miércoles, 20 de junio de 2018

El Estado de Correa protegió a los criminales de Gabela

  en La Info  por 
Una importante parte del establecimiento político del correísmo, en el que están figurones del gobierno de Rafael Correa y del actual, conoció y mantuvo oculta la información que contenía el informe final del perito argentino Roberto Meza, en el cual se indicaban los móviles y los nombres de los posibles autores del asesinato del general Jorge Gabela en el 2012.
Funcionarios y ministros de Estado del gobierno del gobierno anterior y del actual (Johana Pesántez, María Fernanda Espinosa…) que fueron miembros del Comité Interinstitucional, creado por Correa para investigar el crimen, conocieron e incluso discutieron con Correa los detalles del informe que ahora no aparece y del cual casi todos niegan su existencia. Muchos de esos funcionarios saben que el informe que reposa en la Fiscalía, y en el que se asegura que fue la delincuencia común la que mató a Gabela, no es el que elaboró el perito Meza. En otras palabras, estas figuras han ocultado, deliberadamente y durante años, a la familia de Gabela y al país información clave para establecer responsabilidades en el crimen.
A estas conclusiones se puede llegar luego de las declaraciones que el perito Meza hizo a la prensa, pocas horas luego de haber asistido a la Fiscalía para declarar dentro del proceso que se sigue para esclarecer el crimen de Gabela. Meza dijo que el documento que le presentaron a él en la Fiscalía y que ha servido al gobierno de Rafael Correa para sostener a rajatabla que fue la delincuencia común la que asesinó a Gabela no es de su autoría. Ese documento no tiene ni su firma ni está sumillado por él.  El que hizo decía claramente que el móvil del crimen estaba relacionado con las denuncias de Gabela. Además, dijo recordar que su documento tenía 130 páginas; muchas más de las que tiene el de la Fiscalía. Quizá una de las cosas más relevantes de las declaraciones de Meza es que, entre julio del 2013 en que él entregó formalmente su pericia al entonces ministro de Justicia Lenin Lara, y febrero del 2015, en que Ledy Zúñiga leyó el informe que decía que el crimen fue un acto de delincuencia común, alguien forjó el documento. En ese período fueron responsables del ministerio de Justicia Lenín Lara, José Serrano y Ledy Zúñiga.
Meza se negó a dar detalles de su informe a la prensa, alegando que aún está vigente una cláusula de confidencialidad pero aseuguró que ahí estaban los nombres de los posibles autores y las pruebas necesarias para acusarlos. Sin embargo la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, que escuchó a Meza rindiendo su versión en la Fiscalía dijo, que según el peritaje, los autores intelectuales del crimen fueron los compañeros de armas de su esposo. “Sentí naúseas al escuchar al perito”, dijo la viuda. “El establecimiento de la verdad se acerca, a mi esposo lo mataron sus compañeros solo por decir la verdad”. Ella acusó directamente al gobierno de Correa y a sus instituciones, como la Fiscalía de Galo Chiriboga, de haber ocultado la información y de haberse concertado para proteger a los criminales. “El Comité Interinstitucional tiene qué decir qué pasó con ese informe. Los ministros tendrán que responder”, dijo Patricia Ochoa con la voz entrecortada.
En la rueda de prensa también habló Jéssica Jaramillo, quien fue administradora del contrato firmado entre el Comité y el perito Meza durante el tiempo en que Lenín Lara fue ministro de Justicia. Jaramillo es la única funcionaria que ha sostenido que el “tercer producto” o informe final existe, contradiciendo la versión del gobierno de Correa. Ese tercer producto solo podía elaborarse si en el segundo se establecían indicios de que el crimen estaba relacionado con las denuncias que hacía Gabela. Jaramillo acusó al entonces fiscal Galo Chiriboga por no haber hecho nada para esclarecer el crimen. Además narró cómo fue secuestrada y violada por desconocidos en el 2015, en un hecho que ella asegura no poder relacionar con el caso Gabela. “Dos sujetos me secuestraron y me hicieron caminar desnuda por la playa. Ahí me violentaron física y sexualmente. No me robaron nada”.  Luego denunció que la administración de justicia jamás quiso tramitar su denuncia. “Ni siquiera me llamaron a que diera mi versión”.
El testimonio de Meza tiene, sin embargo, un problema: él no tiene una copia del informe final. Según él, esto se debe a que el contrato estipula que el informe y todo el trabajo que se hizo es de propiedad exclusiva del ministerio de Justicia, por lo que se estableció que él no se quedaría con ninguna copia del documento. Es decir, en este caso lo único que cuenta es el testimonio de Meza y el de Jaramillo. ¿Será posible que los otros miembros del Comité cambien de versión y decidan hablar?
Meza dijo también que él recibió presiones del Comité para que no incluyera el tema de las denuncias de los helicópteros en el informe. Si bien aseguró que no fue la ex ministra de Defensa María Fernanda Espinosa la que directamente le hizo el pedido, sí sostuvo que fueron sus asesores. También mantuvo la versión según la cual recibió un correo electrónico de un funcionario del Comité para que elimine parte del peritaje. La sorpresa fue el nombre de ese funcionario: César Augusto Ochoa, entonces viceministro de Justicia e hijo de Caupolicán Ochoa, abogado personal de Rafael Correa en varios casos. Entre esos en el actual juicio por el secuestro a Fernando Balda, en el que Correa está involucrado como presunto autor intelectual.
El efecto de la llegada de Meza al Ecuador aún no puede medirse en su totalidad. Su versión en la Fiscalía no fue pública y lo único que se pudo conocer es lo que dijo en su presentación ante la prensa y lo que adelantó la viuda de Gabela. Por ahora, la posibilidad de que el caso se esclarezca está en manos de la Fiscalía; en la que la familia Gabela tiene muchas esperanzas. Mientras tanto, ministros y ex ministros tendrán que poner sus barbas en remojo.

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