"La justicia ecuatoriana no es independiente"

Tres organizaciones internacionales publican una investigación, del experto Luis Pasara, en la cual denuncian la situación de la justicia ecuatoriana, la persecución a los jueces por fallos que no gustan la Presidente Correa o a altos funcionarios y el uso de la justicia para criminalizar a opositores políticos y a críticos del gobierno.

28 de julio del 2014

REDACCIÓN PLAN V

Bájese el informe completo en formato PDF sobre la independencia judicial en el Ecuador.

A pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder ejecutivo dirigido a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen democrático.

Esta es una de las conclusiones del informe La independencia Judicial en la Reforma a la Justicia Ecuatoriana, que acaba de ser publicado por tres organizaciones de la sociedad civil, especializadas en el tema de la justicia, las cuales tienen sede en Washington, Bogotá y Lima.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en ingles), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, son organizaciones cuyo mandato es promover los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina. El autor del informe es Luis Pásara, experto en temas de justicia y senior fellow en DPLF.

Los editores señalan que con base en el análisis detenido de casos de alta relevancia social, resoluciones del Consejo de la Judicatura del Ecuador en procesos disciplinarios contra jueces, y declaraciones oficiales, el informe da cuenta “del uso inadecuado que se hace del sistema penal para criminalizar a aquellos que discrepan o se oponen a las posiciones gubernamentales”.

En septiembre de 2013 se realizó el trabajo de campo en Ecuador, mediante entrevistas y la recolección de material publicado y no publicado. El informe usa tres fuentes principales: sentencias judiciales recaídas en un conjunto de casos de alto relieve social, resoluciones del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios instaurados a jueces, y declaraciones ofciales. El material analizado cubre principalmente el periodo julio de 2011–diciembre de 2013.

El informe también señala que el sistema disciplinario judicial, a cargo del Consejo de la Judicatura, se ha transformado en una herramienta para sancionar a jueces que no adecuan sus decisiones al poder ejecutivo, y en un mecanismo para amedrentar a los jueces en general.

“Las afirmaciones descalificadoras del presidente Rafael Correa contra los jueces y sus decisiones son una forma de presión indebida para obtener fallos favorables al poder Ejecutivo": César Rodríguez, director de Dejusticia.

Como resultado de los 42 procesos disciplinarios a cargo del Consejo de la Judicatura examinados en el informe, 57 jueces fueron destituidos, en su mayoría por haber cometido un “error inexcusable”, supuesto incluido en el Código Orgánico de la Función Judicial, que con un lenguaje poco claro e impreciso se ha convertido en un mecanismo para sancionar jueces por el sentido de sus decisiones. En dichos procesos, el Consejo actuó como una instancia revisora de sentencias y no como un ente de supervisión de la conducta judicial, según le corresponde por ley, dicen las tres organizaciones internacionales.

 “Desde el 2011, el Consejo de la Judicatura ha abierto procesos disciplinarios contra jueces después de declaraciones presidenciales que cuestionaban decisiones adoptadas por esos jueces y llamaban a su procesamiento” señaló Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF.

El Informe de la Veeduría Internacional para la reforma judicial, presidida por el ex juez español Baltasar Garzón, acerca del uso del error inexcusable como una causal principal de sanción en los procesos disciplinarios,  advirtió  que “ha de llamarse la atención sobre la regulación del denominado error inexcusable que se encuentra contenido en el Código Orgánico de la Función Judicial, y que en los requerimientos que se ha realizado en esta Veeduría Internacional se ha acreditado que puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales”.

César Rodriguez Garavito, director internacional de Dejusticia, dijo que “las afirmaciones descalificadoras del presidente Rafael Correa contra los jueces y sus decisiones son una forma de presión indebida para obtener fallos favorables al poder ejecutivo;  cuando el gobierno no logra el resultado deseado por esta vía, se usa al Consejo de la Judicatura para retirar de sus cargos a jueces mediante procesos disciplinarios cuestionables”