EL OTRORA PODEROSO SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ALEXIS MERA GILER, VIVE INQUIETANTES MOMENTOS SIN EL AMPARO DE SU PROTECTOR POLÍTICO, RAFAEL CORREA, HOY ENVUELTO EN LÍOS JUDICIALES POR DIVERSOS FRENTES. MERA HA TENIDO HASTA AHORA MEJOR SUERTE Y ESTÁ DEDICADO AL LIBRE EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, TENIENDO ENTRE SUS CLIENTES AL MISMO CORREA. PERO MUCHA GENTE RECUERDA QUE NADA SE MOVÍA EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, SIN QUE TENGA CONOCIMIENTO -E INFLUENCIA- EL CEREBRO GRIS DEL CORREÍSMO. MERA SABÍA TODO, O CASI TODO, LO QUE SE DECIDÍA EN ESE GOBIERNO.
Una socialcristiana de la época, recuerda que Alexis Mera Giler siempre sintió una profunda admiración por el ex presidente León Febres Cordero. Le gustaba ese estilo de liderazgo, ese don de mando, esa forma vehemente de hacerse respetar. A la sombra de Febres Cordero, Mera fue ese consejero sutil que daba luces respecto a los caminos jurídicos que un político tiene para tomar decisiones. Años después, el abogado calificado como brillante por quienes lo conocieron en la Universidad Católica de Guayaquil, dejó el perfil bajo y sacó a relucir su protagonismo: fue uno de los pocos funcionarios que acompañó de principio a fin en el largo régimen de Rafael Correa, 10 años. Siempre estuvo en el mismo cargo: secretario jurídico de la Presidencia de la República. Fue el cerebro legal de la llamada Revolución Ciudadana. Pero fue mucho más que eso. Fue el brazo ejecutor de la metida de manos de Rafael Correa en la justicia. Fue el veedor, coautor, censor, de las leyes que se redactaron en Ecuador. Fue el veedor, auditor, controlador de los contratos millonarios que se firmaron durante el correísmo. Y de sus posteriores consecuencias, como las controversias jurídicas que una contratación pública suele derivar. En todo lo que tenga que ver el Estado, allí estaba Mera, para avocar conocimiento y tratar de impartir justicia sin providencia alguna, pero recurriendo a claros mensajes dirigidos a las personas indicadas, en un papel de juez supremo sin ninguna competencia legal para aquello, pero con la ventaja de contar con la bendición política de quien en ese momento era el mandamás del país: Rafael Correa Delgado. Y Mera lo ha reconocido, sin ambages: lo que ha hecho, lo hizo para defender los intereses del Estado.
Actualmente, Mera y Correa siguen juntos, en distintos papeles. Ahora el ex presidente es cliente del abogado en libre ejercicio, quien lo defiende con vehemencia.
Un año después de haber dejado la función pública, el manabita Mera Giler disfruta de un no tan apacible receso, dedicado a sus tareas de abogado en libre ejercicio desde las oficinas del estudio jurídico Romero Menéndez
Un año después de haber dejado la función pública, el manabita Mera Giler disfruta de un no tan apacible receso, dedicado a sus tareas de abogado en libre ejercicio desde las oficinas del estudio jurídico Romero Menéndez
Aun así, con tamaña responsabilidad cargando sobre sus espaldas, un año después de haber dejado la función pública, el manabita Mera Giler disfruta de un no tan apacible receso, dedicado a sus tareas de abogado en libre ejercicio desde las oficinas del estudio jurídico Romero Menéndez, del que nunca estuvo desvinculado del todo. Trabajo no le falta: por estos días ha tenido que defender en los tribunales a su ex jefe, el ex presidente Rafael Correa, hoy su cliente y procesado formalmente en el juicio por el secuestro al opositor Fernando Balda.
