CIDH: el Gobierno evidencia una profunda ignorancia

Juan Pablo Albán es abogado especializado en Derechos Humanos y académico de la U. San Francisco. Es finalista del concurso para cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, en reemplazo de Catalina Botero. En esta entrevista traza el campo de lo que cree y de lo que hará, en caso de ser elegido en julio, en Washington.

José Hernández

Director Adjunto

Entrevista

¿Quiere usted ir como relator a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

No lo veo solo como un deseo. Me interesa seguir trabajando en temas del Sistema Interamericano, pero a esta altura lo siento como mi obligación. Creo que la persona que ocupe ese puesto, sea yo u otro, tiene que ser un técnico en Derechos Humanos. Yo cuento con suficiente conocimiento, experiencia y ganas para asumir ese reto.

¿Cuál es ese reto puesto en el contexto actual pues, aunque las funciones del relator y de la Comisión están claramente diseñados, hay gobiernos que las han minado?

Lo primero es dar continuidad a la labor extraordinaria que, en estos 6 años, ha hecho Catalina Botero. Definitivamente deja la barra muy alta. Es también procurar recomponer la relación con aquellos gobiernos que estén dispuestos a mantener algún diálogo. Es evidente que varios gobiernos, entre ellos el nuestro, no tienen ninguna intención de dialogar. Es importante fortalecer la actividad de la relatoría que ha sido vista como un ente de crítica política cuando, en realidad, es un ente de supervisión y desarrollo de estándares. Creo que es importante trasladar esta idea de que somos un ente coadyudante en una labor que toca a los gobiernos como garantes de los derechos humanos.

¿Qué le hace pensar que esa tarea es factible cuando, en su respuesta, usted dice que hay gobiernos, incluido el ecuatoriano, que no quieren dialogar?

Pasa, creo, por la forma cómo la persona que ocupa el puesto de relator afronte su cargo. Si asume que su obligación central es mantener solamente una línea crítica y una confrontación política, seguramente los resultados no van a ser muy positivos. Si desarrolla otras aristas de trabajo, que son parte de los mandatos de la relatoría –y Catalina y los anteriores relatores los han atendido pero tal vez con menor énfasis–, probablemente el tono de la confrontación baje un poco.

En lo personal, siento estar en ventaja respecto de otros candidatos por mi conocimiento del Sistema: fui funcionario durante 9 años, tuve que interactuar con gobiernos y con la sociedad civil de distintos países y conozco bien las dinámicas de los órganos de la OEA. No solo de la Comisión y de la Corte sino de los órganos políticos de la OEA. Nuestro gobierno seguramente va a tener mucha resistencia. Pero ser ecuatoriano facilita un poco las cosas porque conozco bien el panorama interno, la idiosincrasia, la rispidez característica del ecuatoriano: creo que eso me da facilidad para entablar una conversación con el gobierno de Ecuador y con ciertos gobiernos que están en la misma línea.

Esos gobiernos han tratado de convertir la Comisión en un simple cascarón. ¿Se trata, entonces, de dialogar con esos gobiernos o de que la OEA la defienda como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Es indiscutible que 55 años después de la instalación de la Comisión, el órgano es perfectible. Pero ningún cambio puede pasar, así le demos el nombre de fortalecimiento, por retirar funciones a la Comisión, reducir su presupuesto o querer fijar su agenda y minar su independencia.

¿Cómo piensa que se puede revertir esa tendencia? ¿Cómo hacer que los Estados miren la Comisión en función de las atribuciones que le otorga su estatuto y no de sus conveniencias políticas actuales?

La situación, de algún modo, ha empezado a revertirse sola porque cada vez son más aisladas las voces que se levantan en contra del Sistema. Mira lo que ha ocurrido en las últimas reuniones de los Estado Parte, convocadas a instancias de Ecuador, fuera del seno de la OEA: los Estados han enviado delegaciones de bajo nivel, no han logrado ni siquiera concordar los puntos para la agenda y han tenido que levantarse sin haber completado la reunión. Se evidencia que, cada vez, está más solo el Ecuador o este grupo de países que pretende básicamente desmantelar el Sistema.

Esta situación se está dando de manera natural, pero tiene que ir acompañada por una actitud más agresiva de la Comisión para buscar aquellos Estados que siempre la han respaldado o tienen una historia que les impide traicionar al Sistema. Pensemos en Argentina, por ejemplo. Se requiere de ellos un apoyo político. Se requiere que, dentro de los órganos políticos que es donde se discute este tipo de cuestiones, sean una voz de defensa de la independencia y de las actividades de la Comisión, de su presupuesto y de su personal para que pueda seguir trabajando.

El Gobierno ecuatoriano ha pedido que la Comisión no esté en Washington. ¿Cuál es su posición?

El argumento sobre un posible cambio de sede no es descartable. Ya hace más de una década Panamá había ofrecido ser la sede de la Comisión para facilitar el acceso de los ciudadanos de la región. Sin embargo no pasa solamente por descalificar el lugar donde ahora está la Comisión. Hay una serie de factores que el Gobierno ecuatoriano y quienes han propuesto un cambio de sede, no toman en cuenta.

¿Cuáles específicamente?

El hecho de que el funcionamiento de la Comisión depende, de manera directa, de su cercanía con la Secretaría General. Varios de los servicios que requiere la comisión –traducciones, interpretación simultánea, organización de viajes…–, dependen de otras unidades de la OEA que están en Washington. Segundo, el personal de la Comisión es personal de la Secretaría General de la OEA. Ese personal técnico que viene formándose durante años o décadas, va a dejar de trabajar para la Comisión y eso va a debilitar su actividad.

