Noboa decreta estado de excepción en cinco provincias y tres cantones por grave conmoción interna
El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, y en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), por la causal de grave conmoción interna.
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La medida tendrá una vigencia de 60 días y se fundamenta en el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.
El Decreto Ejecutivo No. 202 establece que la aplicación de estas medidas es necesaria para disminuir los niveles de violencia en las provincias, y desarticular la organización de los grupos criminales en los cantones en mención.
Según informes de la Secretaría General de Comunicación (SEGCOM) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre el 1 y 28 de octubre de 2025 se registraron múltiples muertes violentas provocadas por disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Estas acciones incluyeron detonaciones en viviendas, embarcaciones, puentes y centros comerciales.
El informe militar también advierte que en los cantones Las Naves y Echeandía de la provincia de Bolívar al encontrase junto a la provincia de Los Ríos y Guayas, ha sufrido un aumento significativo en su índice delincuencial, todo esto mediante la utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI) y difusión de panfletos mediante redes sociales o medios de comunicación locales, haciendo de estos cantones sus centros estratégicos de planificación criminal.
Mientras que en el cantón La Maná opera el GAO "Los Lobos", con una capacidad de regeneración operativa tras capturas de sus cabecillas.
En los informes citados en los considerandos de este Decreto Ejecutivo se detalla lo siguiente:
"Los grupos criminales asentados en el país, para evadir los controles, utilizan los cantones cercanos a las provincias en estado de excepción como escondites, centros de almacenamiento, e incluso como rutas de traslado de sustancias sujetas a fiscalización".
Derechos suspendidos durante el estado de excepción
El decreto incluye la suspensión de dos derechos para facilitar la intervención de las fuerzas del orden:
Esta herramienta busca coadyuvar con las fuerzas del orden en la desarticulación de los grupos criminales, mediante la realización de operativos las 24 horas del día, actuando con inmediatez y sin autorización judicial previa para el ingreso.
La medida permitirá la ejecución de inspecciones, allanamientos y requisas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de ubicar y registrar los lugares utilizados como escondites, centros de operación o refugio de personas vinculadas a grupos armados organizados o a actividades relacionadas con el crimen organizado.
Según el Ejecutivo, esta herramienta autoriza la interceptación de comunicaciones de los grupos de crimen organizado, para prevenir actos delictivos.
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