Con una capacidad envidiable de trabajo, Mera también se dio modos para poner su impronta en casos particulares. En corrillos judiciales se lo comenta: todo aquel que tenía posibilidades de acceso al secretario jurídico de la Presidencia, podía contar con un gran aliado. Será por eso que su primo hermano, Oswin Crespo Mera, ex miembro de Corpecuador, fue enjuiciado por peculado debido a un informe de la Contraloría General, pero posteriormente fue sobreseído por un juez de Manabí. Algunos amigos también sentían que podían contar con él, como el Cónsul de Ecuador en Sao Paulo, Wladimir Vargas, quien tuvo problemas por un juicio de alimentos. O el suspendido sacerdote guayaquileño Luis Fernando Intriago, un viejo conocido de Alexis, cuyo nombre fue denunciado recientemente por presuntos abusos sexuales cometidos a adolescentes con la denominada “dinámica del pecado”.
Es que Alexis Mera siempre ha sido de defender a sus amigos. Según el vocero de la Comisión Anticorrupción Jorge Rodríguez, Soad Manssur representante del ex presidente Correa, condonó deudas a sus hermanos Nassif y Vicente, cuando era vocal en la Junta Bancaria. Rodríguez recordó que la actual Superintendente de Compañías, violó la ley de Instrucciones Financieras, artículo 19, y fue impugnada ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero fue defendida por Alexis Mera. El resultado fue que Manssur fue designada Superintendente.
Buenos amigos. Alexis y la Superintendente de Compañías, Soad Manssur. Ella fue impugnada en el último proceso para su nombramiento, pero el Secretario Jurídico salió en su defensa.
¿Qué más hizo Alexis Mera? Más fácil sería responder qué fue lo que no hizo, en el largo camino que recorrió el correato. Desde el principio, fue el articulador para convocar, en 2007, la Consulta Popular que daría paso a la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una vez reunida la Constituyente, Mera fue ese permanente vigilante para que los representantes de Alianza País no tengan vacilaciones o dudas en la redacción de la nueva Carta Magna. Mera fue el encargado de absolver sus dudas, de despejar los temores, de imponer el criterio que se articuló en Carondelet. Se debe recordar que Alexis fue el redactor principal de los llamados Mandatos Constituyentes, que pusieron fin a las concesiones mineras y también fueron el primer instrumento de amenaza directa contra los jueces de la Función Judicial: aquel juez que se atreva a dar trámite a cualquier recurso presentado por la incautación de empresas ordenada en el caso Filanbanco, sería destituido. Así de claro.
¿Qué más hizo Alexis Mera? Más fácil sería responder qué fue lo que no hizo, en el largo camino que recorrió el correato. Desde el principio, fue el articulador para convocar, en 2007, la Consulta Popular que daría paso a la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una vez reunida la Constituyente, Mera fue ese permanente vigilante para que los representantes de Alianza País no tengan vacilaciones o dudas en la redacción de la nueva Carta Magna. Mera fue el encargado de absolver sus dudas, de despejar los temores, de imponer el criterio que se articuló en Carondelet. Se debe recordar que Alexis fue el redactor principal de los llamados Mandatos Constituyentes, que pusieron fin a las concesiones mineras y también fueron el primer instrumento de amenaza directa contra los jueces de la Función Judicial: aquel juez que se atreva a dar trámite a cualquier recurso presentado por la incautación de empresas ordenada en el caso Filanbanco, sería destituido. Así de claro.
Correa en la Asamblea Constituyente de Montecristi. 29 de septiembre de 2007. Fue el comienzo de un largo proceso de cambios legales, comenzando con una nueva Constitución, que debía durar 300 años. El desencanto llegó pronto.
También fue quien puso el toque final, con cambios de última hora, con artículos que ni siquiera se habían discutido en el Pleno, según denunció en su momento el asambleísta León Roldós. No hizo falta. El correísmo puso a consideración de la población, mediante Consulta Popular, una Constitución que no fue debidamente aprobada. La Revolución Ciudadana estaba en su mejor momento y esos detalles no eran tomados en cuenta.
