El observador

 

POR: María Gabriela Espinoza Publicado en la Revista El Observador (edición 126, diciembre de 2021)

La Minería de Cobre en la Cordillera del Cóndor

En el marco del modelo extractivista, actividades como la minería industrial han generado grandes impactos y transformaciones especialmente en Latinoamérica, en países de alta biodiversidad y riqueza étnico-cultural. En esta perspectiva, es importante visibilizar lo que ocurre en el contexto nacional. Ecuador ha experimentado el incremento significativo de la inversión extranjera, de esta manera, en el año 2012 se da inicio a la minería a gran escala en el país por parte del Gobierno Central, a través de la ejecución de proyectos emblemáticos extractivos y catalogados de interés nacional como son: Minero Mirador, San Carlos Panantza, Fruta del Norte, Quimsacocha y Loma Larga (Ministerio de Minería, 2017) enmarcados a la extracción de minerales como el cobre, oro, plata, entre otros que representan una gran influencia por parte del Estado para ejecutar obras de interés y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. El sur del país representa un alto potencial para la búsqueda de estos minerales, en la parroquia Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe se ejecuta el primer proyecto de minería a gran escala denominado Minero-Mirador, a cielo abierto en una zona megadiversa como es la Cordillera del Cóndor, para obtener principalmente el cobre. La Cordillera del Cóndor es un territorio especialmente emblemático para Ecuador, por haber sido escenario de los principales conflictos territoriales con el Perú, durante la década de 1980 y 1990. La zona ha adquirido notoriedad, dentro del debate nacional, debido a que se ha constituido en objeto de intervención de la industria minera y de los intereses estatales ecuatorianos. En este sentido, un tema controvertido es la contradicción entre los términos de las concesiones mineras en esta zona del país (Chicaiza, 2012, p.32). Proyecto que ha generado diferentes posiciones y perspectivas sobre su desarrollo por parte de colectivos, organizaciones, federaciones indígenas, la academia, pero, principalmente por la población que se ubica en la zona directa de influencia, en comunidades como Etsa, Churuwia, el Quimi, Machinantza Alto y Tundayme.  El proyecto Mirador representa el 46 el total de la inversión ejecutada, con una inversión de USD 1.248 millones entre el 2010 - 2019. Su titular minero es la compañía EcuaCorriente S.A., subsidiaria ecuatoriana del consorcio chino CRCC-Tonguan Investment. El Contrato de Explotación Minera entre el Estado ecuatoriano y la compañía EcuaCorriente S.A., se firmó en el año 2012 y ha pagado hasta la fecha USD 100 millones por concepto de regalías anticipadas. Entró en producción en junio de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2021, p. 36). En esta línea, es oportuno realizar un análisis a la lógica desarrollista de la modernidad y el capitalismo que desde los gobiernos ha sido impulsada como una economía de enclave para dinamizar la renta nacional en el plano discursivo, especialmente en territorios indígenas, agudizando situaciones de conflictividad, tensiones territoriales de carácter socioambiental, adicional la oposición a la ejecución de proyectos mineros (Svampa, 2013). En estos escenarios las luchas indígenas se manifiestan en diferentes espacios y expresiones paralelas de resistencia a través del uso de conceptos alineados a la interculturalidad como a los derechos de la naturaleza (Lalander & Lembcke, 2021). De este modo, la carta constitucional en el artículo 71, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, resaltando como aquella donde se reproduce y realiza la vida (Constitución de la República del Ecuador, 2008). También contiene varios artículos concernientes a temas ambientales, marcando un precedente verde importante en la legislación interna que reivindica los derechos de tercera generación. En efecto, las comunidades locales se constituyen en sujetos claves para la protección, como en la defensa de sus territorios, enfocados en establecer una regulación enraizada a la extracción de recursos naturales para garantizar su existencia como la de las futuras generaciones. Básicamente, la propia diversidad indígena atribuye que la condición del ambiente sea plural (Gudynas, 2014), ello implica otra perspectiva del ambiente en razón de su cosmovisión. Es decir, se convierten en propulsores de estrategias, paralelamente en la presentación de acciones formales ante las instituciones jurídicas estatales nacionales e internacionales, como respuesta a las diferentes dinámicas de cambio que influyen directamente a sus modos de vida. De esta forma, se acentúa la importancia del proceso de resistencia como derecho fundamental conforme el artículo 98 de la Carta Magna, que poseen las comunidades y pueblos indígenas ante el desarrollo de proyectos de minería a gran escala en zonas megadiversas, principalmente estos factores de oposición están ligados a la protección de sus recursos naturales, mismas que representan un valor significativo de índole espiritual, al ser parte de la cosmovisión y cultura indígena. Por consiguiente, estos pueblos, comunidades, montubios y afroecuatorianos tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en medida que afecte sus vidas como territorios, a través de la aplicación de la consulta previa libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En estos escenarios o procesos de resistencia se presentan factores que generan tensiones territoriales, socioambientales entre los actores involucrados generando situaciones de enfrentamiento y conflictividad social por la incompatibilidad de intereses. Es por ello que, en el contexto socio-político actual surgen grandes desafíos para aquellas personas que encabezan o lideran acciones de resistencia formal ante el extractivismo minero, principalmente por la criminalización a la que son sometidos. Finalmente, existen algunos cambios percibidos de forma significativa para la población  que se encuentra en el área de influencia directa del proyecto minero como consecuencia del desarrollo de la actividad metalúrgica a gran escala, destacándose la deforestación, remoción de gran de cantidad de tierra en la parte alta de la montaña, desvío del curso de ríos, cambio en el color del agua, sumado al incremento de personas que han migrado a la cabecera parroquial, desencadenando nuevas problemáticas socioambientales. Las acciones formales en su mayoría han sido rechazadas por diferentes órganos judiciales a nivel nacional, esto constituye en aquellas personas que se encuentran detrás de este proceso de resistencia en obstáculos que dificultan expresar sus intereses como manifestar aquellos puntos críticos y situaciones que generan disconformidad in situ, más aún en el logro de una justicia ecológica efectiva que garantice la protección de sus derechos, como de la naturaleza. Sin embargo, a nivel nacional y jurisprudencial en el año 2018 se destacan casos importantes con sentencias favorables en contextos de resistencia minera, ratificando los derechos de la naturaleza, la inaplicabilidad de la consulta previa, libre e informada en escenarios como el de Río Blanco (No. 01333-2018-03145) y Cofán Sinangoe (Caso 273-19-JP), abriendo un nuevo camino enfocado en la importancia de la naturaleza como sujeto de derechos y a los pueblos indígenas como principales defensores-protectores de sus territorios.