CIDH condena muerte de al menos siete personas en la prisión de Guatemala
10 de mayo de 2018
Santo Domingo - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la violencia que condujo a la muerte de al menos siete personas y dejó 25 heridos en una prisión en la provincia de Escuintla en Guatemala. La CIDH insta al Estado guatemalteco la adopción de las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos que vuelva a suceder, y para investigar estos hechos de violencia y castigar a los responsables de ellos.
El 26 de abril, 2018, un motín en la cárcel tuvo lugar en el interior de la Granja Penal Canadá, en la provincia de Escuintla. El director general del sistema penitenciario de Guatemala, dijo a periodistas que la violencia comenzó con una pelea entre grupos de internos para el control de los “negocios ilegales”, que terminó en un choque que involucró el uso de armas de fuego. De las siete personas que murieron, seis murieron por heridas de bala, mientras que un preso más fue electrocutado mientras trataba de saltar por encima de una valla para escapar de la instalación. Diversas fuerzas de seguridad desplegadas personal y volvieron a tomar el control de la prisión dentro de unas pocas horas de estos eventos. La búsqueda se lleva a cabo entre los internos en los que se incautaron 106 cartuchos de diferentes calibres de munición y cuatro armas de fuego, junto con los teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Según los informes, la oficina del fiscal ha puesto en marcha una investigación sobre estos eventos. A este respecto, la Comisión insta al Estado de Guatemala para llevar a cabo estas investigaciones con la debida diligencia y para tratar de establecer no sólo la responsabilidad penal de los que perpetraron la violencia, sino también para hacer rendir cuentas a cualquier intelectuales y todas las competencias que podrían ser los culpables sobre la base de sus acciones u omisiones.
En los últimos años, la CIDH ha recibido informes sobre la persistencia de altos niveles de violencia en los centros de detención de Guatemala, derivada de conflictos entre grupos rivales de presos y de la falta de un control efectivo de las autoridades dentro de dichas instalaciones. En concreto, en un comunicado de prensa publicado en diciembre el año 2015 , la CIDH expresó su preocupación por los actos de violencia que habían sucedido en el mismo centro penitenciario y, según informes cobrado la vida de al menos 16 personas.
En este contexto, la Comisión hace hincapié en que los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen la obligación legal ineludible de tomar acciones concretas para proteger los derechos de los internos a la vida ya la integridad personal. Con este fin en mente, la CIDH insta al Estado de Guatemala que adopte medidas concretas, tales como el desarme de los internos y la aplicación de un control efectivo para mantener las armas y otros objetos ilegales fuera de las instalaciones, el aumento de personal de seguridad y vigilancia en las cárceles, y la prevención de las acciones de organizaciones criminales presentan dentro de las prisiones.
“Estos eventos ocurrieron dentro de una prisión que es conocido por estar abarrotado y tiene más de 3.000 personas, es decir, más de cuatro veces su capacidad prevista,” dijo el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “El hacinamiento conduce a violaciónes de los derechos humanos entre la población reclusa, y también es un factor que tiende a aumentar el nivel de violencia. Por tanto, el Estado de Guatemala debe tomar medidas con urgencia para reducir los altos índices de encarcelamiento, tales como la búsqueda de alternativas a la privación de libertad o liberación de presos elegibles “, agregó Hernández.
Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o residencia.
El 26 de abril, 2018, un motín en la cárcel tuvo lugar en el interior de la Granja Penal Canadá, en la provincia de Escuintla. El director general del sistema penitenciario de Guatemala, dijo a periodistas que la violencia comenzó con una pelea entre grupos de internos para el control de los “negocios ilegales”, que terminó en un choque que involucró el uso de armas de fuego. De las siete personas que murieron, seis murieron por heridas de bala, mientras que un preso más fue electrocutado mientras trataba de saltar por encima de una valla para escapar de la instalación. Diversas fuerzas de seguridad desplegadas personal y volvieron a tomar el control de la prisión dentro de unas pocas horas de estos eventos. La búsqueda se lleva a cabo entre los internos en los que se incautaron 106 cartuchos de diferentes calibres de munición y cuatro armas de fuego, junto con los teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Según los informes, la oficina del fiscal ha puesto en marcha una investigación sobre estos eventos. A este respecto, la Comisión insta al Estado de Guatemala para llevar a cabo estas investigaciones con la debida diligencia y para tratar de establecer no sólo la responsabilidad penal de los que perpetraron la violencia, sino también para hacer rendir cuentas a cualquier intelectuales y todas las competencias que podrían ser los culpables sobre la base de sus acciones u omisiones.
En los últimos años, la CIDH ha recibido informes sobre la persistencia de altos niveles de violencia en los centros de detención de Guatemala, derivada de conflictos entre grupos rivales de presos y de la falta de un control efectivo de las autoridades dentro de dichas instalaciones. En concreto, en un comunicado de prensa publicado en diciembre el año 2015 , la CIDH expresó su preocupación por los actos de violencia que habían sucedido en el mismo centro penitenciario y, según informes cobrado la vida de al menos 16 personas.
En este contexto, la Comisión hace hincapié en que los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen la obligación legal ineludible de tomar acciones concretas para proteger los derechos de los internos a la vida ya la integridad personal. Con este fin en mente, la CIDH insta al Estado de Guatemala que adopte medidas concretas, tales como el desarme de los internos y la aplicación de un control efectivo para mantener las armas y otros objetos ilegales fuera de las instalaciones, el aumento de personal de seguridad y vigilancia en las cárceles, y la prevención de las acciones de organizaciones criminales presentan dentro de las prisiones.
“Estos eventos ocurrieron dentro de una prisión que es conocido por estar abarrotado y tiene más de 3.000 personas, es decir, más de cuatro veces su capacidad prevista,” dijo el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “El hacinamiento conduce a violaciónes de los derechos humanos entre la población reclusa, y también es un factor que tiende a aumentar el nivel de violencia. Por tanto, el Estado de Guatemala debe tomar medidas con urgencia para reducir los altos índices de encarcelamiento, tales como la búsqueda de alternativas a la privación de libertad o liberación de presos elegibles “, agregó Hernández.
Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o residencia.
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