También fue quien puso el toque final, con cambios de última hora, con artículos que ni siquiera se habían discutido en el Pleno, según denunció en su momento el asambleísta León Roldós. No hizo falta. El correísmo puso a consideración de la población, mediante Consulta Popular, una Constitución que no fue debidamente aprobada. La Revolución Ciudadana estaba en su mejor momento y esos detalles no eran tomados en cuenta.
Fue en Montecristi donde también se decidió dictar amnistía para todos los que traficaron con drogas en calidad de “mulas”, lo que significó la libertad para miles de encarcelados. En seguida vino la famosa tabla de tenencia de estupefacientes, que calificó como consumidores a aquellos que portaran drogas hasta las cantidades establecidas en dicha tabla. Aquello disparó el microtráfico, según distintos opositores, pues la Policía ya no podía detener a quienes se escudaron en que eran consumidores, no vendedores. El grave error fue reconocido tiempo después, bastante tarde, por Alexis Mera. “Reconozco que fue un error la tabla de tráfico, no de consumo. Esa tabla debe regularse mejor”, dijo en Ecuavisa, en septiembre de 2015.
30S Y SE ACABARON LAS PANTOMIMAS
Hasta que llegó el 2011, poco tiempo después del 30S de 2010. Correa se dio cuenta que la Justicia no estaba sometida del todo al Jefe del Estado, que era él, y decidió “meter sus manos” en esa Función, según sus propias palabras. Y lo hizo contando con la voluntad ciudadana, en una Consulta Popular.
A partir de entonces, se acabaron las formas. La injerencia política se vino de frente, con todo. La persecución judicial a los opositores solo fue una consecuencia lógica de las intenciones de captar todo el poder. Para eso ya se contaba con un instrumento esencial: el Consejo de Participación Ciudadana, integrado por leales miembros de la “Revolución”.
Consulta Popular 7 de mayo 2011. Rafael Correa sufraga en el colégio Eufrasia en Quito. Fue el paso previo para “la metida de manos” en la justicia.
Un informe presentado por la organización Fundamedios resume toda la participación de Mera en el entramado jurídico que armó el correísmo para sus fines.
Un informe presentado por la organización Fundamedios resume toda la participación de Mera en el entramado jurídico que armó el correísmo para sus fines.
“La principal herramienta punitiva que tiene el Estado, el Código Orgánico Penal ha sido utilizado para juzgar a defensores de DDHH quienes, vulnerados en su derecho fundamental a la protesta social, han sido acusados de sabotaje y terrorismo; delitos que luego fueron modificados en las reformas al COIP y se englobaron en los llamados “delitos contra la estructura del Estado Constitucional”, por los que hoy esperan la amnistía 177 personas y el indulto 20 ciudadanos, criminalizados por protestar”, dice Fundamedios. Un artículo publicado por El Universo en 2011, recogió una declaración de Gustavo Larrea, quien señaló que tal tipificación de delitos en el COIP “eran consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León”.
Fundamedios también recuerda que Mera dejó su huella inconfundible en la punitiva Ley de Comunicación, una herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones desde su aplicación en 2013.
Carlos Ochoa, fue el primero y único titular de la Supercom, oficina de persecución a medios, condenada a desaparecer. Foto: El Telégrafo
Sigue el informe de Fundamedios: “Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”. No le importó siquiera que dicha ley atenta contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sigue el informe de Fundamedios: “Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”. No le importó siquiera que dicha ley atenta contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ni que decir respecto a los los decretos presidenciales 16 y 739, los cuales fueron puestos en vigencia supuestamente para sistematizar en una misma plataforma los procesos de registro de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, han sido utilizados como un instrumento de silenciamiento y persecución de aquellas organizaciones que presentan críticas incómodas al poder, sobre todo aquellas que promocionan la defensa de derechos fundamentales.
Fundamedios también recuerda que Mera dejó su huella inconfundible en la punitiva Ley de Comunicación, una herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones desde su aplicación en 2013.
Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores — el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas, incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.
Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores — el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas, incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.
Lo mismo sucede con el Decreto Ejecutivo 1247 sobre consulta previa, libre e informada respecto a explotación petrolera en áreas de comunidades indígenas, el cual fue concebido básicamente como “un instrumento de carácter informativo del proceso de consulta, reduciéndolo a un proceso formal no garantista, que desvirtúa el espíritu y propósitos de la consulta”, según se detalla en un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. No obstante, este carácter informativo tampoco contempla los riesgos potenciales a las comunidades y al entorno natural, sino simplemente los beneficios de la explotación.
Este decreto, además, tampoco cumpliría con los estándares de varios instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las observaciones del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, pues estos dicen que no sólo debería existir consulta previa sino consentimiento previo, lo cual no consta en dicho reglamento. Además, la decisión final según tal decreto la tendría la autoridad de Hidrocarburos y no las poblaciones consultadas, reza el informe de Fundamedios.
Frente a ello, el abogado Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pregunta: “¿Cómo es que un abogado y secretario jurídico de la presidencia permite que se regulen por decreto dos derechos, el de libertad de asociación y de consulta previa a pueblos indígenas, si esto es inconstitucional y va en contra de los estándares de instrumentos jurídicos internacionales?”.
CORREOS, RECOMENDADOS Y VETADOS
La periodista venezolana Patricia Poleo presentó, en agosto pasado, en su programa digital Factores de Poder, un capítulo dedicado a la metida de manos de Correa en la justicia de Ecuador. Allí se dieron algunas revelaciones, información proveniente de la filtración de correos que se cruzaron Correa, Alexis Mera, Johanna Pesántez, Gustavo Jalkh, Carmen Simone y Diego Cazar. Y lo que se revela, impresiona: en el momento decisivo de la selección de jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, octubre 2011, desde el gobierno se envió una lista de aspirantes aprobados y desaprobados. Entre los aprobados, destacados con color verde, están el actual presidente de la Corte Nacional, Carlos Ramírez, al que lo destacan como “afín” y de “buen actuar”. Otra aprobada fue Carmen Salgado, la madre del entonces ministro y hoy asambleísta José Serrano, así como Ximena Vintimilla, ex asesora de Rosana Alvarado, a quien califican de “Afín” y fue la que condenó a 10 años de prisión al entonces legislador de oposición Galo Lara, uno de los más fuertes acusadores de actos de corrupción del correísmo en esos momentos. Con el tiempo, más voces consideran que Lara es un preso político. Entre los vetados estaba Raúl Ilaquiche, por ser esposo de la ex asambleísta Lourdes Tibán, integrante del movimiento Pachakutik y una permanente opositora a Correa.
Galo Lara fue quien denunció a la “Corte Constitucional cervecera” y otros hechos de corrupción. Después fue sentenciado como cómplice de un triple asesinato en Quinsaloma, Los Ríos.
Una vez armadas las Cortes, fue el momento de lo que muchos han denunciado como una persecución política implacable contra los opositores, utilizando la Justicia. La criminalización de la protesta terminó con más de 700 enjuiciados. Los jueces y fiscales siempre tuvieron una guía para actuar: las sabatinas. El presidente no tenía empacho en referirse y presionar sobre quienes él consideraba que habían cometido un delito.
Una vez armadas las Cortes, fue el momento de lo que muchos han denunciado como una persecución política implacable contra los opositores, utilizando la Justicia. La criminalización de la protesta terminó con más de 700 enjuiciados. Los jueces y fiscales siempre tuvieron una guía para actuar: las sabatinas. El presidente no tenía empacho en referirse y presionar sobre quienes él consideraba que habían cometido un delito.
Una vez armadas las Cortes, fue el momento de lo que muchos han denunciado como una persecución política implacable contra los opositores, utilizando la Justicia. La criminalización de la protesta terminó con más de 700 enjuiciados.
