El observador

Argentina Denuncian a la presidenta por abuso de cadenas nacionales

Todas las emisoras y canales de televisión están obligados a interrumpir su emisión y ofrecer sus frecuentes intervenciones

La oposición argentina intenta poner un límite al uso que hace la presidenta de Argentina de la llamada «cadena nacional». Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (socialdemócratas) denunció a Cristina Fernández de Kirchner por el «abuso sistemático» de este tipo de emisiones que, al producirse, obliga a todas las emisoras de radio y cadenas de televisión a interrumpir su programación.

En lo que va de año, la jefa del Estado ha recurrido 16 veces a esta figura y desde que aprobó la ley de medios audiovisuales, en el 2009, lo hizo en 110 ocasiones. La advertencia de que en campaña, de cara a las elecciones presidenciales de octubre, CFK, siglas por las que se conoce a la viuda de Néstor Kirchner, podría establecer como norma intervenir dos veces a la semana, hizo encender las luces de alarma en la oposición que basa su denuncia en que «rompe el carácter excepcional que debería tener» la cadena nacional.

Gerardo Milman, director en representación de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) recordó que el artículo 75 de la Ley que regula esta materia justifica su uso, únicamente, frente a, «situación de catástrofe grave y de trascendencia institucional».

El diputado Negri presentó informes donde quedan registrados, con cronómetro, los tiempos que dedicó la presidenta en «la cadena». En 2010 habló 265 minutos sin contar su discurso de apertura de sesiones del Congreso mientras que los primeros cuatro meses y medio de este año dedicó 645 minutos. En este contexto, el diputado destacó que el anterior presidente, Néstor Kirchner, en sus cuatro años largos de legislatura, apenas recurrió a la cadena en un par de ocasiones. La primera para denunciar a la mayoría de los magistrados que integraban la Corte Suprema (equivalente al Tribunal Supremo) heredada del Gobierno de Carlos Saúl Menem y la última, después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo importante de causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina (1976-83).

El entusiasmo de la presidenta de Argentina por la cadena nacional suele apuntar en dos direcciones: ensalzar sus logros de Gobierno, con mucha frecuencia con anuncios intrascendentes y, de paso, sacudir a la oposición, la prensa crítica, sindicalistas rebeldes o ciudadanos que manifiestan públicamente su desacuerdo con el Gobierno, como le sucedió en julio del 2012 a un agente inmobiliario por reconocer en el diario «Clarín» que el mercado, en ese momento, estaba totalmente parado. Cristina Fernández de Kirchner se refirió a él (en cadena) y le reprochó que no tenía en orden las cuentas con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, equivalente a Hacienda en España). Al día siguiente, la inmobiliaria fue sancionada y temporalmente, se le prohibió operar.

En este sentido, Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED, organización en defensa de la libertad de expresión y la democracia, destacó que «la última cadena», la del martes pasado, se utilizó «con fines persecutorios y restrictivos del disenso», en alusión a que Cristina Fernández apuntó contra el periodista Mariano Grondona y Eduardo Buzzi, uno de los líderes del sector agrario que critica la política del Gobierno con el campo, por cobrar un pseudo subsidio al grano que les permite la devolución de parte de los impuestos previos a la exportación. «La presidenta reveló datos de ellos que están protegidos por la legislación vigente y cuya divulgación hace pasibles sanciones a los funcionarios que la hayan facilitado».