La fiscal general del Estado, Diana Salazar, insiste en que existe una confabulación en su contra para sacarla del cargo y beneficiar a los intereses de exautoridades que han sido procesadas. Aseguró que son falsas las acusaciones de que ha plagiado parte de su tesis universitaria.

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Que el verdadero objetivo es distraer a la población con este escándalo, mientras tras bastidores se pretende impulsar medidas cautelares “para que los prófugos de la justicia puedan candidatizarse”, dijo Salazar la noche del miércoles en una entrevista con la radio FM Mundo.

“Evidentemente la Fiscalía está bajo ataque; están desesperados por generar impunidad. Es que este es el momento para ellos, saben que después no podrán. Pero aquí estamos, porque la verdad y la ley nos acompañan”, enfatizó.

Dos frentes rodean a la fiscal. Uno proviene del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que la convocó a una audiencia pública para que comparezca por una denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) por el supuesto plagio de su tesis; en principio la audiencia fue convocada para la mañana del viernes, pero el Consejo resolvió adelantar el acto para la tarde del jueves. El segundo frente, también abierto por la misma denuncia del colectivo AJP, está en el Consejo de la Judicatura (CJ), donde se elaboró un informe que recomienda su suspensión temporal del cargo, documento que aún no es discutido en el pleno del Consejo.

Salazar se defendió diciendo que la denuncia es promovida por un grupo de abogados defensores del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue sentenciado por abuso sexual -caso liderado por la fiscal-. La denuncia incluso está suscrita por el propio Carrión y falta a la verdad, que es un acto de intimidación para evadir la acción de la justicia, dijo la autoridad.

“Ahora se han dedicado a escarbar en la vida académica de la fiscal porque no tienen nada que decir y esto también será desvirtuado por los informes que presente la Universidad Central”, apuntó.

La fiscal señaló que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene competencia para fiscalizar su gestión y que, si lo hace, estaría cometiendo un delito. Asimismo, dijo que el Consejo de la Judicatura no tiene la facultad para suspender, investigar o sancionar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, porque no es una funcionaria de carrera, sino que tiene una designación a un periodo fijo y está sometida a control y fiscalización de la Asamblea Nacional.

Recordó que existe una resolución de la Corte Constitucional que prohíbe que el Consejo de Participación pueda revisar las actuaciones del CPCCS transitorio, entidad que la designó fiscal.

“Permitamos nomás que hagan las audiencias, que lleguen a cometer el delito y actuaremos en flagrancia. No les tememos, porque la ley y la Constitución nos acompañan”, puntualizó Salazar, quien en días previos anticipó que no asistirá a la audiencia del Consejo de Participación Ciudadana. (I)