Fuera la ley mordaza

Alberto Ordóñez Ortiz

Por AGN -9 junio, 20181
El derecho a la libertad de expresión es un derecho esencialmente humano. Está íntimamente ligado a su condición de tal. Surge de las entrañas -si por analogía podemos llamarla así- de la mente y se expresa en su más elevado producto: el pensamiento, es decir en ese irreductible fortín en el que nuestras opiniones son propias, soberanas y, lo son, a plenitud. Cualquier atentado que pretenda menoscabarlo, resultará inútil, porque nadie puede dejar de pensar lo que su mente le dicte. El intríngulis radica en expresarla y más, todavía, si está dirigida o tiene repercusiones en la opinión pública. En países unipartidistas, la libertad de expresión es concebida, procesada y orientada por el tradicional partido único y su medio por regla general es sólo uno. Bajo ese sistema, no hay, no puede haber la pluralidad de opiniones, son pena de ir a dar a dar al Archipiélago Gulag. Si a lo dicho agregamos que es el gobierno unipartidista el que impone sus opiniones, tendríamos que concluir que bajo esos mendaces condicionamientos la libertad de expresión es una falacia. Su pretensión aspiraría a lograr un pensamiento controlado y dócilmente uniforme.

La pluralidad de opiniones -en países en que se la permite-, vale decir la posibilidad del disenso y, con ella, que el amplio espacio del pensamiento humano tenga plena y democrática realización, va aparejada de manera ineludible a la libertad de expresión. Empero, se hace menester que ponga énfasis en el hecho de que la presencia de órganos -en el país que fuere-, que controlen, falsifiquen y sancionen como en el correato la opinión de los comunicadores y de los medios, es expresión de la más funesta dictadura: porque su objetivo apunta a conculcar el pensamiento. Es por eso, precisamente que, en ese régimen se escamoteó la verdad y se creó una insolente mafia de la información.
Ahora bien, hay un tema de capital importancia que tiene que ver con que si la libertad de expresión debe considerarse un servicio público -la asumida por el insulso y convulso Correa- o, un servicio privado. La democracia exige la presencia de ambas, porque entre una y otra a la vez que se confrontan, dan opción a que los lectores tomen partido por la que escojan libremente en ejercicio de la más depurada democracia. Me atrevería a creer que no es un servicio público ni privado, sino comunitario o social.

A la Asamblea Nacional que al momento tiene bajo su égida el conocimiento y aprobación de La Ley de Comunicación le corresponderá considerar no sólo los aspectos que quedan brevemente reseñados, sino todos los demás que completen, amplíen y tensen al máximo su visión. Debería evitar que la [máxima] que pretendió imponer Correa a través de los medios públicos que confiscó y que, dada su sinuosa línea de pensamiento se expresaría perfectamente -me refiero a la máxima- en la siguiente frase: Los medios dirigirán, orientarán y encausarán la opinión de sus lectores. Evitar esa dictatorial fórmula, es un imperativo democrático, sin olvidar, desde luego, que la libertad de expresión o de pensamiento es, posiblemente, el primer derecho humano. (O)