Por: Marlon Puertas
Como el peor chiste de la revolución ciudadana ha caído la
impiadosa sentencia contra Raúl Carrión, ex ministro de los Deportes. Pobre
hombre. Esos malvados jueces le han impuesto, oigase bien, tres largos y
eternos meses de prisión, que ni son tales, porque ese tiempito ya estuvo el
autodenominado dueño del circo tras las rejas. Hasta visita presidencial tuvo,
¿se acuerdan?
Y todo por ser autor del delito de peculado, que es el manejo
de los fondos públicos, es decir, la plata sagrada que pertenece al pueblo. El
mismo delito por el que se acusa a Abdalá, que lleva ya 17 años fuera del país.
Es que ahora resulta que ha existido el peculado chiquito. Es
decir, un delito menor. El peculado de los banqueros, ese es el grandote. El
peculado de los verdes se reduce a la mínima expresión y su pena causa
carcajadas.
¿Y se enteraron de la multa que le impusieron? $190. Lo
condenaron a la quiebra eterna y eso que el monto es menos de lo que cobran por
parquearse en zonas prohibidas en Quito.
El fiscal Galo Chiriboga quedó anonadado con la sentencia.
Tanto así que no supo decir si apelará o no apelará ante tamaño castigo, que
parece suficiente, ya para qué. En otros casos, no ha tenido dudas de imponer,
en todas las instancias, la voluntad de la Fiscalía. Pero en este, en
particular, se tomará su tiempo.
Bien ha dicho el rey de las sabatinas que el peor delito es
ro barse las honras. Perjudicar los fondos públicos es poca cosa, una travesura
menor. Estos conceptos revolucionarios son los que han transformado la justicia
en el Ecuador.
Los opositores políticos sueltos de lengua y la prensa que se
atreva a cuestionar acciones oficiales, tiemblen, porque la justicia
revolucionaria será implacable. Los oficialistas y leales al proyecto, no
tienen nada que temer, así aparezcan en el camino serios cuestionamientos a su
forma de manejar la cosa pública.
Ese es el claro mensaje. La única sensación que queda es la
de pérdida. Tanto tiempo perdido, tanta plata, para seguir en lo mismo, tal vez
algo peor. Mientras Ecuador no tenga un verdadero sistema de administración de justicia, no
habrá un desarrollo real, porque la garantía de los derechos ciudadanos penden
de un hilo. O de una voluntad.
Esos derechos ciudadanos van mucho más allá de obras de
cemento o subsidios generosos que van llegando a su fin. Se trata de la
vigencia plena de su capacidad de ejercer sus derechos, sea un ecuatoriano
gobiernista, de oposición, neutro. La justicia debe tener la virtud de darle a
cada uno lo que le corresponde, sin marcar diferencias por su posición.
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