La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó
su inquietud por la situación de la libertad de expresión en Ecuador, uno de
los problemas que destacó en su Informe Anual del 2013 sobre los derechos
humanos en la región.
La Comisión comenzó por recordar “las graves restricciones”
derivadas de la Ley Orgánica de Comunicación.
“En su articulado la ley consagra algunos principios
importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión. No obstante, al regular dichos principios la ley establece gravosas
restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente
ineficaces”, apuntó el informe.
Según la CIDH, la legislación crea una entidad llamada
“Superintendencia de Información y Comunicación”, cuyo titular sale de una
terna enviada por el presidente, lo cual puede cuestionar su independencia.
“Este funcionario administrativo carece de las garantías
institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e
independencia del Gobierno y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la
facultad de fiscalizar a todos los medios de comunicación”, insiste la
Comisión.
Asimismo, el informe afirma que el “Gobierno de Ecuador ha
continuado la práctica de utilizar los medios públicos para estigmatizar de
manera sistemática a ONG, defensores de derechos humanos y periodistas que han
opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales”.
Y reiteró su preocupación por la existencia de normas penales
usadas para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, y de normas
civiles con las que se podrían imponer sanciones desproporcionadas contra
personas que han criticado a altos funcionarios públicos.
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