Pero si las sabatinas se quedaban cortas, según lo denunciado por Patricia Poleo, venían las presiones por otras vías, como comunicaciones directas a los involucrados. Habría ocurrido en el caso Cumbaratza, la muerte de Bosco Wisuma, juicios a Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, Mery Zamora, entre otros. Eso era lo oculto. Públicamente, Mera repetía que “hay que respetar siempre la independencia de la Función Judicial”. El mismo Mera que ha sido mencionado por varios ex jueces destituidos como el directo responsable de haber hecho contacto con ellos para hacerles pedidos específicos, como lo sostiene la ex jueza penal de Guayas Djalma Blum.
INJERENCIA DIRECTA: LAS CARTAS Y LLAMADAS DE ALEXIS MERA
A Mera no le preocupaba demasiado no dejar huellas de la injerencia política en la Justicia. Por eso no dudaba en poner su firma en documentos membretados de la Presidencia dirigidos a las altas autoridades de la Justicia, a los que en tono firme hacía pedidos concretos de no aceptar demandas contra el Estado debido a que según él no cabían siquiera ser recibidas. Y la segunda causa, debido a que el Estado no tenía el dinero para satisfacer los reclamos. Eran órdenes. Y ningún juez o autoridad Judicial tuvo la dignidad de darle la respuesta que merecía al Secretario Jurídico. Al parecer, al puro estilo sumiso de la Asamblea de ese tiempo, las cabezas de la Justicia se limitaban a acatar el pedido, dejando sin juzgar reclamos de maestros jubilados que exigían reliquidaciones de sus pagos, por poner uno de los casos.
Otro ex juez, David Ayala, también acusa a Mera de injerencia directa. Y tiene la prueba, una llamada que grabó del ex funcionario en el que le advierte respecto a un fallo contra el Estado, demandado por una “empresa mafiosa socialcristiana”, según palabras del Secretario. Vale recordar que el propio Mera estuvo como asesor del líder de los socialcristianos León Febres Cordero, cuando este fue alcalde de Guayaquil, a inicios del siglo. ¿Qué pasó en el caso del ex juez Ayala? Ayala dice que no le hizo caso a la “llamadita” de Alexis Mera pidiéndole “un favor” y por eso fue perseguido y destituido. Pero Mera no fue el único funcionario correísta que lo llamó, sostiene Ayala. También involucra a José Serrano. “Juez, te estamos persiguiendo, te estoy analizando juez”, dice que fue advertido por el ex presidente de la Asamblea, por un caso de narcotráfico.
Entrevista al Ex Juez David Ayala en Teleamazonas sobre llamada de Alexis Mera.
Hay más pruebas de injerencia directa de Mera a libre disposición. Se pueden leer tanto en Washington –donde recientemente la organización Human Rights Watch confirmó en un informe la intromisión política del gobierno de Correa en la justicia- como en Quito o Guayaquil. Están en las redes sociales y en la Asamblea.
Hay más pruebas de injerencia directa de Mera a libre disposición. Se pueden leer tanto en Washington –donde recientemente la organización Human Rights Watch confirmó en un informe la intromisión política del gobierno de Correa en la justicia- como en Quito o Guayaquil. Están en las redes sociales y en la Asamblea. Una de ellas, el oficio firmado por Mariana Pico, subsecretaria del despacho presidencial, informando la orden emitida de Alexis Mera dirigida a todos los jueces del país: les queda terminantemente prohibido admitir a trámite cualquier acción de
protección en contra del Estado. El que lo haga, será destituido. Hay otro oficio, con fecha 18 de febrero de 2014, firmado por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, dirigido a un Conjuez de la Corte Nacional, transmitiendo las directrices enviadas por Alexis Mera, el poderoso Secretario Jurídico de la Presidencia, por un caso en particular. El presidente de la Corte Nacional de Justicia cumpliendo el papel de mensajero de Mera.
