El lanzamiento de Lanza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acaba de nombrar un nuevo Relator para la Libertad de Expresión. Con el tiempo se ha vuelto un cargo casi tan importante como el de secretario general. ¿Hay cambios de línea o de agenda? ¿Ecuador se queda tranquilo? El elegido fue apoyado por el gobierno uruguayo.

Ricardo Uceda

La forma cómo la OEA supervisa las garantías que permiten funcionar libremente a la prensa produjo un intenso debate entre los países americanos. Los gobiernos del ALBA, en su momento agrupados por Hugo Chávez, rechazan ser señalados como agresores de los medios a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los abusos están documentados por la Relatoría para la Libertad de Expresión, que pertenece a la CIDH. Resultan, entre otros,  expuestos Venezuela y Ecuador, donde el control social comienza por el debilitamiento de la prensa independiente. Ambos países protestan. Pero la realidad política es que la CIDH y la Relatoría adquirieron mayor autoridad moral que la OEA misma.

Es una situación paradójica. Se explica porque, de parte de la CIDH, la fundamentación es impecable, mientras que la OEA es incapaz de hacer respetar los estándares democráticos en naciones gobernadas autoritariamente. No es exagerado decir que el nombramiento del funcionario que vigila la libertad de expresión en la CIDH es más delicado que el del secretario general de la OEA. Veámoslo así: ¿quién fue más relevante para la democracia regional: el chileno Miguel Insulza o la colombiana Catalina Botero? Esto viene a cuento porque Botero concluyó su mandato de seis años al frente de la Relatoría para la Libertad de Expresión. El  nombramiento de su reemplazo tuvo un complejo, tenso contexto.

ACCIÓN Y REACCIÓN

Una de las maneras de apreciar la relevancia de la Relatoría es la cantidad de fallos que emiten jueces latinoamericanos citando sus informes anuales o temáticos. Hay sentencias de Brasil, de Colombia, de México, y de otros países, que se fundan en sus documentos para amparar derechos de informadores.

Otro indicador: la gran cantidad de correspondencia entre la Relatoría y los distintos gobiernos. En algunos casos estos piden opinión consultiva, como hizo Brasil antes de modificar su Código Penal. En otros, la Relatoría hace observaciones resultantes de la supervisión, hacia casi todos los países. El informe anual señala, por ejemplo, objeciones a las medidas restrictivas a la libertad de expresión impuestas por la vigilancia antiterrorista de los Estados Unidos. Y reseña también las respuestas norteamericanas. Ecuador no acepta la supervisión.

Ecuador lideró, inicialmente acompañado por Argentina y Brasil, y después abandonado por ellos, un proceso para quitarle a la Relatoría dos pilares básicos: financiamiento propio –el millón de dólares de su presupuesto procede de cooperación internacional– e independencia para hacer sus reportes. El marco eufemístico era el fortalecimiento de la CIDH. La discusión en la OEA duró tres años, y al final se modificaron algunos parámetros de la comisión, pero no los que pretendía Ecuador, mientras hacía bullying contra la Relatoría. Pese a que Catalina Botero dedicó buena parte de su tiempo a defenderse, respondió con informes incontrastables. En 2013, Ecuador protestó oficialmente en la OEA por el reporte anual de la Relatoría, exigiendo disculpas públicas de la CIDH. Ese año intentó que la OEA cambiara su composición a fin de que incluyera a un alfil del ALBA. Integran la CIDH siete personalidades de alta autoridad moral y experiencia en derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de una lista propuesta por los Estados. Una vez nombrados, los comisionados se autogobiernan. Pero Erick Roberts, el candidato ecuatoriano, no alcanzó la votación requerida. Los más votados fueron de México y los Estados Unidos. Lo cual demostró que una mayoría en la OEA desea que la CIDH siga siendo independiente e integrada por comisionados de calidad.

Botero defendió como leona los informes de su oficina. Tal vez otro Relator, con menos coraje y solidez jurídica, hubiera cedido más terreno. “Ecuador es, después de Cuba, el país que tiene la legislación más restrictiva sobre libertad de expresión en la región”, dijo la semana pasada al diario español El País. Su sucesor trabajará en otro contexto, aunque difícilmente de menor tensión.

