La intervención policial y militar en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Cantón de Urcuquí, en Imbabura, estaba anunciada. Era un problema de tiempo. El presidente Moreno declaró el Estado de excepción durante 60 días y ordenó la movilización de todas las instituciones del Estado; la Policía y las Fuerzas Armadas en particular.
El gobierno no tenía alternativa. Si quería entrar en la minería a gran escala, como es su decisión, tenía que mandar el mensaje esperado por muchas compañías: el Estado protegerá la minería regulada y no tolerará la minería ilegal que, como en Buenos Aires, arrastra otros delitos: trata de personas, prostitución, grupos armados, atentado contra la propiedad, muertes, intimidación, violencia contra la población…
Buenos Aires se había convertido en un reto para el Estado. Un lugar en el cual perdió soberanía y no pudo garantizar la presencia de la minera canadiense australiana que ganó la concesión. El propio decreto presidencial recoge esta suerte de impotencia del Estado que, a pesar de la intervención interinstitucional, asistió a la escalada de “niveles graves de vulneración de derechos que se enmarcan en una conmoción interna para la zona en particular y para la seguridad del Estado”.
En el decreto se habla de diez mil personas que realizan actividades de minería ilegal, de 27 hechos violentos, de heridos por riñas, de muerte por armas de fuego y arma blanca, de deslizamientos de tierra… Todo esto en una zona que colinda con la mina Cascabel. En el gobierno se daba por hecho que si no se intervenía en Buenos Aires, las actividades ilegales de grupos organizados, entre los cuales se habla hasta de antiguos guerrilleros de las FARC, se iba a extender como mancha de aceite.
Esta intervención supuestamente abre un capítulo nuevo en el país: cero tolerancia con la minería ilegal que hasta ahora se ha desarrollado, por ejemplo, en Zaruma, Portovelo, Nambija… De hecho, muchos de los mineros que se dieron cita en Buenos Aires vinieron de esas zonas del país. Se habla en el gobierno de una verdadera industria ilegal. Una prueba: en Buenos Aires, según información oficial dada a 4P., hay entre montaña y montaña, un sistema de transporte con poleas. Unas 230 líneas que utilizan miles de galones de gasolina y electricidad. Esto no lo pueden montar mineros artesanales. Esta industria generaría, según cálculos oficiales, unos 8 millones de dólares por semana. Dicho de otra manera, en el gobierno se da por hecho que hay una estructura corrupta que involucra mafias mineras que gozan del apoyo de miembros de las fuerzas del orden y funcionarios de algunas agencias estatales. Por eso, antes de la intervención de la policía, apoyada por las Fuerzas Armadas, hubo cambios en agentes de inteligencia, fuerzas policiales y personal vinculado con la Agencia de Regulación y Control Minero.
La intervención se dio con presencia de la Fiscalía. Se unirá la secretaría de Transparencia. No obstante, el gobierno se ha echado al hombro un problema que era imposible eludir y que encierra una enorme complejidad. Es evidente que piensa judicializar a los responsables de estos delitos que, al parecer, tiene plenamente identificados. Pero el volumen de gente desplazada está al parecer más cerca de 15 mil personas que de diez mil. Cualquiera de esas dos cifras es un problema social grave. Por otra parte, el decreto moviliza a policías y militares durante 60 días. ¿Qué pasará luego? El desalojo de Buenos Aires crea, por otro lado, un precedente con implicaciones legales y políticas para el gobierno en otros lugares del país.
¿Pesa esto en la relación del gobierno con las comunidades indígenas que, en ciertas provincias, se oponen a la minería a gran escala? En parte. Buenos Aires se erige como un nuevo separador de aguas entre minería regulada y minería ilegal. Eso corta la hierba bajo los pies de algunos grupos que se oponen a la minería. Es importante si esta intervención de convierte en una política de Estado. Pero el país no podrá ahorrarse el debate político y técnico sobre la explotación minera, aún regulada.
Foto: Ministerio del Interior.
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