Hay más pruebas de injerencia directa de Mera a libre disposición. Se pueden leer tanto en Washington –donde recientemente la organización Human Rights Watch confirmó en un informe la intromisión política del gobierno de Correa en la justicia- como en Quito o Guayaquil. Están en las redes sociales y en la Asamblea.
Hay más pruebas de injerencia directa de Mera a libre disposición. Se pueden leer tanto en Washington –donde recientemente la organización Human Rights Watch confirmó en un informe la intromisión política del gobierno de Correa en la justicia- como en Quito o Guayaquil. Están en las redes sociales y en la Asamblea. Una de ellas, el oficio firmado por Mariana Pico, subsecretaria del despacho presidencial, informando la orden emitida de Alexis Mera dirigida a todos los jueces del país: les queda terminantemente prohibido admitir a trámite cualquier acción de
protección en contra del Estado. El que lo haga, será destituido. Hay otro oficio, con fecha 18 de febrero de 2014, firmado por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, dirigido a un Conjuez de la Corte Nacional, transmitiendo las directrices enviadas por Alexis Mera, el poderoso Secretario Jurídico de la Presidencia, por un caso en particular. El presidente de la Corte Nacional de Justicia cumpliendo el papel de mensajero de Mera.
Honorato Jara, ex secretario de la Corte Nacional, recuerda cómo se impidió en la Presidencia de la República citar legalmente a Alexis Mera, por la demanda que le interpuso Abdalá Bucaram Pulley, a quien Mera llamó “corrupto genético”. Jara acudió personalmente a Carondelet para citar a Mera por este caso y prácticamente fue empujado y devuelta la citación en su bolsillo, para evitar que se concrete la citación legal. Fue un ejemplo vivo del poder que no se somete al axioma de que todos somos iguales ante la ley. Finalmente, la demanda de Bucaram contra Mera prescribió.
Entrevista a Honorato Jara, ex secretario de la Corte Nacional.
CASO ODEBRECHT: MERA FUE EL PRIMERO QUE VIAJÓ A BRASIL
CASO ODEBRECHT: MERA FUE EL PRIMERO QUE VIAJÓ A BRASIL
Una vez estallado el escándalo de corrupción de Odebrecht, en enero de 2017, el presidente Rafael Correa decidió enviar un delegado del gobierno de su entera confianza, para “recabar información” en Brasil. El escogido, no podía ser otro, fue Alexis Mera Giler. Para fines de enero, Mera estuvo en Sao Paulo y pidió a la Procuraduría de Brasil toda la información respecto a funcionarios ecuatorianos involucrados: “Estaremos ansiosos de conocer esa información”, dijo en una nota hecha por el canal Ecuador TV, que lo acompañó en ese viaje. “Le voy a proponer al presidente un par de reformas legales para tener más transparencia”, ofreció en esa ocasión. A su regreso, vino sin nombres de la lista de corruptos delatados por los brasileños, alegando que estaban bajo reserva en Brasil. “Si se escapan, no nos echarán la culpa”, declaró en el aeropuerto apenas llegado. Lo que no dijo a su regreso Mera fue que en Brasil contrató a uno de los más prestigiosos y caros estudios jurídicos: Tozzini Freire Abogados, cuyo resultado de su trabajo, pagado con fondos públicos, hasta hoy no ha sido hecho público. Esa noticia pudo conocerse gracias a revelaciones de periodistas brasileños.
Alexis Mera en Brasil, tras estallar el escándalo de Odebrecht.
El tiempo, sin embargo, sería el encargado de que Mera también termine involucrado en las delaciones de Odebrecht. Solo pasaron siete meses. En septiembre de 2017, el representante de Odebrecht en Ecuador, Jose Conceicao Santos, fue el primero en involucrar a Alexis
Mera, con su testimonio rendido vía video conferencia, desde Sao Paulo, ante el fiscal General del Ecuador, Carlos Baca Mancheno.
