¡EL FESTÍN DE LOS MILLONES EN PETROECUADOR!
Mientras el país atraviesa crisis económicas y energéticas, las arcas del Estado vuelven a ser el botín de un esquema jurídico que huele a podrido. Conforme lo denuncia en su cuenta de X el Ab. #WashingtonAndrade lo que estría ocurriendo en Petroecuador y el Consejo de la Judicatura no es solo un error administrativo; es, presuntamente, una estructura diseñada para el asalto de los fondos públicos.
En el juicio No. 08308202400492, un juez de Atacames —terreno conocido por fallos polémicos— aceptó una acción de protección para que 4 extrabajadores de Petroecuador reciban $2 MILLONES.
¿Lo insólito? Estos ciudadanos ya habían recibido sus liquidaciones legales. Pero aquí viene lo más grave; Petroecuador apeló inicialmente.
Extrañamente, la estatal petrolera DESISTIÓ del recurso, dejando el camino libre para el pago millonario.
La orden de desistir vendría del Dr. José Carlos García Cevallos, excolaborador de Mario Godoy (Presidente de la Judicatura) y socio del estudio jurídico de la esposa de este último.
Este caso no es nuevo. Los jueces de Esmeraldas están ignorando deliberadamente la Sentencia 2038-23-EP de la Corte Constitucional, que prohíbe expresamente usar acciones de protección para ordenar pagos directos de este tipo.
¿Por qué Mario Godoy no ha iniciado procesos disciplinarios contra estos jueces por prevaricato, como ordenó la Corte? El silencio y la inacción del Consejo de la Judicatura los convierte en cómplices de este perjuicio al Estado.
Esto nos lleva a una pregunta urgente: ¿Quiénes apuraron la posesión de estos vocales en la Asamblea Nacional? Es imperativo que se inicie un Control Político inmediato contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y que la Asamblea rinda cuentas sobre las influencias que permitieron que estos perfiles lleguen a controlar la justicia.
Este no es un caso aislado. Es apenas la punta del obillo de una serie de procesos con montos aún más 'jugosos' que siguen desangrando al Ecuador bajo la fachada de derechos constitucionales."
A la Fiscalía General del Estado no le basta con mirar. Es hora de allanamientos e investigaciones por delincuencia organizada y peculado.
La Corte Constitucional debe solicitar esta sentencia de inmediato, abrir la fase de seguimiento y sancionar el incumplimiento del Consejo de la Judicatura.
¿Hasta cuándo el dinero de los ecuatorianos será el botín de los estudios jurídicos "amigos" del poder?
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