Hay otro factor que parece que el Gobierno en su discurso, por lo menos hacia fuera, ya habría valorado: los costos de un traslado. No es solamente el costo de la adquisición de una oficina o el flete de los documentos de la Comisión. Hay costos mucho más significativos. Los sistemas informáticos, por ejemplo, con los cuales se administra el sistema de casos y peticiones, la revisión preliminar de denuncias, la construcción de los informes… Todos han sido desarrollados para funcionar en ese espacio en particular. Podríamos pensar en muchos otros factores que complican el traslado. No es descartable, pero hay que ser más realistas.

Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿La consolidación del sistema de protección no requiere que lo haga?

En mi opinión, sí tenemos que seguir dando pasos hacia una universalización del sistema. Ahora me parece injusto que se trate de atribuir las consecuencias de esa falta de universalización a la Comisión. El funcionamiento del sistema no puede depender de que unos Estados estén inconformes porque otros no han ratificado los instrumentos. El mismo lobby diplomático que hacen para descalificar y obtener votos para quitarle funciones a los entes de supervisión, podrían hacerlo para tratar de obtener la voluntad política de aquellos Estados que aún no ratifican, para que lo hagan ahora mismo.

¿Qué piensa de la propuesta del Gobierno de suplantar la Comisión por otra creada en el marco de los países de Unasur?

Sería nefasto que, bajo el argumento de constituir nuevas instituciones, se desmantele lo que hasta ahora hemos logrado. El Sistema Interamericano empezó a construirse, en el ámbito de los Derechos Humanos, en 1948 y, a la fecha, no termina de consolidarse. La Unasur apenas estaría en pañales, aprendiendo, generando experiencia pero, además, dependiendo de la voluntad política de esos Estados que hoy quieren descalificar los entes interamericanos de protección.

El Presidente acusa a la Comisión de haberse dado un reglamento autónomo y de irrespetar, con sus intervenciones, la soberanía de los Estados…

Creo que estas manifestaciones, no solo del Presidente sino de otras autoridades del poder público ecuatoriano, evidencian una profunda ignorancia. No lo digo en sentido peyorativo sino de una falta de conocimientos sobre la realidad del Sistema.

Por haber trabajado allí puedo decir que su personal tiene una convicción profunda en lo que hace. Lo que pasa es que un ente que atiende un volumen promedio de seis mil denuncias en estudio simultáneo, alrededor de 500 solicitudes anuales nuevas de medidas cautelares, 1 500 a 2 000 denuncias nuevas cada año, seguimientos de más de 200 casos en la Corte, visitas in loco, mandatos especiales de los organismos políticos… Y todo esto se hace con menos de 40 abogados y un personal administrativo que no llega a 20 asistentes. No se trata de burocracia dorada: se trata de un grupo de gente comprometida que se ve superada por el volumen de trabajo que tiene.

¿La Comisión, por su naturaleza, es un ente supranacional?

Los mecanismos internacionales son necesarios porque, a partir de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que los Estados no tenían intención de adherir a sus propias constituciones y que había que crear un orden internacional. Fueron los propios Estados los que decidieron que hubiera un poder encima de ellos. La Comisión es, ya lo dije, un ente que está para facilitar la labor estatal de garantía y respeto a los Derechos Humanos.

Largas franjas de la sociedad civil han adherido a las tesis de ciertos gobiernos sobre la Comisión: atentan contra la soberanía, no debe dictar su reglamento… Mirado desde la sociedad civil, ¿cómo encararía el trabajo de la Comisión?

Parte de la estrategia política de gobiernos que descalifican la actuación de Sistema, ha sido cooptar las organizaciones de la sociedad civil. El nuestro es uno de ellos. Está procurando silenciar todas las organizaciones que han preferido tener su autonomía ante mecanismos que restringen tanto el derecho de asociación, el derecho de reunión y, por supuesto, la libertad de expresión. El decreto 16 es un mecanismo de represión.

Sin embargo, observo que en su mayoría la sociedad civil organizada de América es autónoma, independiente y crítica. Es un actor crucial en la preservación de la institucionalidad del Sistema Interamericano. Desde luego el impacto que tiene es, de algún modo, limitado porque son los Estados los que finalmente toman las decisiones. Pero tienen un nivel de presión importante que deben explotar y que, en mi opinión, están explotando.

El Gobierno ecuatoriano, en su afán de disminuir las capacidades del Sistema Interamericano, ha provocado que más gente se anime a alzar la voz. La aplicación del decreto 16, por ejemplo, genera indignación y el Gobierno está motivando la aparición de muchos más defensores de lo que antes hubo. El resultado del proceso que han emprendido estos gobiernos, incluido el nuestro, es que el Sistema Interamericano va a salir fortalecido.

¿El Gobierno pudiera, ante su actitud crítica, bloquear su elección en la Comisión?

Estaba esperando que emitan algún tipo de criterio porque soy identificado públicamente como una persona crítica. Además, como abogado, he defendido los intereses de personas que, para el Gobierno, son indeseables. No han dicho nada. Desde el punto de vista político es riesgoso decir algo porque descalificar a un compatriota, podría ser leído por otros Estados y por la sociedad civil del continente como un mensaje de que este no se va a someter a ese gobierno o a otros gobiernos de línea similar.

Es posible que hasta finales de mayo, que dura el período de observaciones, habrá gente u organizaciones que envíen observaciones descalificándome pero sin que el Gobierno aparezca. Pero puede ser que el Gobierno vea que, a pesar de que soy crítico, puede ser la forma de acercarse un poco al Sistema. No porque yo vaya a estar a su servicio sino porque soy ecuatoriano y quizá eso ayude al diálogo.