El tiempo, sin embargo, sería el encargado de que Mera también termine involucrado en las delaciones de Odebrecht. Solo pasaron siete meses. En septiembre de 2017, el representante de Odebrecht en Ecuador, Jose Conceicao Santos, fue el primero en involucrar a Alexis
Mera, con su testimonio rendido vía video conferencia, desde Sao Paulo, ante el fiscal General del Ecuador, Carlos Baca Mancheno.
Las declaraciones de Santos fueron corroboradas por otro brasileño: Luiz Antonio Mameri. El brasileño, autoridad máxima de las operaciones de la constructora Odebrecht desde el año 2008 y
ejecutor de las decisiones tomadas por su dueño Marcelo Odebrecht, se convirtió en el segundo delator -por orden cronológico- después de José Conceciao Santos, que ha contribuido con sus revelaciones a develar la trama de corrupción más grande del continente, que se recuerde en las últimas generaciones. Y reveló, por supuesto, más nombres de involucrados.
ejecutor de las decisiones tomadas por su dueño Marcelo Odebrecht, se convirtió en el segundo delator -por orden cronológico- después de José Conceciao Santos, que ha contribuido con sus revelaciones a develar la trama de corrupción más grande del continente, que se recuerde en las últimas generaciones. Y reveló, por supuesto, más nombres de involucrados.
El opositor César Montúfar se convirtió en acusador particular del caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.
Tan decisivas han sido las revelaciones de Mameri que, por ejemplo, en Perú, cayó preso en julio del año pasado el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, por los aportes de la constructora brasileña a su campaña política, ratificados después por el propio Marcelo Odebrecht, quien dio una cifra: USD 3 millones. Humala y su esposo fueron a la cárcel, pero el pasado 26 de abril un Tribunal de Perú decidió la excarcelación de los dos.
Tan decisivas han sido las revelaciones de Mameri que, por ejemplo, en Perú, cayó preso en julio del año pasado el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, por los aportes de la constructora brasileña a su campaña política, ratificados después por el propio Marcelo Odebrecht, quien dio una cifra: USD 3 millones. Humala y su esposo fueron a la cárcel, pero el pasado 26 de abril un Tribunal de Perú decidió la excarcelación de los dos.
En Argentina, Mameri dio más señales: en coimas, Odebrecht pagó USD 14 millones al poderoso ex ministro kirchnerista Julio de Vido, quien está preso en el penal de Ezeiza desde octubre de 2017 y ha sido llamado a declarar por el caso de corrupción en la adjudicación del soterramiento del Tren Sarmiento, para el próximo 6 de junio. Además, está procesado por malversación de fondos, defraudación a la administración pública y administración fraudulenta. En Argentina, existen quejas por la lentitud con la que se llevan adelante las investigaciones de la trama Odebrecht.
Santos y Mameri, los delatores de Odebrecht. En Ecuador, las investigaciones quedaron a medias.
En diciembre de 2016, Luiz Antonio Mameri, dio más de veinte testimonios como parte de su acuerdo de “delación premiada” ante los fiscales en Sao Paulo, ciudad donde vive. Su declaración número 20, del 13 de diciembre, se refiere a: “Ecuador, Autorización de Pago Indebido al Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera”.
En diciembre de 2016, Luiz Antonio Mameri, dio más de veinte testimonios como parte de su acuerdo de “delación premiada” ante los fiscales en Sao Paulo, ciudad donde vive. Su declaración número 20, del 13 de diciembre, se refiere a: “Ecuador, Autorización de Pago Indebido al Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera”.
En diciembre de 2016, Luiz Antonio Mameri, dio más de veinte testimonios como parte de su acuerdo de “delación premiada” ante los fiscales en Sao Paulo, ciudad donde vive. Su declaración número 20, del 13 de diciembre, se refiere a: “Ecuador, Autorización de Pago Indebido al Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera”.
