Con las dictaduras militares camino del olvido en la mayor
parte de América Latina, el final de la primera década del siglo XXI trajo
nuevos dirigentes, especialmente en Sudamérica, que aprobaron constituciones
que incorporaban cambios sustanciales en materia de justicia. Ecuador, con
Rafael Correa al mando desde 2007, fue uno de esos países que iniciaba las
reformas judiciales. La expectativa era máxima, ya que de ello dependería la
fortaleza de las instituciones judiciales. Los cambios, sin embargo, no han
supuesto una mayor independencia.
Al contrario, tal y como advierte un informe de la Fundación
para el Debido Proceso (DPLF), presentado ayer en Washington, las injerencias
del poder ejecutivo sobre el judicial en Ecuador se han sucedido en los últimos
años, lo que podría tener “consecuencias negativas para la carrera judicial y
para la protección de derechos humanos”, según el texto.
Los 12 casos de la discordia
El informe de la Fundación para el Debido Proceso hace
hincapié en 12 casos que tuvieron en los últimos años relevancia social en
Ecuador y cuyas sentencias cuestionan, según el estudio, la independencia
judicial en el país.
-Cuatro de los casos tienen como punto de partida el
amotinamiento, o intento de golpe de Estado, según la versión, del 30 de
septiembre de 2010. En uno de ellos, se acusó a la dirigente estudiantil Mery
Zamora de soliviantar al estudiantado y fue condenada, en junio de 2013, a ocho
años de prisión “por interrupción o paralización del servicio público de
educación”. También de aquella fecha deriva el caso RTV Ecuador, donde 13
personas fueron procesadas por “sabotaje y terrorismo” y 7, condenadas a cuatro
años de cárcel.
-Las protestas sociales engloban otros tres de los casos:
desde los condenados en 2011 por la marcha contra el proyecto de ley de aguas
de un año antes; al conflicto indígena con la policía en Morona en 2009 o el de
los estudiantes del Colegio Central Técnico, que protestaron por el cambio de
nombre de su institución. Unas movilizaciones que dejaron 87 detenidos y 12
condenas.
-Las limitaciones a la libertad de prensa, el caso del libro
El Gran Hermano o el diario El Universo, contra el que se querelló el presidente
Correa por “injurias calumniosas” también son objeto de análisis.
-Los últimos dos casos que estudia el informe tienen que ver
con la disidencia política: Los Diez del Luluncoto, algunos de ellos dirigentes
sociales, detenidos en 2012 acusadas de pertenecer a un grupo subversivo y el
del exmilitar Diego Vallejo, antiguo colaborador de Correa.
“Existe en Ecuador una utilización política de la justicia
que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los
que está de por medio el interés gubernamental”, señala el informe, elaborado a
partir de entrevistas realizadas en Ecuador en septiembre del año pasado, y
complementado con abundante documentación. El texto examina 12 casos de
relevancia social y el papel que han jugado tanto los tribunales como las
autoridades.
La debilidad del sistema judicial que se encontró Correa en
2007 trató de enmendarse con la Constitución que implantó un año después. El
nuevo texto concedía a los magistrados la última palabra sobre la efectividad
de los derechos de los ciudadanos, algo que quedó eclipsado en buena medida con
la consulta popular de mayo de 2011. A través de una modificación
constitucional, recuerda el informe, remodeló el Consejo de la Judicatura “para
darle un perfil claramente político”. “El papel de la judicatura empezó a
seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder
Ejecutivo”, señala Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, una organización
colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva 20
años trabajando en estudios sobre independencia judicial.
Luis Pásara, autor del informe, asegura que la independencia
judicial “no es solo un problema de Ecuador”, pero cuenta con un componente que
agrava la situación: “Hay pruebas que lo han hecho todo mucho más evidente y
menos disimulado que en otros países. En este caso, estamos hablando de un
aparato que funciona para conseguir lo que el Gobierno busca”,
Las constantes injerencias de Correa en materia judicial es
algo que también preocupa a Salazar: “No hay más ambiente de terror que ver a
quien dirige el país opinando de lo que dicen los jueces. Las declaraciones de
las autoridades, incluyendo al presidente, sobre sentencias judiciales, supone
una interferencia muy fuerte”, concluye.
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