PUNTA DE LANZA

La reemplaza el uruguayo Edison Lanza, visiblemente apoyado por el gobierno de su país. Sin pertenecer al ALBA, Uruguay, definidamente izquierdista, se lleva bien con sus miembros. Así pues, salta una primera pregunta: ¿habrá un cambio de línea?  

Al Relator no lo nombran los gobiernos sino los miembros de la CIDH, en forma autónoma. Pero su elección es un proceso en el que todos pueden opinar sobre los candidatos: gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, personalidades. En esa medida, Uruguay mostró preferencia por su compatriota así como Ecuador lo hizo por el argentino Damián Loreti, uno de los impulsores de la  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su país. El lobby uruguayo pudo dar algún resultado con algún comisionado. Un viejo periodista que habló con el presidente José Mujica de la candidatura de Lanza le escuchó decir que hablaría con Lula al respecto. Lula tenía cercanía con el comisionado brasileño Paulo Vannuchi, quien fue asesor de su gobierno y dirigió su campaña electoral. De acuerdo con actores del sistema interamericano consultados para esta nota, un factor que explica la elección de Lanza es, precisamente, su nacionalidad. Pero no es el único.

Según las fuentes, la CIDH puede haber preferido a un candidato respaldado por el gobierno uruguayo porque este no se alinea con los países del ALBA y ni con Estados Unidos y Canadá. “Mujica puede sentarse con Obama y no es percibido como proimperialista, ni lo creerán chavista porque se reúne con Maduro”, dijo una de ellas. La situación le daría juego con ambos sectores, polarizados en varios temas, especialmente en materia de derechos humanos. Es el mismo potencial que anima a Uruguay a lanzar la candidatura de su canciller, Luis Almagro, a la secretaría general de la OEA que deja el chileno Miguel Insulza en febrero del 2015.

EL MÁS APOYADO

El otro factor, más importante, son las credenciales y cualidades de Lanza, un periodista que se hizo abogado mientras trabajaba como reportero en el semanario Búsqueda de Montevideo. Ya recibido en Leyes, defendió a los trabajadores ante la empresa, luego a la empresa ante terceros y finalmente a los gremios y asociaciones de libertad de expresión. En la última década fundó el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, una de las más importantes instituciones latinoamericanas de su género. Por eso fue quien hizo la mejor entrevista personal ante los comisionados y quien recibió más adhesiones de organizaciones civiles de América Latina. De su trayectoria, que puede leerse en la página web de la CIDH, merece destacarse su amplio trajinar en casi todos los recodos de los derechos cuya observancia va a supervisar. Pero junto con ello, destacó por su ecuanimidad y amplia disposición para el diálogo, un rasgo que acaba de exhibir cuando declaró, luego de su designación, que no quiere que los Estados perciban a la CIDH como un enemigo. Está pintando a la Relatoría como un elemento de apoyo a los gobiernos para afianzar el sistema de protección de derechos humanos que todos ellos han construido.

¿Funcionará este ramo de olivo? Hay escépticos que le vaticinan a Lanza una corta luna de miel con Ecuador, donde existe legislación que castiga contenidos que no concuerdan con la idea informativa que tiene el censor. “Ellos no aguantan pulgas, y si no obtienen el silencio de la Relatoría pegarán para ser temidos”, dijo una fuente de la OEA. Por otra parte, Lanza plantea nuevos temas, algunos de los cuales generan resquemor en sectores conservadores. Por ejemplo, la idea de que la libertad de expresión no se consuma con la falta de represión, sino que es necesario que los Estados intervengan para que haya más pluralismo y diversidad y menos concentración de medios. ¿Cómo? Por ejemplo, mejorando los estándares de digitalización de los medios que usan esta tecnología, o dando mayor acceso a nuevos sectores al espectro radioeléctrico, o favoreciendo un sistema independiente de medios públicos. Parte de esta agenda se ha desarrollado en Uruguay sin que la sociedad se polarice. En Perú es una discusión nueva. Nadie sabe si se abrirá.