La renuncia de Pablo Beltrán Ayala como presidente del Consejo de Educación Superior (CES) ha destapado una de las acusaciones más graves en la historia del organismo: la existencia de un lobby de universidades privadas que operaría desde las sombras para controlar la institución y, según denuncias, impulsar el nombramiento de un extranjero como nuevo titular.
La salida ocurre justo después de que, en sesión del pleno, la consejera Carmita Álvarez denunciara que una compra de computadoras por más de USD 1 millón habría sido direccionada, presuntamente con participación de integrantes de la Comisión Interventora enviada por el propio CES.
Tras la denuncia, el pleno decidió destituir a Ana Lucía Pico Aguilar, miembro administrativo de dicha comisión. Más tarde, se conoció que Pico había sido asesora de Beltrán antes de ocupar ese cargo.
En su memorando oficial, Beltrán informó que ejercerá funciones hasta el 21 de diciembre, asegurando que busca una “transición ordenada y transparente”.
El CES es el organismo que acredita, supervisa y sanciona a las universidades del país. Que un grupo privado pueda influir en su presidencia pone en riesgo la autonomía, la calidad educativa y la transparencia del sistema de educación superior ecuatoriano.
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