas opacas. En las paredes, fotos de personas de diversas etnias con caras sonrientes le dan al recinto un aire como pastoril e idílico.
En la cabecera de la mesa, Julio César Trujillo, el abogado nacido en Ibarra hace 88 años preside la reunión. El ex militante de la Democracia Cristiana, candidato a la presidencia de la República en 1984 y ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica luce un traje de tres piezas, la corbata y el chaleco azules. Verónica Acosta, su asesora desde la época de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales, le lleva una carpeta en la que el político sigue el orden del día. 

Pablo Dávila (centro) es uno de los consejeros más cercanos a Trujillo en el Pleno. 
A su derecha está sentado Pablo Dávila, un abogado que representaba al empresariado antes de formar parte del Transitorio. A la izquierda, en cambio, está Luis Macas, dirigente histórico del movimiento indígena. Ambos parecen ser los principales escuderos de Trujillo Vázquez, quien lleva la sesión ágilmente, con la voz muy baja. Instalado en la secretaría está Darwin Seraquive Abad, un abogado que también colaboraba en la Comisión Anticorrupción. La mayoría del círculo íntimo de Trujillo en la Consejo proviene de la Comisión. Además de Seraquive, forma parte del equipo Noemí Mogollón, otra integrante de la Comisión Anticorrupción, así como el abogado Julio César Sarango, quien es asesor de Macas. 
Dos secretarías tiene el Consejo Transitorio, las de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Participación y Control Social que están a cargo de María de Lourdes Arboleda y Mateo Martínez, respectivamente. Mientras Arboleda proviene también del equipo de la Comisión Anticorrupción, Martínez es un académico que se considera a sí mismo una de las vanguardias de la izquierda local. 
La sesión del 9 de mayo tiene por objetivo aprobar una resolución con la cual el Transitorio decidió evaluar a la Corte Constitucional. Con la advertencia de destitución aparejada, seis de los siete vocales decidieron evaluar a la Corte, cuestionado por su inercia frente a cualquier demanda que pudiera afectar al poder correísta. Casi no hay mayor debate en la Sala de Sesiones. Al parecer, todos los vocales están de acuerdo en lo que van a votar. Solo que, en esta ocasión, por primera vez, no fue así. Xavier Zavala Egas, un abogado de Guayaquil vinculado a sectores de la derecha del Puerto Principal, decidió votar en contra de la resolución. Su argumento fue que la Corte Constitucional no fue nombrada por el Consejo Transitorio y por tanto éste no podría evaluarla. El voto salvado de Zavala Egas marcó el fin de la luna de miel de los vocales en el Pleno, pero la mayoría de seis vocales siguió siendo firme.

Los manifestantes expresaron su apoyo a la gestión de los siete consejeros de Participación. 
Xavier Zavala Egas, un abogado de Guayaquil vinculado a sectores de la derecha del Puerto Principal, decidió votar en contra de la resolución. Su argumento fue que la Corte Constitucional no fue nombrada por el Consejo Transitorio y por tanto éste no podría evaluarla. El voto salvado de Zavala Egas marcó el fin de la luna de miel de los vocales en el Pleno, pero la mayoría de seis vocales siguió siendo firme.
Despachado rápidamente el orden del día, el vocal Zavala Egas se fue, mientras los otros seis vocales se quedaban a recibir preguntas de la prensa. Afuera, entre tanto, una marcha se aproximaba. Verónica Acosta y Mateo Martínez anunciaron al presidente del Consejo de la llegada de la concentración. Se decidió recibirla en el parque anexo, que está en la parte posterior del edificio. Se empezó a sacar equipos de audio para que los vocales se dirigieran a los presentes. Mientras esto ocurría, Trujillo dejó el Salón del Pleno rumbo a su oficina, del brazo de un policía vestido de civil que exije, de cuando en vez, que los fotógrafos no se le acerquen mucho. 
Un apoyo variopinto
El parque se fue llenando de gente de diversos grupos. Se podía ver a figuras de la izquierda tradicional, como Juan Cuvi, Marcelo Larrea y Carlos Figueroa; a abogados como Luis Muñoz Pasquel (ex presidente de la desaparecida Fenaje), Hernán Ulloa, Oswaldo Gallo (quien dirigió un grupo de apoyo a la Pichicorte en 2004, Cero Corrupción); a grupos de policías y militares en retiro (algunos se identificaban como "víctimas del 30S"), a Víctor Hugo Erazo, un político  que militó en Sociedad Patriótica y ahora logró un acuerdo con el correísmo por medio de su movimiento Maná, entre otros. 
Media hora después del arribo de la marcha, Trujillo llegó al parque, acompañado de Mateo Martínez, María de Lourdes Arboleda, Estefanía Páez (su directora de Comunicación) y de varios de los vocales del Consejo Transitorio. Solamente Zavala Egas no estuvo presente en la concentración, en la que los vocales agradecieron el variopinto apoyo ciudadano. 

Entre los funcionarios de más confianza del Consejo están Mateo Martínez (primero desde la derecha) y María de Lourdes Arboleda (a su lado). 
El Transitorio, en olor de multitudes, mantiene su tesis de que posee facultades extraordinarias derivadas de la Consulta Popular que creó la instancia, por lo que continuará con su evaluación, sin excluir destituciones y encargos. La decisión de evaluar a la Corte Constuticional se produce cuando desde el correísmo se buscó plantear acciones de protección en contra del Transitorio, como la que fue concedida por un juez del cantón Balsas. También, ante la intención de asambleístas de pedir a la Corte que delimite las funciones del Transitorio. Al mismo tiempo, para esta semana está previsto que el Transitorio presente su evaluación sobre el desempeño del Consejo de la Judicatura. El Transitorio abrió una etapa de recepción de denuncias contra la Corte Constitucional, que concluye este 16 de mayo. Hasta la tarde del 14 de mayo había 41 denuncias contra los jueces constitucionales. La activista de la diversidad sexual Pamela Troya fue una de las denunciantes. Troya rechaza que la Corte Constitucional no haya tramitado una acción de protección presentada por ella y su pareja, Gabriela Correa, quienes piden que se les permita contraer matrimonio igualitario. 

Seis de los siete consejeros se reunieron con la gente que fue a darles su apoyo. 

Lourdes Tibán (centro) estuvo junto con otros dirigentes indígenas. 

Personajes como Oswaldo Gallo y Víctor Hugo Erazo se sumaron a la concentración. Estefanía Pérez (abajo) dirige la comunicación institucional. 
El Transitorio no ha descartado que el CNJ sea cesado de manera anticipada, aunque se ha iniciado ya un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional contra los vocales que preside Gustavo Jalkh. Mientras tanto, el Consejo de Participación Transitorio anuncia en sus redes sociales que recientes encuestas le dan la más alta popularidad de las instituciones del poscorreísmo. 

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