El observador

 

NI PONCIO PILATO SE ATREVIÓ A TANTO

Por Jaime Cedillo F.

“La injusticia es el vicio de la sociedad”.

Ni un alumno de primer año de Derecho haría lo que hicieron los jueces, tanto en la primera como en la segunda instancia, para resolver el pedido Constitucional que hizo El Observador para que el alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora Matute, entregue una copia del vídeo donde afirmaba públicamente que tiene la “sana” costumbre de grabar todo sus actos públicos, para luego retractarse reconociendo a través de un escueto oficio firmado por el secretario del Concejo Cantonal, que tal grabación no existe en los archivos, con lo que demostró que es un mitómano compulsivo, que engaña a los ciudadanos descaradamente, para tratar de amedrentar con agresiones verbales y juicios a los que se atreven a discrepar y reclamar por sus comportamientos inmorales y su lenguaje soez, sin dar paz a su lengua viperina.

A los “leguleyos” se les presentó todas las pruebas necesarias, se les demostró con abundante material, que el susodicho personaje que lleva las riendas de la ciudad, a su antojo y conveniencia, se rasgó las vestiduras afirmando, una y otra vez, que él todo graba, absolutamente todo, para que vean y oigan a los que intenten cuestionarlo.

“Por suerte, gracias a Dios, está todo filmado, todos mis recorridos. Fíjense esto, para que vayan sabiendo, yo grabo todo lo que digo, absolutamente todo. En todos mis recorridos y mis actos. De tal manera que si les ocurre poner la denuncia, que lo pongan. Yo probaré con el video que eso es mentira, que nunca ocurrió y vendrá la contrademanda. (...)”

De tal suerte que el alcalde reconoce la existencia de la grabación, su práctica de grabar todos sus recorridos y actos, y, en consecuencia, por ser una grabación de su actividad como dignatario público, la calidad de información pública que tiene.

El juez de primera instancia, Luis Felipe Torres Borja, declaró sin lugar la Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública. Así se lavó las manos, cometiendo una monumental injusticia, hundiendo más la desgastada imagen de la Función Judicial, con resoluciones que deshonran a la dama de la justicia. “Si tus actos no van a respaldar tus palabras, mejor quédate en silencio”.

El Observador apeló la injusta e ilegal sentencia y pasó a la Sala integrada por los “magistrados” Edgar Fernando Loyola Polo, Sandra Aguirre Estrella y Freddy Mulla Ávila. Los tres, que se supone, revisarían el caso con la Constitución en la mano, que impartirían justicia, desechando la burda justificación por grosera e inculta; le hicieron el coro con un vulgar pretexto: 4. “En consideración de lo establecido en el Art. 10 de la LOTAIP, que determina responsabilidades civiles, administrativas o penales para los funcionarios públicos que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública y que esta disposición también se extiende a las personas que, durante su ejercicio en funciones, ocasionaren alguna afectación a la información pública, en el presente caso, la entidad pública, a través del funcionario competente, ha certificado no haber encontrado material digital alguno relacionado con la petición formulada, en consecuencia, se encuentra plenamente motivada y justificada la falta de entrega del video hacia los peticionarios, quedando solamente en MEROS DICHOS, el pronunciamiento del señor Alcalde, por lo que, a esta fecha, no se observa la vulneración al derecho alegado por la parte accionante”. “Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada”. (Juicio 01204-2025-00329).

Para el análisis de los abogados en libre ejercicio, para los constitucionalistas, para los catedráticos, para los jueces probos, que se caracterizan por su integridad, imparcialidad y honestidad en la administración de justicia, para aquellos jueces que aplican la ley de manera objetiva, sin influencias externas, ni intereses personales, y que busca garantizar la justicia para todas las partes involucradas.

“Un juez probo es una figura clave en la administración de justicia, que debe actuar con honradez, integridad y rectitud para asegurar que la justicia se aplique de manera justa e imparcial.

El Observador seguirá en su trinchera, denunciando las corruptelas de los delincuentes de cuello blanco. Como dije y me mantengo, las pírricas sentencias no constituyen una derrota para la prensa libre e independiente, al contrario, son una victoria, porque quedó demostrado ante la faz pública, que tanto el alcalde como los jueces, hicieron espíritu de cuerpo para burlarse de la ley.

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