Luiz Antonio Mameri habló de los pagos para corrupción que hizo en Ecuador. En el país, la noticia se hizo pública en diciembre de 2017, cuando las delaciones del ejecutivo brasileño finalmente se
conocieron. Para comenzar, fue Mameri quien designó a Jose Conceicao Santos como representante de Odebrecht en nuestro país. “José Conceicao me informó que era necesario mantener una buena relación con el señor Alexis Mera, evitando con eso, como ocurrió con la controversia por la Central Hidroeléctrica San Francisco, nuevas represalias del gobierno ecuatoriano”. Mameri dijo haber autorizado el pago de una coima de USD 1,3 millones para conseguir el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de haber sido expulsada por Rafael Correa.
Luiz Antonio Mameri habló de los pagos para corrupción que hizo en Ecuador. En el país, la noticia se hizo pública en diciembre de 2017, cuando las delaciones del ejecutivo brasileño finalmente se
conocieron. Para comenzar, fue Mameri quien designó a Jose Conceicao Santos como representante de Odebrecht en nuestro país. “José Conceicao me informó que era necesario mantener una buena relación con el señor Alexis Mera, evitando con eso, como ocurrió con la controversia por la Central Hidroeléctrica San Francisco, nuevas represalias del gobierno ecuatoriano”. Mameri dijo haber autorizado el pago de una coima de USD 1,3 millones para conseguir el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de haber sido expulsada por Rafael Correa.
Mera ha negado estas implicaciones. Y hasta ofreció total colaboración para llegar a la verdad. “No es necesario que se hagan allanamientos, ni a mi casa, ni se incaute computadora alguna. Renuncio al derecho constitucional de inviolabilidad de domicilio y secreto de correspondencia y autorizo a los investigadores a revisar todas mis cuentas, que ahora son públicas, a entrar a mi domicilio si lo desean, a revisar mis computadores personales y recabar la información de todas mis cuentas electrónicas y teléfonos celulares”. Hasta ofreció las claves.
No se conoce si la Fiscalía le tomó la palabra y ha interrogado a Mera, profundizando las investigaciones tras estas delaciones. Mera acudió, una sola vez, en calidad de testigo, dentro del proceso que, por asociación ilícita, se terminó sentenciando al ex vicepresidente Jorge Glas. Entonces se limitó a decir que Glas “lideró tanto la expulsión de Odebrecht como su regreso al país”, lo que no le hizo ningún favor al condenado.
Juicio a Jorge Glas, 24 de noviembre 2017. El ex vicepresidente fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita, pero los correístas siguen sosteniendo que es un hombre honesto.
La última posibilidad que tuvo Mera para volver a la función pública fue cuando Lenin Moreno lo propuso como embajador de Ecuador en Washington. Los meses pasaron y nunca llegó el beneplácito de Estados Unidos, lo que significa en términos diplomáticos su rechazo. Moreno entendió el mensaje y reemplazó a Mera por el embajador Francisco Carrión, quien de inmediato recibió el visto bueno de la administración Trump. El ex secretario jurídico nunca se refirió a este frustrado intento de ser diplomático.
La última posibilidad que tuvo Mera para volver a la función pública fue cuando Lenin Moreno lo propuso como embajador de Ecuador en Washington. Los meses pasaron y nunca llegó el beneplácito de Estados Unidos, lo que significa en términos diplomáticos su rechazo. Moreno entendió el mensaje y reemplazó a Mera por el embajador Francisco Carrión, quien de inmediato recibió el visto bueno de la administración Trump. El ex secretario jurídico nunca se refirió a este frustrado intento de ser diplomático.
Mientras en Ecuador Alexis Mera se ha dedicado al libre ejercicio de su profesión de abogado, dentro del estudio jurídico Romero, del cual es accionista, a nivel internacional ya es identificado como un personaje central en la injerencia política del gobierno anterior en la justicia del Ecuador. La organización Human Rights Watch presentó su informe en el que ratifica lo que se ya se ha denunciado en el país: el ex presidente Rafael Correa metió sus manos en la Función Judicial. Y lo hizo contando con el fundamental apoyo de su secretario jurídico, hoy su abogado particular, Alexis Mera Giler.
Marlon Puertas
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